Decisiones de la Corte Constitucional y consultas previas se acaban de frenar proyectos en Marmato y Cerrejón. Estos se suman a recientes decisiones de pueblos que han impedido explotar minas y construir hidroeléctricas. ¿Son justificables?
Hace una semana, el municipio de Cabrera (Cundinamarca) realizó una consulta popular para decidir sobre la construcción de proyectos mineros o hidroeléctricos en una zona de reserva campesina. Del total, 1.465 personas votaron en contra y 23 a favor, con lo cual quedó bloqueado un proyecto de Engesa para ejecutar ocho minicentrales sobre el río Sumapaz. Algo similar había sucedido el año pasado en Pijao, un municipio de Quindío que votó contra la explotación de oro en su territorio y sentó un precedente porque un fallo de la Corte Constitucional determinó que los entes territoriales sí pueden prohibir la minería.
Pero estos no son casos aislados. También hace una semana mineros artesanales ganaron un pulso contra la multinacional canadiense Gran Colombia Gold por la explotación de oro en los socavones del cerro El Burro, en Marmato (Caldas). La Corte
Constitucional les dio la razón y ordenó suspender el trabajo de la compañía mientras realiza una consulta previa. En medio de esta disputa se conoció una demanda de la multinacional contra la Nación por 700 millones de dólares, por cambios en las reglas de juego en el tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Canadá.
El alto tribunal también se pronunció sobre una acción de tutela de la Comunidad Indígena Media Luna Dos, en Uribia (La Guajira), contra la Nación y Cerrejón por considerar que extraer carbón a cielo abierto afecta la salud de los pobladores de los municipios cercanos. Según los magistrados hay pruebas de afectaciones visibles e identificables que el polvillo de este mineral produce en los habitantes de la región.
Con este fallo entra en revisión la licencia para el plan de Puerto Bolívar de la compañía para facilitar el transporte y exportación del mineral. La multinacional sostiene que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la población ya que en la zona donde
se va a desarrollar la ampliación no existe presencia de comunidades étnicas, como lo certificó el Ministerio del Interior.
Pues bien, los casos anteriores muestran la compleja situación que vive el sector minero-energético en Colombia, en el que el rechazo de las comunidades frenó grandes proyectos que podrían llevar desarrollo al país y a las regiones.
Los inversionistas creen que la situación está pasando de castaño oscuro y sostienen que las industrias extractivas están quedando en jaque. Ante la gravedad de los hechos, la Andi y siete gremios del sector, entre ellos la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Naturgas, Acolgén, Andesco, Andeg y Asocodis, le pidieron al gobierno, al Congreso, a las cortes, a los jueces, a los alcaldes y a los gobernadores trabajar
de manera más coordinada para garantizar reglas de juego claras.
Para los empresarios uno de los grandes problemas es la desarticulación entre las competencias del Estado y las entidades territoriales. Marmato es un ejemplo. En este municipio alrededor de 5.000 familias viven de explotar el oro, un oficio que han practicado durante décadas en socavones en el cerro El Burro.
Pero en 2007, tras la llegada de Gran Colombia Gold, que adquirió en este sitio un título para explotación, comenzó un largo camino para desalojar a los mineros que estaban invadiendo dicho
terreno. Distintas entidades como Ingeominas, la Agencia Nacional de Minería y hasta el Tribunal Superior de Manizales respaldaron a Gran Colombia Gold, pero los fallos y las resoluciones nunca se cumplieron y los mineros siguieron en la zona. Aunque como se dijo atrás, para sorpresa de la compañía la semana pasada un fallo de la Corte Constitucional amparó los derechos de los mineros, pidió realizar una consulta con las comunidades indígenas y afrodescendientes, suspendió la orden de desalojo y ordenó a Gran Colombia Gold detener la explotación.
El alcalde de Marmato, Julio Vargas, ha señalado que la consulta fue lo primero que debió hacer el gobierno antes de otorgar el título, pero las autoridades sostienen que han cumplido todos los pasos y que en este caso se están protegiendo actividades de invasores de títulos mineros. Si bien los fallos judiciales buscan proteger a las poblaciones vulnerables al medioambiente, lo cierto es que se han vuelto un gran dolor de cabeza para las compañías que no saben a qué atenerse. Por eso los gremios del sector señalan que “si Colombia quiere pasar de ser un país de ingreso medio a uno de ingreso alto, debe tomar la decisión clara de crear condiciones justas y previsibles para la actividad empresarial, dentro de las cuales la certidumbre jurídica juega un papel fundamental”.
En este sentido el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, considera que con los fallos de las cortes el país puede matar la gallina de los huevos de oro porque este sector es uno de los que más aporta con impuestos y regalías. Mac Master dice que las empresas que hacen las cosas legalmente están sujetas a toda clase de normas mientras la minería ilegal sigue adelante. “Ser formal en Colombia se volvió una desventaja competitiva”, anota.
Cabe señalar que el sector minero-energético tiene un alto impacto económico, a tal punto que responde por cerca del 70 por ciento del total de las exportaciones de Colombia y genera millonarios ingresos. La incertidumbre jurídica se presenta en momentos en que se recuperan los precios de las principales materias primas -petróleo, carbón, oro- y cuando está en picada la inversión extranjera en el sector, que pasó de 8.000 millones de dólares a menos de 3.000 millones el año pasado.
Para Santiago Ángel Urdinola, presidente de la ACM, la situación está llegando a un nivel crítico por la esquizofrenia en las consultas, que se está saliendo de cauce porque siempre aparecen nuevas comunidades que frenan los proyectos por medio de tutelas. “Estamos tocando fondo y se está llegando a un caos y anarquía por tanta ‘consultitis’”, dice.
Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, afirma, por su parte, que es necesario promover un diálogo al más alto nivel sobre cuál es el desarrollo que quiere Colombia y para aclarar de una vez por todas los alcances y límites de las consultas, que se están convirtiendo en un poder de veto.
Para ello es necesario que el gobierno tramite una ley estatutaria que incluya un censo de las comunidades que hay en el país que se podrían ver afectadas con diversos proyectos. Pero inexplicablemente este tema, que debe tramitar el Ministerio del Interior, lleva engavetado varios años.
Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), también ha expresado su preocupación y sostiene que sin seguridad jurídica es muy difícil que el sector sea competitivo. Pero las comunidades opinan lo contrario y aseguran que por primera vez en muchos años se les reconocen sus derechos y se les está protegiendo de los abusos de algunas compañías que han contaminado sus territorios y afectado su salud, sin ninguna clase de retribución económica.
El país tiene un inmenso reto al que le ha venido haciendo el quite en los últimos años. Debe tratar de conciliar los intereses del sector privado con el respeto a las comunidades y los ecosistemas de las zonas aledañas a los proyectos minero-energéticos. Lo peor sería cruzarse de brazos mirando cómo la minería ilegal, que no respeta nada a su paso, gana terreno y se pasa por la faja a las cortes y a las autoridades ambientales y territoriales.