Nueva Trinidad, ubicado a más de 103 kilómetros al nor-oriente de San Salvador no parece figurar en la mente de un capitalino o capitalina. Pero este municipio de Chalatenango, con dos mil 113 habitantes tiene una ubicación maravillosamente estratégica, que no se escapa de la mentalidad de grandes empresas transnacionales mineras. Y Nueva Trinidad, pequeña, lejana; es valiente y desafiante porque se ha negado rotundamente a la minería metálica.
Esta no es la primera vez que un municipio se enfrenta ante el monstruo de la minería metálica, ese que se bebe el agua limpia y la devuelve ácida y esteriliza la tierra. También otros dos municipios de Chalatenango se han negado a que existan proyectos de explotación y exploración minera: San Isidro Labrador y San José las Flores; y en poco tiempo se les sumará Arcatao; todos municipios vecinos de esta zona de Chalatenango que contrasta con el imaginario de cumbres frías y neblinosas que tenemos de este departamento; y ofrece paisajes calientes, de tierra seca en verano. El mecanismo mediante el cuál lo han hecho es a través de la consulta pública, misma que se realizó en Nueva Trinidad este domingo 29 de marzo, en pleno Domingo de Ramos.
De acuerdo a Marcos Gálvez, de Cripdes, (Asociación Salvadoreña para el Desarrollo) y parte de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, son más de 200 kilómetros cuadrados de Chalatenango que han sido concesionados para la exploración; lo cuál afecta a 10 municipalidades, sobre todo al nororiente de Chalatenango. “Justamente este municipio (Nueva Trinidad) con Arcatao comparten un mismo proyecto que les va afectar si se lleva a cabo e igualmente este está conectado con otro proyecto de San José las Flores y San Isidro Labrador” comenta en medio de la consulta pública realizada en Nueva Trinidad.
El pequeño municipio está rodeado de amenazas mineras, pero la dimensión de la afectación, de acuerdo a Marcos, no sólo se traduce en perjuicios para los dos mil 113 habitantes de Nueva Trinidad, sino que terminaría afectando al 45% de la población salvadoreña que es la que consume el agua que proviene de los afluentes de Chalatenango.
La amenaza minera no es exclusiva de este departamento. Toda la zona norte de El Salvador es vulnerable a caer en esta forma de extracción de recursos. Eso lo prueba la existencia de proyectos mineros en lugares como Victoria, en Cabañas, un municipio cercano, como Nueva Trinidad, Arcatao y otros, a Honduras. Sin embargo, en Cabañas, el tinte es más sombrío pues allí la lucha contra la minería ha dejado como saldo la muerte ambientalistas y activistas.Pero esto es lo que se quiere evitar a toda costa en el nororiente de Chalatenango y es la misma población la que facilita las cosas.
Una consulta popular es una especie de elección, pues se realiza entre las y los adultos mayores de 18 años; que están en el mismo padrón electoral que se utiliza para comicios de alcaldías, diputaciones y presidencia. Por medio de una papeleta que es proporcionada por una junta receptora de votos, la gente elije y al final del día, el escrutinio determina cuál es la decisión popular y con base a ello la municipalidad actúa.
Lo que la consulta popular busca conseguir es el consenso popular para realizar una ordenanza municipal que prohíba terminantemente la minería metálica en el municipio, como explica Matías Ábrego, el alcalde de Nueva Trinidad. Este hombre, que comparte con los alcaldes de las otras municipalidades aledañas el parecer un amigable vecino más, tiene pleno conocimiento del tema y, como un buen servidor público, ha organizado junto a la Adesco de Nueva Trinidad esta consulta popular porque la misma gente ha solicitado la ordenanza.
Matías explica que se respetará la decisión de su gente. Si gana el “no”, la ordenanza de prohibición será uno de los legados de su gestión, que finalizará el primero de mayo de este año y pasará a manos de Teófilo Córdova, otro hombre que parece mantener la vocación de servicio. La alcaldía cambiará de hombre, pero no de bandera, ya que seguirá por un tercer período bajo la bandera del FMLN, igual que Arcatao, San Idelfonso y San José las Flores. Si gana el “sí”, Matías dice que todo seguirá, en materia legal, como hasta entonces.
