Las concesiones mineras e hidroeléctricas del estado de Puebla no acatan la legalidad, pues ninguno de estos proyectos industriales fue consultado con las comunidades indígenas en donde se instalaron, principalmente en la Sierra Norte, según señaló el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación federal, Jaime Martínez Veloz, quien expuso que proyectos mineros como los de Zautla, Ixtacamaxtitlán o la hidroeléctrica de Olintla violan la Constitución al ser aprobados sin la autorización expresa de los habitantes y están generando responsabilidades que podrían tener consecuencias.
En entrevista con La Jornada de Oriente, el funcionario federal rechazó que exista un “doble discurso” con las comunidades indígenas y campesinas que se oponen a los llamados “proyectos de muerte”.
Por el contrario, la inclusión del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en las leyes mexicanas al elevarlo a rango constitucional es la mejor herramienta jurídica que tienen las comunidades para defender sus tierras y sus recursos naturales de las concesiones mineras e hidroeléctricas.
En ese sentido, reflexionó que en Puebla, como en el resto del país, el gobierno panista anterior “entregó demasiados permisos, concesionó en demasía y en forma irresponsable del territorio mexicano a empresas mineras nacionales y extranjeras, que ha generado focos de tensión”.
Por ello, subrayó que la Secretaría de Gobernación junto con las comunidades “tenemos que enfrentar y lo hacemos utilizando los documentos republicanos que tenemos a nuestro alcance para estar en condiciones de que lo que se brinde sean condiciones de construcción de un marco de institucionalidad”.
Destacó que se debe privilegiar el acuerdo de los pueblos indígenas sobre cualquier otra cosa, pues aunque existen voces que hablan de las bondades, el progreso y el desarrollo que traen consigo las inversiones de estos proyectos industriales, “en los hechos no le están regresando nada al país y menos a los pueblos indígenas”.
Recordó que durante el periodo 2000–2012 se extrajeron del subsuelo mexicano 420 toneladas de oro, que es más del doble de todo el metal que se extrajo en los 300 años de dominación española, y esa industria extractiva no está reflejando ningún beneficio en las comunidades, ya que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, más de 90 por ciento de éstas vive en pobreza y pobreza extrema.
La Jornada Oriente (JO): ¿Cómo entender esta propuesta de diálogo con los pueblos indígenas cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) a favor de JDC Minerals en Zautla?
Jaime Martínez Veloz (JMV): Cualquier autorización de Manifiesto de Impacto Ambiental que se produzca sin autorización de la comunidad es ilegal y violatoria de la Constitución.
“En el caso de Zautla, la aprobación que aparece publicada en la Gaceta de la Semarnat data de junio de 2012, y aparece publicada junto con un conjunto de manifestaciones extemporáneas.
“Incluso cuando ocurrió el incidente de noviembre–diciembre de 2012, cuando los pobladores cerraron la mina y corrieron a los trabajadores, ya estaba aprobada. Se cae por sí misma si no fue consultada por autoridades indígenas.
“No hay un doble discurso; al contrario, hay una disposición de carácter constitucional que va más allá de los funcionarios. Hay todo un protocolo de actuación que acaba de publicar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se establecen con toda claridad los procedimientos de la consulta previa, libre e informada que se debe realizar en cada proyecto que se pretenda autorizar.
“Si no hay autorización expresa de la comunidad, son proyectos que no tienen viabilidad.
“No es un asunto de interpretación, sino una disposición obligatoria de la Constitución, ni siquiera de una ley.
“He sido enfático en esto: no puede proceder ningún proyecto que se pretenda realizar sin la aprobación de las comunidades, pero además no puede ser cualquier tipo de consulta. La comunidad tiene que ser consultada en su lengua, pero también la comunidad tiene que participar en el diseño y método de la consulta”.
JO: En Ixtacamaxtitlán, por ejemplo, Almaden Minerals está trabajando y no se realizó ninguna consulta.
JMV: En ninguna parte de Puebla se ha hecho ninguna consulta en estos términos. Por lo tanto, cualquier proyecto que se esté realizando al margen de estas disposiciones legales está violentando la legalidad y está generando focos de atención en donde habrá responsabilidad de quien esté impulsando estos proyectos.
“Las comunidades tienen que recurrir a las instancias federales correspondientes para detener los proyectos que ya están operando sin esa consulta”.
JO: ¿Qué tendrían que hacer las comunidades indígenas? Estos proyectos ya están operando…
JMV: Pondré un ejemplo. En el caso del pueblo yaqui, en el estado de Sonora, se estaba realizando un acueducto y dicha obra no fue consultada; la tribu yaqui presentó un amparo y la Corte le dio la razón, falló a su favor.
“Estamos ante una nueva realidad donde todos, los funcionarios, los empresarios y la comunidad debemos asumir que ese es el marco jurídico–político del país, y si eso no se respeta habrá responsabilidades de quienes estén generando acciones a espaldas de la ley, y generando desencuentros entre las comunidades y entre éstas y el Estado.
“No podemos hablar de desarrollo en nuestro país violentando los derechos de las comunidades indígenas”.
JO: En Tetela de Ocampo hizo el ofrecimiento a nombre de Gobernación de revisar estas concesiones; ha habido pláticas, pero ¿por qué la revisión aún no ha comenzado?
JMV: En Tetela acordamos una mesa de trabajo entre dependencias federales y las comunidades de Puebla, en donde solicitaremos a las dependencias que acudan con toda la información necesaria del estatus que tiene cada proyecto en solicitudes y aprobados.
“Así podremos cotejarlos entre los que existen en las secretarías de Economía, la Semarnat, Conagua y Comisión Federal de Electricidad.
“La idea es construir una mesa de alto nivel entre las partes en donde podamos cruzar esta información y las comunidades puedan hacerse acompañar de técnicos, peritos y cuatro representantes comunitarios, pero al mismo tiempo se establezca una dinámica de acuerdos y compromisos sustentados en estas disposiciones de carácter constitucional.
“He sido enfático y lo he dicho porque tengo el respaldo de la Constitución y de las disposiciones constitucionales, legales y de la propia Suprema Corte, que ha dado instrucciones sobre qué instrumentos se deben usar en cada caso.
Naturalmente el marco jurídico mexicano, desde el punto de vista de los pueblos indígenas, requiere tener una serie de elementos que hasta ahora no están contenidos en la Constitución, pero hay otras disposiciones que pueden ser usados por los pueblos indígenas para la defensa de su territorio, así como de los recursos naturales que están en sus tierras.
JO: Pero algunas no son compatibles con las leyes locales…
JMV: Afortunadamente para este caso de megaproyectos tenemos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene rango constitucional. Por eso la Corte lo que hace es desagregarlo en un protocolo.
“Desde mi punto de vista le da una serie de certidumbres a los pueblos indígenas que si bien ya existían, pero no eran tan expresos y minuciosos como ahora lo son. Esto rige para todo el país, y el caso de Puebla sentará un precedente a nivel nacional, de cómo construir y ajustarse a las nuevas reglas del juego.
“En la agenda planteamos una temporalidad, me voy a entrevistar con la subsecretaria Lía Limón sobre el caso de los compañeros de Olintla que han sido amenazados. Quisiera que podamos reunir una buena representación en esta mesa de alto nivel para discutir los elementos a nuestro alcance qué tiene cada dependencia y el estatus de cada proyecto”.