El miércoles pasado asistí al foro “Derechos Indígenas y Armonización Legislativa”, organizado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) de la Secretaría de Gobernación y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, que se realizó en el Museo de la Ciudad de México. El evento duró todo el día y en él participaron 260 personas, entre ellos 70 líderes y representantes de 30 pueblos indígenas distintos, académicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios federales y estatales.
Debo decir que la convocatoria me resultó un tanto extraña, pues generalmente son las organizaciones indígenas las que convocan a reuniones para discutir su problemática y luego buscan la manera de hacer llegar sus conclusiones y demandas al gobierno federal y al Congreso de la Unión. También me pareció raro que se convocara el foro “en el marco de la conmemoración de los 18 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés”, si los acuerdos nunca se cumplieron.
Me encontré entre los asistentes a muchos de los principales dirigentes indígenas del país, aunque no a todos, siendo notable la ausencia, por ejemplo, de líderes del Congreso Nacional Indígena y de la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Eufrosina Cruz Mendoza. Sí asistieron los diputados Carlos de Jesús Alejandro (nahua de Guerrero), representante de la Comisión para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, y Sebastián de la Rosa Peláez, presidente del Comité del CESOP, así como el senador Eviel Pérez Magaña, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado y, por supuesto, el otro convocante, el arquitecto Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
El foro inició –después de las palabras de bienvenida y agradecimientos de rigor– con tres conferencias magistrales impartidas por el doctor Rodolfo Stavenhagen (leída por Sedena Chuc, pues el doctor no pudo asistir personalmente), Martha Sánchez Néstor y Pablo Yanes, jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL – México. Continuó con el desarrollo de seis mesas de trabajo en las que se discutieron los temas de: armonización legislativa y ley de consulta previa, libre e informada; acceso a la justicia, seguridad y migración; igualdad de género y no discriminación; educación intercultural, lenguas y comunicación indígena; desarrollo integral, medio ambiente y recursos naturales, y democracia y participación política.
Entre las conclusiones, destacaron la necesidad de que los pueblos y comunidades indígenas sean reconocidos como sujetos de derecho público, y la urgencia de legislar el derecho a la consulta previa, libre e informada, de manera que se garantice su carácter vinculatorio. Asimismo, se resaltó la importancia de que se desarrolle un serio proceso de armonización de las leyes nacionales con los derechos de los pueblos indígenas y con los tratados internacionales sobre el tema.
Se habló de diversos asuntos que deberían legislarse o cuyas leyes tendrían que armonizarse. Leyes relativas a la educación indígena, las telecomunicaciones, los derechos lingüísticos, la discriminación, las concesiones mineras. Se enfatizó que un gran número de pueblos indígenas están enfrentando problemas por los proyectos mineros, eólicos y las presas hidroeléctricas que se están desarrollando en sus territorios, despojándolos de ellos y de sus recursos naturales, sin dejarles ningún beneficio. Se comentó también sobre la necesidad de que se realicen planes de desarrollo que surjan de las comunidades, de acuerdo a sus sistemas productivos, en lugar de planes elaborados por funcionarios, o de políticas asistencialistas como la cruzada contra el hambre.
En relación a los Acuerdos de San Andrés, se afirmó que siguen siendo un referente político e histórico fundamental que debe considerarse como base de cualquier proceso de cambio legislativo sobre la cuestión indígena, aunque se hizo énfasis en que estos acuerdos son el piso y no el techo de los derechos indígenas.
Pero lo más relevante, a mi manera de ver, fue el compromiso que hizo al final el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, de que, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación y las comisiones de asuntos indígenas del Congreso de la Unión, se van a realizar foros estatales para que en junio o julio se lleve a cabo otro foro nacional y se establezca una mecánica “para que las iniciativas ya consolidadas puedan ser remitidas al Congreso de la Unión para el análisis, la observación y la aprobación de las mismas”. Es decir, para que se elaboren las leyes sobre los derechos indígenas de acuerdo a lo que los pueblos indígenas propongan y acuerden en un proceso de consulta. Ojalá se logre lo anterior y no se quede una vez más en buenas intenciones, que los diputados y senadores de verdad tomen en cuenta las propuestas que se les presenten. Y ojalá no pase lo mismo que con los Acuerdos de San Andrés que, a la mera hora, fueron desconocidos por el mismo gobierno que los había firmado.