“Su justicia es falsa”: Esa fue la voz más alta de la Conferencia de Prensa realizada el 15 de marzo con líderes de los pueblos Ixil, Q’anjob’al, Chuj, Akateko, K’iche’, Mam, Kaqchikel, Q’eqchi’, Ch’orti’, Poqomchi’, Achi’, Xinka y Mestizo. La justicia es falsa, dijeron, porque en lugar de usar la Constitución para proteger los derechos de los pueblos indígenas, la usan para tutelar negocios privados. Los líderes indígenas presentaron como pruebas de su indignación varias resoluciones judiciales que coinciden en mostrar una práctica común e impune: racismo y desprecio a la vida de los pueblos indígenas.
Una denuncia de gran importancia, incluso para debatir a fondo el estado de la doctrina constitucional guatemalteca, es que la Corte de Constitucionalidad negó el recurso de inconstitucionalidad total de la ley de minería considerando que NO viola los derechos de los pueblos indígenas. Esta vez no aceptó que, al ser aprobada en 1997 estando en plena vigencia el Convenio 169 de la OIT, la ley minera debió adecuar su normativa al cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Pero la CC dijo que no, que esa ley está bien tal como está, casi perfecta.
Otra denuncia de falsedad de justicia son los fallos de la Corte Suprema y de la Corte de Constitucionalidad a favor de empresas extranjeras que están penetrando en el territorio Maya Ixil. La empresa Enel de Italia fue protegida sin escuchar la inconformidad del Pueblo Ixil, ni las protestas por coacción, amenazas y persecución para aceptar el contrato con la trasnacional italiana. También se denunció que en Lanquín, Alta Verapaz, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo a favor del Pueblo Q’eq’chi’, pero que no anuló la licencia de la construcción de la hidroeléctrica Xacbal, por lo que la empresa Entre Ríos S.A. sigue haciendo lo mismo. Otra prueba de falsedad fue puesta por las Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes dijeron que es otra burla de la justicia y un acto de impunidad el que los tribunales decidan no juzgar a los autores intelectuales de la masacre del 4 de octubre del 2012. Y se dijo, además, que la protección de la Corte de Constitucionalidad a la reforma del magisterio niega y destruye los idiomas indígenas y la formación de maestros indígenas.
En la Conferencia de Prensa, estando allí como testigo de honor de 28 comunidades del Pueblo Ixil, monseñor Álvaro Ramazzini afirmó con razón que están a la vista abusos que no pueden dejar de abordarse y tener un impacto en la Organización Internacional de Trabajo (OIT). La CC no sólo le dio la espalda a la demanda del Pueblo Ixil, sino el mismo presidente de la República, Otto Pérez Molina, desairó la confianza que pusieron en el diálogo las autoridades ancestrales de San Juan Cotzal, Nebaj y Chajul, mientras decidió respaldar la suspensión unilateral de las negociaciones, avalando un papel firmado sólo por el Alcalde de San Juan Cotzal, sin consentimiento expreso y previo de las comunidades, para imponer que Enel controle el río Cotzal por 20 años, se apropie del 100% de la venta de electricidad y entregue tan sólo 2 millones de quetzales al año a la Municipalidad en calidad de beneficios. Al presidente de la República la llegada de Enel le parece un acto histórico de consenso y democracia y lo dice para la región Ixil, donde se cometieron 114 masacres, y donde también asegura que nunca hubo genocidio.
Esta demasiado claro que todo el régimen político (el ejecutivo, el legislativo y el judicial), se niega a hacer un análisis profundo del estado de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. ¿Cuándo se aceptará que existe violación específica a los derechos indígenas? Todas las redes del sistema político guatemalteco confabulan cada día para no ver a los “indios”. Los medios de comunicación y los voceros del racismo hacen parecer como algo normal que el derecho indígena se interprete como si fuera una rama jurídica alejada de las demás, sin vínculos con la articulación política de la nación en su conjunto. Ni siquiera se reconoce la costumbre como fuente de derecho. A la CC le importa un comino la costumbre indígena de llamar a la puesta en común.
