En los últimos años la violación de una serie de derechos de los pueblos indígenas a raíz de la imposición de proyectos de desarrollo ha desatado graves controversias, y en ocasiones conflictos sociales. Los pueblos, las comunidades indígenas y sus organizaciones exigen que estos se respeten y al Estado que garantice su ejercicio. Cuando esto no sucede acuden a los tribunales para que obliguen a las autoridades y las empresas a que ciñan sus actuaciones a lo que la ley establece.
En particular, la región de la Sierra Norte de Puebla se ha visto amenazada por una compleja red de megaproyectos. Ciento cuarenta y un títulos de concesión minera se encuentran vigentes en esta región del país[1], entre los cuales se ha determinado que existen 26 proyectos en los cuáles la explotación de minerales pareciera inminente.
Además, la Sierra Norte también ha sufrido el embate de la explotación de hidrocarburos mediante una técnica altamente dañina conocida como fractura hidráulica, dentro del proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG) de Pemex. Con el impulso que la Reforma Energética ha dado a la explotación de hidrocarburos no convencionales que requiere esta tecnología, se espera que su aplicación de intensifique en la región y, con ello, sus impactos. A todo ello se suma que, para abastecer de agua y electricidad a estas explotaciones, se ha proyectado la construcción de diez represas a lo largo de las cuencas de sus tres principales ríos: Ajajalpan, Zempoala y Apulco.
Además, para lidiar con el desplazamiento forzado de las poblaciones que supondrá el desarrollo de estos proyectos, se ha proyectado la construcción masiva de complejos inmobiliarios denominados “ciudades rurales”.
Ninguno de los proyectos anteriores ha sido consultado con las poblaciones totonacas, nahuas, tepehuas, otomís y mestizas que habitan la región. Por tanto, son proyectos que sirven intereses de lucro, de particulares externos a la región y no contribuyen a las aspiraciones de vida definidas por las mismas comunidades. Además, estos proyectos generarán graves afectaciones a los ecosistemas, la composición del suelo, los bienes hídricos, los sistemas económico-culturales en que participan estas poblaciones, la salud de los habitantes y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Entre los derechos de las comunidades que están siendo amenazados por estos proyectos se encuentran: el derecho al territorio, la tierra y los bienes comunes, el derecho humano al agua, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho de las poblaciones a ser consultadas, de acuerdo al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como mecanismo de defensa de estos derechos, las poblaciones recurren a juicios administrativos, agrarios o de amparo.
Es importante señalar que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, “tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Con la finalidad de contribuir a la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos de los pueblos y comunidades originarias asentadas en el territorio de la Sierra Norte de Puebla, la Coordinación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo Tiyat Tlali y el Centro de Análisis e Investigación, (FUNDAR), con el apoyo de la Fundación France Libertés, convocaron al seminario “La defensa del territorio y los bienes naturales de la Sierra Norte de Puebla frente a las industrias extractivas”.
El objetivo de esta convocatoria, es el de fortalecer las capacidades de pueblos y comunidades sobre derechos indígenas y derecho humano al agua, con el fin de mejorar sus estrategias de defensa del territorio y de los bienes comunes frente a megaproyectos extractivos.
En el transcurso de las cuatro sesiones, sea ha conocido el marco legal y las políticas vinculadas con el territorio y los bienes comunes; los impactos ambientales, sociales y culturales que los megaproyectos ocasionan en los territorios indígenas; así como analizar las estrategias de defensa integral del territorio.
El seminario es dirigido a personas con interés en capacitarse y formarse en derechos indígenas, integrantes de comunidades, ejidos, grupos, organizaciones que participen dentro de procesos de resistencia.
En cada uno de los módulos, la participación ha rebasado con creces lo previsto hasta en un cien por ciento, lo que evidencia el alto interés y prioridad que tiene la defensa del territorio y la misma vida entre la población de la región.
Son cinco las capacidades que se venido desarrollando desde el mes de octubre: 1) Conocer y aplicar el marco jurídico de los derechos indígenas y otras normas aplicables para la defensa del territorio; 2) La identificación de las amenazas al territorio y a la supervivencia de las comunidades; 3) Vislumbrar estrategias de manera articulada para la defensa de los derechos; 4) La documentación de actos que pueden ser violatorios de derechos humanos; y 5) Impulsar acciones legales para la defensa de sus derechos.
El Seminario ha sido dividido en ocho módulos:
- Los pueblos indígenas como sujetos de derecho y megaproyectos extractivos en la Sierra Norte de Puebla.
2.- El orden jurídico mexicano y los derechos de los pueblos indígenas.
3.- Autonomía y derechos de los pueblos indígenas.
4.- El derecho de los pueblos indígenas al territorio.
5.- Industrias extractivas y afectaciones a los derechos de los pueblos: Reforma energética, minería y explotación de hidrocarburos por fractura hidráulica.
6.- Represas. Afectaciones los derechos colectivos de los pueblos y al derecho al agua.
7.- El derecho a la consulta previa como garantía de protección de los derechos de los pueblos indígenas frente a megaproyectos.
8. Mecanismos jurídicos de defensa de los derechos de los pueblos indígenas frente a las Industrias Extractivas.
Además de los convocantes, se ha contado con académicos e investigadores de instituciones y organizaciones como el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), La Asamblea Veracruzana de Iniciativas Ambientales (LAVIDA); así como la asesoría de académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, La Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Puebla.
El Seminario se ha basado en técnicas de educación popular, en el cual se complementan los saberes de las comunidades campesinas-indígenas de la Sierra Norte de Puebla y de los especialistas en temas de industrias extractivas, derechos sociales y derechos de los pueblos indígenas.
El curso está centrado en derechos indígenas, sin embargo, también se brinda una mirada hacía otros derechos afectados por proyectos de desarrollo neoliberales, como el derecho humano al agua.
Con un enfoque práctico, los contenidos se han puesto en diálogo con las problemáticas concretas de los participantes, quienes desarrollan capacidades para hacer un uso estratégico de los derechos.
El anecdotario ha sido basto y pletórico en vivencias, que en otras entregas iremos compartiendo en este espacio.
[1] Ver información en http://consejotiyattlali.blogspot.mx