Rick Arnold
El 29 de septiembre de 2011, la Ministra canadiense de Cooperación, Bev Oda, anunció tres proyectos piloto para reducir la pobreza en el Perú, Ghana y Burkina Faso. La modalidad distinta en este anuncio es una nueva disposición mostrada por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) de actuar como «contraparte» de las empresas mineras canadienses y de las ONG de desarrollo internacional para ejecutar proyectos de «desarrollo» a las comunidades afectadas por las actividades mineras canadienses en el exterior.
«… Me dirijo a usted para expresar nuestra preocupación con respecto a una nueva política de desarrollo tripartito entre gobierno, empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales que tiene la intención de facilitar las inversiones mineras en nuestros países del sur».
Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas)
En el caso del nuevo proyecto millonario de World Vision Canadá en el Perú, la ACDI va 50/50 en la financiación con la minera Barrick Gold de Toronto. «World Vision agradece el generoso apoyo que el Gobierno de Canadá está ofreciendo para este proyecto», dijo DaveToycen, presidente y director ejecutivo de Visión Mundial Canadá. «Va a ayudar a los residentes de Quiruvilca, Perú, especialmente a las mujeres, los jóvenes y a las personas con discapacidad, participar más y ser mas influyente en la planificación de la propia comunidad. Además de proporcionar préstamos para que las personas creen pequeñas empresas, habrá creación de capacidad en los líderes locales para garantizar que el pueblo de Quiruvilca siga una vía de desarrollo sostenible en el largo plazo». Sin embargo, los fondos públicos y privados que se canalizan a través de las ONG acordadas es una medida controvertida y está siendo muy discutida internamente por la comunidad internacional para el desarrollo de Canadá.
Los miembros de la troika detrás del proyecto piloto en Perú han evitado públicamente entrar en detalles acerca de esta iniciativa de «desarrollo» – quizás con buena razón. La oposición activa a la presencia de Barrick Gold en el distrito de Quiruvilca, en el departamento de La Libertad se remonta a varios años. Por ejemplo, el 09 de febrero 2007 unas 3.000 personas se manifestaron contra las operaciones en curso de Barrick en el distrito.
Barrick está intentando desarrollar una nueva mina a cielo abierto en una zona conocida como Laguna Sur. En 2011 la compañía llevó a cabo 366 perforaciones en una zona de humedales cercana a cinco pequeños lagos que proporcionan agua potable para unos ocho mil agricultores de aguas abajo. En respuesta a estos acontecimientos, la Municipalidad de Santiago de Chuco aprobó una ordenanza en junio de 2011 donde se establece una zona de conservación para el área de influencia. Barrick inmediatamente impugnó la decisión municipal, apelando a la Tercera Corte Constitucional en Lima.
Mientras tanto, la oposición a la presencia de Barrick en Quiruvilca sigue aumentando. El 03 de febrero de 2012 un contingente de campesinos viajó 557 kilómetros, y llegó a Lima el 09 de febrero para unirse a miles de personas de todo el Perú en la Marcha Nacional por el Agua. Las demandas de la marcha nacional incluyen una nueva ley minera peruana que garantice la protección de los manantiales y sustituya la anterior ley instituida por el régimen corrupto de Fujimori. Los agricultores en la zona de Quiruvilca tenían su propio canto preparado para la mega-marcha, «El agua es vida, y vamos a defender nuestros lagos».
Recién se enteró del proyecto de World Vision que será financiado conjuntamente por CIDA y Barrick Gold, Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de CAOI[1] envió una enérgica carta a World Vision y a Barrick Gold con sede en Toronto, así como al Ministro de Cooperación Internacional responsable de la CIDA. Esta carta, en parte, señala lo siguiente:
Desafortunadamente, las empresas mineras canadienses tienen un mal historial en nuestros países, donde las empresas como Barrick Gold son la fuente de muchos conflictos a causa de la desposesión de las tierras, la destrucción de las fuentes de agua, y el desconocimiento de los derechos internacionales (Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros), quedan lugar a múltiples impactos ambientales y sociales en nuestras comunidades.
La solución no es la de mediar y negociar sobre la base de lo que ya se ha hecho, ni tampoco sobre “las obras sociales”llevadas a cabo por las empresas mineras, serán lo que pueda compensar el daño causado, sobretodo frente a los derechos que han sido violados.
Así que por estas razones le pedimos a World Vision Canadá / Barrick Gold / CIDA, que se nieguen a tomar parte en esta política de desarrollo, y en su lugar tomen la responsabilidad de garantizar que las empresas de Canadá respeten, y demanden que los Estados respeten los derechos de los pueblos indígenas afectados, antes de que alguien busque concesiones mineras en nuestros países.
