José de Echave, COOPERACCION
Acabo de ver un video en el que se aprecia a la congresista Marisa Glave en Hualgayoc, Cajamarca, el pasado 5 de febrero. Se percibe una situación de mucha tensión debido al malestar de la población de esa zona de Cajamarca que, durante décadas, sufre los impactos de los pasivos ambientales mineros que están regados a lo largo y ancho de su territorio y que afectan su salud, sus fuentes de agua y actividades económicas tradicionales.
No es la primera vez que Marisa Glave visita Bambamarca en una semana de representación. Está claro que ha asumido un compromiso con el tema de los pasivos ambientales mineros y la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas. Lo que ocurre en esa zona del país es dramático, y se entiende la desesperación de los pobladores: desde hace décadas la población de esa provincia de Cajamarca está expuesta a pasivos mineros abandonados y como ocurre en otras zonas del país -por ejemplo en la Amazonía, en Espinar, Cusco, en Junín o Pasco-, la desidia de nuestras autoridades genera indignación, ya que los compromisos, una y otra vez, se siguen incumpliendo.
Si sólo tomamos en cuenta los compromisos recientes en Hualgayoc, cabe recordar que el año 2016, luego de un paro indefinido de la población que exigía la remediación de la contaminación ocasionada por los pasivos ambientales mineros, se declaró en emergencia ambiental la zona. Cuando se pensaba que las cosas se encaminarían, la declaración de emergencia ambiental quedó en el papel, no hubo ninguna mejora y los compromisos que asumió el Estado peruano no se cumplieron.
La congresista Glave señala, en entrevista publicada por Noticias SER, que ha visto “a la población muy molesta porque siente que el Estado se ha burlado y no ha hecho nada. La declaración de emergencia ambiental fue en 2016 y los compromisos que asumió el Estado no se han cumplido, por ejemplo, acelerar la remediación de dos ex unidades mineras que tienen un número importante de pasivos (Cleopatra y Los Negros) a pesar de que en 2017 los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que asistieron a la mesa intersectorial que coordinaba el Ministerio del Ambiente (MINAM), informaron que el presupuesto ya estaba aprobado y que el 2018 se ejecutaría”.
El equipo de la congresista ha constatado que todos estos ofrecimientos se incumplieron, y que el MINEM nunca transfirió el presupuesto a la empresa Activos Mineros que debió encargarse de la remediación. Al parecer, recién han comenzado a reaccionar como consecuencia de la presión del despacho de la congresista y de las propias organizaciones sociales y autoridades locales: finalmente, en diciembre del 2018 se han comenzado a transferir los recursos, luego de dos años de haberse declarado la emergencia ambiental. Si todavía algunos no entienden -o no quieren entender- por qué las poblaciones afectadas desconfían tanto de los organismos del Estado y los conflictos en zonas mineras son tan numerosos, acá tienen una muy buena explicación.
Las cifras de pasivos mineros a nivel nacional y en Cajamarca
El primer inventario de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) fue publicado el año 2006, identificándose en ese momento 850 pasivos. Desde entonces hasta el año 2016 se fue actualizando la información de manera constante, por lo menos una vez al año. El último inventario es del año 2016 y en él se registran 8,854 PAM que se encuentran regados en 21 regiones del país. Del total de pasivos, 3,158 son de muy alto riesgo y 2,040 de Alto Riesgo. Algunos dicen que es la herencia de la minería del pasado, aunque en Hualgayoc, como veremos más adelante, las nuevas operaciones mineras también vienen generando impactos ambientales considerables.
Del total de pasivos mineros, apenas el 23.39% se encuentran con algún tipo de instrumento de gestión, mientras que la gran mayoría (el 76.61%) han sido declarados pendientes de gestión; lo que significa en la realidad que están abandonados y totalmente expuestos, contaminan territorios enteros y afectan a las poblaciones que viven en la zona de influencia. Es el caso de Hualgayoc.
Cabe señalar que Cajamarca es la segunda región con el mayor número de pasivos ambientales mineros (PAM) a nivel nacional (después de Ancash): son 1,183 pasivos ubicados en esta región y la gran mayoría se concentran precisamente en el distrito de Hualgayoc (1,067 PAM). Lamentablemente, Hualgayoc es el distrito con el mayor número de pasivos mineros a nivel nacional y a nivel de cuencas, la del Llaucano, que precisamente pasa por esta localidad cajamarquina, figura como la segunda más afectada a nivel nacional: son 1,080 pasivos mineros identificados en toda la cuenca del Llaucano. Además, también están afectados los ríos Tingo-Maygasbamba, Hualgayoc-Arascorgue.
