2 de febrero de 2017
Vecinos de Río Blanco piden que las vertientes de agua se protejan. Vecinos de Río Blanco piden que las vertientes de agua se protejan. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO
Lineida Castillo Cuenca y la cordillera del Cóndor, en Zamora Chinchipe, fueron declaradas por sus autoridades locales como territorios libres de minería metálica (extracción de oro, plata y cobre).
Sin embargo, cuatro de los cinco proyectos mineros estratégicos del Gobierno están en esas jurisdicciones. El otro está en Morona Santiago. El Concejo Cantonal de Cuenca aprobó la declaratoria el 22 de enero del 2017 y el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe lo hizo hace cuatro años. Las 16 302 hectáreas, que fueron concesionadas para los proyectos Loma Larga (Quimsacocha) y Río Blanco, están en el macizo del Cajas.
La mina de Río Blanco, en la parroquia cuencana de Molleturo, se construye desde agosto pasado. Los moradores de esa zona, Cristóbal Chuñir y Fernando Criollo, no se oponen al proyecto, pero quieren que no se afecte el agua. Por su parte, el proyecto Loma Larga está en la fase de exploración avanzada, según la web del Ministerio de Minería.
La Cámara Provincial de Azuay sesionó en octubre del 2016 en el páramo de Quimsacocha (proyecto Loma Larga), que fue declarado como fuente de agua, ecosistema frágil y libre de actividad minera. En la actualidad, la preocupación del alcalde cuencano, Marcelo Cabrera, es la existencia de nuevas solicitudes en la Agencia de Regulación y Control Minero para concesionar 60 913 hectáreas en las parroquias Chaucha, Molleturo y Sayausí, zonas aledañas a los proyectos mineros antes mencionados. Según Cabrera, si el Gobierno aprueba las nuevas solicitudes, cerca del 25% de las 312 000 hectáreas del cantón Cuenca estarían destinadas a la minería metálica para extraer oro, plata y cobre. “Eso representa 11 veces el tamaño del área urbana de la ciudad”. El ministro de Minería, Javier Córdova, en declaraciones a La Voz del Tomebamba de Cuenca, admitió la existencia de nuevas solicitudes porque la Agencia de Regulación abrió el catastro minero en marzo del 2016.
“Eso permite a los interesados señalar áreas de su interés y generar planteamientos, pero no significa que necesariamente vamos a entregar las concesiones”. Según Córdova, la anterior Ley de Minería establecía que cualquier persona podía pedir una concesión y el Estado estaba obligado a darla; no había soberanía para decidir. Aseguró que ahora hay un proceso exhaustivo de calificación de las capacidades técnicas y económicas de los solicitantes y se hace bajo una planificación. “El Estado no está obligado a entregar concesiones”. Para la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, María Caridad Vázquez, la declaratoria emitida por el Concejo Cantonal de Cuenca no tiene validez jurídica porque el artículo 261 de la Constitución establece que el Estado tiene la competencia exclusiva sobre las áreas naturales, recursos hídricos, energéticos y minerales, biodiversidad y recursos forestales.
El prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, reconoció que no sirvió de mucho la declaratoria firmada hace cuatro años para la cordillera del Cóndor, como reserva de biológica y de agua, y territorio de sobrevivencia de los pueblos shuar. Según Quishpe, no sirvió porque el Gobierno central se amparó en la competencia que le otorga la Constitución. “No hizo caso y siguieron los proyectos mineros de Fruta del Norte y Mirador”, que tienen reservas de oro, plata y cobre. “No se respetó el ordenamiento territorial que es de competencia de los gobiernos seccionales y el Mandato Minero, que estableció que donde hay fuentes o nacimientos de agua no puede haber actividad minera o debe extinguirse las concesiones”, dijo Quishpe. Según él, toda la cordillera está concesionada para la minería metálica y “existen estudios técnicos que establecen que hay 227 fuentes de agua dentro de los dos proyectos”.
En Azuay se busca que la declaratoria sí sea considerada, aseguró la viceprefecta, María Cecilia Alvarado. Según ella, con las decisiones del Gobierno Provincial de Azuay y del Concejo Cantonal de Cuenca se busca consolidar una posición jurídica amparándose en normas y tratados internacionales de los derechos de la naturaleza y plantear procesos judiciales en el exterior. “El tema central es comprender que no se trata de un problema minero, sino proteger las fuentes de agua”, dijo Alvarado.Con ella coincidió el concejal de Cuenca, Iván Granda (independiente). Para él, los gobiernos seccionales tienen el deber y el derecho de garantizar la prestación de los servicios como el agua y el riego.
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