Las minas del Tunjuelo, de las cuales se extrae la mayoría del recurso pétreo empleado para la edificación en la capital, fueron cerradas por la Secretaría de Ambiente, según la cual los empresarios no cumplían con la normatividad vigente en cuanto a la protección del ecosistema.
Las mineras hicieron caso, pero el proceso de urbanización de la ciudad no se detiene y, al de decir de Caicedo Ferrer, se está haciendo incluso con cargo a la malla vial de Bogotá, que tiene que soportar ocho mil viajes adicionales de camiones cargados cada uno con 30 toneladas de material de municipios de Cundinamarca, Tolima y Meta. “Estos sobrecostos los vienen asumiendo los constructores no solamente de vivienda y edificaciones, sino también aquellos que desarrollan proyectos de infraestructura de nuestra ciudad”, puntualizó Caicedo Ferrer.
Además de la suspensión de actividades, que se mantendrá hasta que los daños generados por los mineros no sean reparados, la Secretaría comenzó en su momento un proceso administrativo que podría terminar en multas hasta por $2.500 millones.