Las sanciones a la minería ilegal, las concesiones a empresas estatales y las reformas tributarias se debatieron
La concesión directa de contratos mineros a empresas estatales fue uno de los puntos de la reforma a la Ley de Minería que fue argumentado ayer por delegados del Gobierno ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional.
El artículo 3 de la reforma dispone incorporar un inciso al artículo 29 de la normativa en el que se exceptúa de los procesos de subasta o remate público a las concesiones que otorgue el Estado a empresas estatales o sus subsidiarias.
El asambleísta por SUMA, Ramiro Aguilar, miembro de la Comisión, cuestionó la excepción argumentando que lo justo es que todas las entidades públicas y privadas tengan las mismas oportunidades de participación.
Sin embargo, el viceministro de Minas, Federico Auquilla, justificó el artículo alegando que permitirá al país entrar a procesos de asociación con otras empresas estatales.
Esto es importante, dijo Auquilla, considerando que la minería se hace con capital de riesgo y el país no tiene ese capital, y sí hay empresas estatales en Chile, Brasil o Europa que podrían hacer un negocio con el Estado.
De su parte, Virgilio Hernández (AP) recordó que en varias leyes ya existen disposiciones similares en cuanto a la relación del Estado ecuatoriano con empresas estatales.
Otro tema de debate fue la reforma sobre las sanciones a la minería ilegal (artículo 57) que incluye el decomiso, inmovilización y destrucción de los bienes y maquinaria utilizados en esta actividad.
Aguilar dijo que permitir la destrucción de la maquinaria sería, a su vez, destruir la prueba del delito, dejando un vacío a la hora juzgar a los culpables.
A esto, Auquilla respondió que a los operativos de minería ilegal van la Fiscalía y jueces y que además la destrucción o el menos la inmovilización es necesaria porque los jueces devuelven la maquinaria en menos de cinco días y poner sellos de seguridad no evita que continúe la actividad.
Sin embargo, Aguilar -citando el texto- dijo que no se señala la intervención de la Fiscalía sino únicamente a la Fuerza Pública.
Sobre los cambios a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, que trata de los ingresos extraordinarios de las empresas mineras, José Ignacio Troya, delegado del Servicio de Rentas Internas (SRI), dijo que el pago del impuesto se hará efectivo una vez que se recupere la inversión total y que el cambio se hace porque la ley actual se hizo sobre la base de la experiencia de la Ley de Hidrocarburos, que tiene inversiones ya recuperadas.
Mientras que sobre el IVA con tarifa cero a la compra de oro por parte del Banco Central, dijo que es para impulsar la formalización de los mineros pequeños y artesanales, además señaló que es un tema vigente en la ley actual.
De su parte, Andrés Arauz, delegado de Senplades, respaldó que el texto incluya en su artículo 1 al titular de la Secretaría de Planificación dentro del directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), como una manera de homologar su participación en los distintos ámbitos de los sectores estratégicos. Añadió que podría ir un delegado en lugar del Secretario.
Araúz defendió el proyecto de reforma alegando que el país debe fortalecer la gestión estratégica de los recursos naturales apuntando regionalmente, dado que las reservas ecuatorianas son de suficiente importancia como para marcar una línea de precios y poder negociar la industrialización de los recursos naturales.
Además, sobre la sujeción de costos, Arauz insistió en que las demandas internacionales no las tramite el Ciadi, sino, que estén sujetas a la ley nacional, respaldada en los mecanismos de protección a la inversión extranjera del Código de la Producción.
La reunión terminó con la solicitud de los asambleístas de conocer el mapa minero para entender de qué montos de reservas se tratan. (ABT)