Ayer lo hicieron para robar sus tierras y obligarlos a punta de fusil para trabajar gratis en sus fincas. Hoy se modernizan alardeando que se respetan los derechos indígenas con programitas de salud y nutrición y repartiendo bolsas de alimentos. Hoy planifican su plusvalía con desalojos y tribunales de arbitraje. El derecho internacional no les importa.
Es al sistema político al que hay que cambiar. Existen muchas razones para no seguir tolerando su arrogancia. Mencionemos cinco. Primera, porque es un sistema corrupto, funcional para compadres y mafias de todo tipo. Allí están la ministra de Ambiente y el ministro de Energía y Minas ocultando que son asesores de trasnacionales, parientes de gerentes mineros, socios de militares petroleros y líderes de redes de proveedores para la producción de gas, petróleo y minerales. Todo un circo de diputados negocia con empresarios narcos, gringos o europeos para tener padrinos en las próximas elecciones.
Segunda, porque es un sistema que no admite la participación y representación comunitaria. Sólo le interesa controlar los derechos de ciudadanía. Por eso la CC no ha aceptado ninguna consulta, ni la realizada por las comunidades mestizas, basadas en los artículos 64, 65 y 66 del Código Municipal, que es una ley constitucional. La CC en diciembre de 2012 ordenó de manera prepotente desaparecer del orden jurídico toda normativa que indique que las consultas sean vinculantes.
Tercera, porque es racista. Acostumbrado a las prácticas asimilacionistas no tolera los derechos indígenas. La identidad indígena sólo la acepta para el folclor y el turismo. Reforma la ley electoral pero no admite el derecho al autogobierno de los pueblos indígenas. Para este régimen político, los pueblos indígenas en Guatemala son los mismos “indios” de hace 60 años a quienes se les acerca y habla sólo a la hora del voto. Nada ha cambiado: sus idiomas siguen sin ser oficiales, sus títulos de propiedad siguen siendo burlados, sus autoridades siguen siendo negadas, sus sistemas de convivencia siguen siendo destruidos, sus mujeres siguen siendo violadas por soldados, su educación y su salud sigue siendo despreciadas y su justicia desestimada. Los monopolios de noticias son decisivos para levantar creencias racistas que no aceptan la existencia de derechos específicos de los pueblos indígenas.
La cuarta razón es que este sistema político sólo administra la pobreza, ni siquiera se propone erradicarla. No tardan en aparecer nuevos candidatos defendiendo el empleo y la pequeña y mediana empresa y prometiendo lo que ya no podrá hacer Pérez Molina porque, como siempre, el gobierno de turno caerá en desgracia y la oligarquía habrá cambiado de bando muy feliz, ya que tiene pactos fuertes con cúpulas militares y poderes extranjeros para empujar su economía con desalojos, despojos y muertes. Y se trata de una economía que hunde a la mayoría, con dedicatoria especial contra la población indígena.
Y la quinta es porque este sistema sólo habla a balazos. La censura y el miedo son sus cartas de negociación. Su política es la persecución ilegal contra quienes defienden sus derechos. Los asesinatos políticos contra los dirigentes indígenas y campesinos Gerónimo Sol Ajcot, de Sololá; Carlos Hernández, de Chiquimula; Exaltación Marcos Ucelo y Rigoberto Aguilar, de Santa María Xalapán, son otras pruebas de su vocación criminal. La reciente captura de Rubén Herrera, dirigente social de Barillas, Huehuetenango, y miembro del Consejo de Pueblos Indígenas de Occidente, es otra evidencia de que la justicia prefiere cuidar los contratos mercantiles que proteger los derechos humanos.
En esta Conferencia de Prensa los pueblos indígenas dijeron: “nos están obligando a no creer ni respetar sus leyes y sus instituciones”. Esas fueron palabras llenas de honor, dignidad y de valor porque es muy cierto que Guatemala no puede seguir igual.