El día en que esta consulta, la tercera en la zona nororiental de Chalatenango, se realiza, el pueblo recibe en el cantón Zacamil, el primero al ingresar desde San José las Flores, con una pancarta que reza “Gran Consulta Popular” curiosamente, “induce al voto”, pues presenta las opciones “sí” y el “no”, señalado con una equis. Al lado de esta opción marcada dice “vote así”.
La pancarta se encuentra justo debajo del centro de votación de este cantón, el número seis. En total son siete las urnas que hay en este municipio, donde se ha facilitado a la gente el acceso, utilizando la modalidad de voto residencial. En esta urna número seis, hasta las 9 de la mañana han llegado a votar 19 vecinos y vecinas. De acuerdo al representante de la JRV, Concepción Varela, el padrón es de 145 personas; de las cuales esperan a la mayoría hasta antes del cierre, a las 3 de la tarde.
En esta JRV ha llegado a ejercer su derecho ciudadano el señor Videlio Alemán, un hombre de la tercera edad que explica ser trabajador del campo y que no quiere que la minería afecte sus cultivos y esterilice la tierra con que trabaja. Unos metros más delante del cantón Zacamil está el casco urbano del Pueblo; donde un mural que señala el rechazo a la minería es el primero en recibir al visitante.
En el casco urbano, entre el parque y la alcaldía hay señal gratuita de wi-fi. Unos cuantos jóvenes están sentados en el parque o sus alrededores, pasando el rato mientras el día avanza. El resto de la población está en la iglesia, cercana al parque, celebrando la misa del Domingo de Ramos. “¿Y ahora?” pregunta una mujer, mientras salen de la celebración litúrgica a su término. “Ahora hay que ir a votar” le responde otra. Muchos y muchas se dirigen hacia el centro de votación número uno, ubicado en la casa de la cultura del municipio.
María Francisca Sánchez, quien al salir de misa se refresca comiendo un trozo de melón en bolsa, se dirigirá luego a ejercer el sufragio. Sonríe cuando se le pregunta si luego de la misa ejercerá su derecho ciudadano y dice “Claro que sí. No quiero que haya explotación minera, porque nosotros vivimos del campo y no queremos que haya esa explotación y exploración porque todos vamos a morir. No vamos a tener agua, no vamos a tener donde trabajar. Por eso vamos a votar” dice firmemente esta mujer de cabello cano y vestida con un traje también color melón.
A diez minutos del casco urbano del municipio, en Carasque, otro cantón de Nueva Trinidad, escondido entre subidas y bajadas de terreno de carretera polvosa, llena de hermosas vistas y muy cercana a Honduras, otra junta receptora de votos recibe a la población. Allí, en la presencia de observadores internacional, estadounidenses en su mayoría, un hombre accede sonriente, a mostrar su papeleta, antes de votar, a las cámaras para dejar prueba del suceso.
De acuerdo a Patricia Johnson, una estadounidense de ojos azules y un poco quemada por el sol típico de la zona nororiental del departamento, también ellos se comprometerán a movilizarse dentro de su país para hacer todo lo posible para que la minería no siga afectando a esta región centroamericana. El Salvador, Honduras y, sobre todo, Guatemala, son los países más amenazados por proyectos mineros que vienen sobre todo de Estados Unidos, Canadá y Australia, dice Patricia.
Patricia pertenece, al igual que muchos observadores, a Ciudades Hermanas. Una organización que aglutina a varios países y que vigila y acompaña procesos democráticos como estos, para darles un respaldo internacional.
Así sucedió ya en San Isidro Labrador, y más recientemente en San José las Flores. En este municipio también hay murales que indican la amenaza de la minería. Acá se realizó una consulta popular que derivó en una ordenanza municipal, ya publicada en el Diario Oficial y que “libera” al municipio de cualquier proyecto de explotación y exploración metálica. Acá también estuvieron presentes los observadores de Ciudades Hermanas, apoyando a José Tobar, su alcalde que organizó la consulta.
Estos instrumentos, de acuerdo a Marcos Gálvez, buscan darle apoyo legal a las comunidades, pero también mostrarse frente a las empresas para que en un futuro no existan proyectos de explotación y exploración de minería metálica de manera local, al no existir en el país un documento legal que la prohíba en todo el territorio.
