Alrededor de 30 habitantes de la parroquia de Tundayme de la provincia Zamora Chinchipe llegaron a Quito hoy, 8 de junio, para presentar las medidas cautelares, que eviten el desalojo de los habitantes de la zona por las servidumbres mineras y para solicitar la suspensión del proceso de ampliación del Proyecto minero Mirador.
El documento de siete hojas fue ingresado hoy en la Sala de Sorteos y recayó en el despacho de la juez Margarita Judith Ortega Galarza, de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia.
Para Luis Sánchez, habitante de la zona y presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social «Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), las medidas cautelares pretenden que el juez competente de Pichincha cese temporalmente la ampliación del proyecto de cobre y oro de la empresa Ecuacorriente y el desalojo de los habitantes por las servidumbres mineras.
“Son 18 familias que al momento han sido demandadas por servidumbre mineras por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y por el Ministerio de Minas -dijo Sánchez- si el juez de Pichincha nos niega las medidas, nosotros seremos desalojados y despojados de nuestros territorios”.
Los desalojos podrían afectar a cuatro comunidades de la parroquia de Tundayme, en especial a la comunidad de Cascomi que es el punto central del proyecto minero donde se pretende hacer laguna de relaves, escombreras y huecos. Este hecho afectaría a 105 familias, es decir, a 600 personas entre hombres, mujeres y niños.
Para Harol Burbano, abogado que acompaña el caso, las medidas cautelares permitirán que el Juez pueda escuchar a las comunidades y así evitar una “gran violación de derechos humanos”. Si la medida es rechazada, el jurista dijo que llevará el caso a las cortes internacionales. “Si el Estado no cumple y respeta los derechos de la comunidad se llevará el caso a instancia internacionales”.
Según Burbano, el proyecto minero Mirador se dio sin cumplir el Mandato Minero que establece realizar consulta previa, libre e informada en las comunidades indígenas que se encuentran cercanas a la zona de los recursos naturales.
Con esa acción jurídica también se busca que el Ministerio de Ambiente de a Ecuacorriente licencias ambientales para el trabajo en la zona. Al momento, los trabajos de la empresa se encuentran paralizados por los daños ambientales cometidos. Sin embargo, Sánchez asegura que aún se ve maquinaria laborando.
Actualmente la empresa realiza trabajos preliminares en el sector, pero estos ya ocasionaron daños ambientales como la contaminación de los ríos Tundayme y Quime que ya no están cristalinos sino con lodo, aseguró Sánchez.
Para Severino Sharupi, dirigente de tierras de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la defensa del territorio es fundamental para los pueblos, por eso la Conaie respalda a la comunidad shuar.
Tras la presentación de las medidas cautelares en Quito, el viernes 12 de junio se presentarán las segundas medidas en la ciudad de Yantzaza, en la provincia de Zamora Chinchipe.