Entre los pasivos más relevantes y que representan peligrosas fuentes de contaminación, están las dos ex unidades mineras, Cleopatra y los Negros (53 pasivos), también Tahona (55 pasivos), Colquirrumi (394), San Nicolás (10), Sinchao (17), entre varios otros. Por si fuera poco, recientemente, el 16 de diciembre de 2018, se produjo un derrame de relaves mineros de las operaciones de Cerro Corona de la empresa minera Gold Fields, que afectó la quebrada La Hierba, lo que motivó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ordenara a la empresa remediar la zona afectada por el relave en un plazo de 45 días.
Imagen: La República
La necesidad de revertir la situación actual
Es urgente enfrentar la emergencia y dar una respuesta efectiva a la población. Muchos de los pasivos en Hualgayoc son de muy alto riesgo, lo que quiere decir que representan riesgos para la salud de la población, los ecosistemas y la seguridad y requieren un tratamiento prioritario y rápido, con medidas de urgencia. Lamentablemente, nada de esto pasa.
Mientras escribíamos este artículo, la población de Hualgayoc iba a iniciar un nuevo paro indefinido en protesta por la desatención de las autoridades responsables y los reiterados incumplimientos. Luego de varias reuniones entre los dirigentes, funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua, del Ministerio del Ambiente, OEFA, Activos Mineros e incluso asesores de algunos ministerios, no se logró llegar a un acuerdo: “necesitamos acciones concretas. Necesitamos acción”, declaraba un dirigente rondero a una emisora.
El último intento fue el pasado 5 de febrero, fecha en la que se esperaba la presencia de los ministros de Salud, Energía y Minas, Agricultura y Ambiente. Esta iniciativa recibió el respaldo de las nuevas autoridades; el gobernador Mesías Guevara y el alcalde provincial Marco Aguilar.
Como señala la congresista Glave, la inacción de las autoridades responsables no tiene justificación: “Es una falta de respeto y lo que demuestran es el desprecio que tienen por la población que vive lejos de la capital, porque si se tuviera ese nivel de contaminación en San Isidro su actuación sería totalmente diferente. Me parece que hay displicencia de parte de los funcionarios, y eso tiene que cambiar, porque o asumen su responsabilidad y son conscientes de que quienes viven en Bambamarca son tan ciudadanos como cualquiera en el Perú, o vendrá el estallido de otro conflicto social”.
En paralelo, el despacho de la congresista viene trabajando una propuesta normativa que busca modificar la ley que regula los pasivos ambientales de la minería (Ley 28271). La propuesta apunta a “revisar la actuación de los distintos organismos públicos que intervienen en la gestión de PAM, las herramientas normativas y el sistema gubernamental establecido para su remediación”. Por ejemplo, se propone establecer un plazo fijo, de obligatorio cumplimiento para la actualización del inventario de pasivos (el inventario no se ha actualizado desde el 2016); que sea el OEFA la entidad competente que identifique pasivos ambientales mineros, elabore y actualice el respectivo inventario; que se implementen sanciones mayores, más allá de las multas, que disuada a los responsables de los PAM de incumplir con su remediación; establecer mayores fuentes de financiamiento de parte del Estado para la remediación de los pasivos ambientales mineros (el Fondo Nacional del Ambiente no cuenta con los recursos necesarios para atender los pasivos que el Estado asume); cubrir el vacío normativo actual que provoca que los PAM sin responsables identificados, pero posibles de identificar, no sean gestionados ni asumidos por autoridad o persona alguna.
El 27.7% de la cartera de proyectos de inversión a nivel nacional se concentra en Cajamarca, lo que equivale a más de 16 mil millones de dólares. El pasado y el futuro minero se juntan en Cajamarca y ambos no generan confianza en la población. Como dice Marisa Glave: “Primero resuelvan los pasivos y después hablamos de expansión minera”. Los pobladores de Hualgayoc dicen lo mismo.
*Publicado en la revista Hildebrandt en sus trece, del 8 de febrero de 2019