Un estudio[2] realizado por la CAOI encontró que Barrick ha evitado el pago de regalías al Perú por sus actividades mineras. Este estudio también señala que la Superintendencia Nacional Peruana de Administración Tributaria calcula que Barrick debe a las arcas de la nación $ 141 millones a partir de la adquisición propietaria de otra empresa. Sin embargo, la minera de oro esquivó milagrosamente la bala cuando un alto ministro de gobierno de mayor jerarquía intervino para poner el caso en el congelador en 2004. Cumplir con el pago de la regalías y los impuestos por parte de empresas extranjeras que operan en un país como el Perú es lo que podría permitir que el gobierno llevara a cabo los programas sociales de largo alcance, obviando la necesidad de la caridad extranjera.
En febrero de 2012, el recién formado Tribunal Nacional de Defensa del Agua escuchó a las comunidades afectadas por la minería en el Perú. Esto marcó una de las pocas veces en que las preocupaciones de la comunidad acerca de la amenaza de la minería a las vitales fuentes de agua han recibido la atención nacional. Después de estas audiencias el tribunal encontró a cinco empresas mineras culpables de poner en peligro las fuentes de agua debido a sus actividades de exploración o extractiva. El número dos de esa lista lo ocupa la canadiense Barrick Gold y su proyecto de Laguna Sur.
Si este proyecto de «desarrollo» sigue adelante en Quiruvilca – dada la oposición concertada a nivel local y nacional y la legitimidad añadida que la participación de la ACDI tiene como objetivo proporcionar – sería equivalente a ejecutar un programa de pacificación, no un proyecto de desarrollo. El resultado sería la destrucción eventual de la forma de vida de estos pueblos – y todo para el oro.
En su anuncio del 29 de septiembre 2011, el CIDA indicó que las tres iniciativas en América del Sur y África fueron los proyectos piloto». Además del Perú[3] existen numerosos países de América Latina, donde las empresas mineras canadienses están involucradas en situaciones conflictivas con las comunidades que viven en sitios contiguos al área de la mina. Si este es el nuevo modelo de apoyo del gobierno canadiense para ayudar a suprimir este tipo de conflictos, entonces podemos anticipar que proliferen acuerdos similares en México[4], Argentina, Ecuador, Colombia y otros países de América Latina.
Para apoyar un cambio de dirección de la política, se llevará a cabo una conferencia titulada Predicando con el Ejemplo: los Derechos Humanos en el Extranjero (Walking the Talk: Human Rights Abroad), organizada en el sitio del Parlamento el próximo 16 de marzo de 2012. El objetivo de esta conferencia es tener un diálogo multi-sectorial (que incluiría a los líderes del Sur Global), centrada en las prácticas empresariales en el extranjero, y para atender violaciones internacionales de derechos humanos y ambientales. La conferencia discutirá el Proyecto de Ley C-323 que se introdujo en primera lectura el pasado otoño. El Proyecto de Ley C-323 podría proporcionar a las comunidades internacionales la opción de buscar un recurso legal en los tribunales federales de Canadá, y se basa en la actual legislación de EE.UU., conocida como ATCA, la Ley de Reclamación por Agravios en el Extranjeros (Aliens Tort Claims Act).
Notas:
– Rick Arnold, Canadiense nacido en Venezuela, ha trabajado para numerosas ONG Canadienses Internacionales, y recientemente se jubiló como Coordinador de la organización Fronteras Comunes (Common Frontiers – Canada) Traducción: Alejandro Villamar C.
[1] La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) es el nexo de coordinación de las organizaciones indígenas de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, con el mandato de trabajar para promover y defender los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional. Oficina de CAOI tiene su sede en Lima, Perú.
[2] Mineras Canadienses en Perú. Violando Derechos y Conflictos Sociales: Barrick en Ancash .Véalo en la página de www.coordinadoracaoi.org y el la ventana de CAOI Informa. Vaya a Artículos de Interés, y encontrará Minería canadiense en el Perú: vulneración de derechos y conflictos sociales.
[3] En enero de 2012, la oficina de Defensoría del Pueblo de Perú informo de mas de 150 conflictos activos en el país, siendo la mayoría socio-ambiental
[4] Tenga en cuenta que las empresas mineras han sacado el doble de oro de México en los últimos diez años con respecto a los volúmenes obtenidos por la Corona española en 300 años de conquista y coloniaje [Opinión – México S.A. por Carlos Fernández-Vega, La Jornada, 2012/02/16]