Quizá este es el compromiso más grande en materia ambiental que tiene que resolver la Asamblea Legislativa de El Salvador. En este organismo del estado, lejano por más de 100 kilómetros de Nueva Trinidad, existen varias leyes estancadas en la comisión de Medio Ambiente y Cambios Climáticos, y una de ellas es la de Minería Metálica. Esta ley, impulsada desde la sociedad civil y las organizaciones sociales no encuentra asideros entre la correlación de fuerzas de la comisión y con la futura conformación de la Asamblea su futuro es muy incierto, pues el único partido que la impulsa es el FMLN.
En este sentido, Audelia López, diputada por Chalatenango del FMLN, y que fue reelecta en estos comicios, comenta que se viene un momento difícil para lograr la aprobación de esta ley y otras en materia medioambiental; pero ella manifiesta el permanente apoyo de su partido en esta materia.
Sin embargo, el FMLN con 31 diputaciones en el congreso no basta para que estas leyes protejan al país, se necesita convencer al resto de bancadas y fracciones para que estas leyes finalmente salgan revisadas de la comisión, pasen al pleno y se conviertan en ley de la república. Y tanto ésta como la Ley del agua son urgentes, si observamos que de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina,desde 2012 El Salvador está a las puertas de lo más álgido del estrés hídrico si este recurso no es protegido
Las ordenanzas, como ley del municipio tienen legalidad, pero, ¿qué poder o que representación tienen frente a tratados de Libre Comercio, por ejemplo, que son en los que se amparan empresas mineras, como la canadiense Pacific Rim/Oceana Gold, que ha demandado ante el El tribunal del Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI) a nuestro país por 301 millones de dólares? Inclusive, señala Marcos Gálvez, la ley de Minas e Hidrocarburos, vigente en nuestro país, es un revés para la protección antiminería.
También Marcos señala que el resultado de la ordenanza se inscribe en el artículo 117 del Código Municipal, donde se plasma que la vinculación legal solo está en el municipio que elige y se espera que todos los organismos nacionales e internacionales respeten la voluntad del pueblo.
En tal sentido, también comenta Yanira Cortez, Procuradora adjunta del Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que estas leyes tienen representación local, pero como parte de la PDDH se comprometen a respaldarlas ante cualquier amenaza de minería. Al mismo tiempo, señalan que las consultas se han convertido en un fortalecimiento de la democracia y empoderamiento de las comunidades.
La tercera consulta contra la minería tuvo, además un agregado importante. Marcos Rodríguez, el Secretario de Participación Ciudadana, acudió al evento y no solo como un observador autorizado, sino a dar un espaldarazo muy importante.
“Estuve hablando con el Presidente de la República (Salvador Sánchez Cerén) y entre otras cosas me comentó lo de la consulta, como un ejemplo de participación ciudadana, e independientemente de lo que resuelva el pueblo esto son acciones concretas (…) esto es la vía de reconocer que el pueblo es el mandatario y se aquí se va a hacer lo que el pueblo decida y no determinadas minorías de poder” señaló ante los observadores internacionales, ante la prensa y, sobre todo, ante el pueblo de Nueva Trinidad en el mismo corazón el municipio.
Al final del día, la voz de María Francisca, de Videlio Alemán y del 61% de la población se hizo escuchar por la municipalidad. Ese fue el porcentaje del padrón que acudió a las urnas. El resto no fue porque era indiferente o no pudo acudir. Lo cierto es que los resultados arrojaron unos datos contundentes: un 95% de los electores, es decir 803 señalaron el “no” en la papeleta”. Cuatro personas señalaron el “sí” y el resto de datos dan dos votos nulos y dos inutilizados. Este resultado se traducirá en la creación e implementación de la ordenanza municipal que prohíba la minería metálica.
¿Se acabará la amenaza de la minería metálica en el nororiente de Chalatenango? Se le sumará Arcatao, y también Las Vueltas, y lo que esperan las organizaciones, las autoridades y la población involucrada es que esta ola se expanda a todo el país, como ejemplo de democracia desde el pueblo y como ejemplo de resistencia ante las amenazas ambientales; pero sin leyes estatales, con una polarización profunda y sin una costumbre ambientalista desde todos los sectores, ¿estas utopías bastarán para inspirar a todo El Salvador a luchar por un futuro sostenible y limpio?
Lo que esperan todos es que sí, que el efecto de conocer estos esfuerzos, este poder ciudadano y esta conciencia se conviertan en la norma, quizá no de inmediato, pero sí poco a poco el contagio que inició en estos municipios que quieren liberarse de la minería contagie a uno de los países más vulnerables y deforestados de América Latina y pinte de un tono más saludable su futuro.
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