Luis Gárate, COOPERACCION
25/08/2020
Imagen: DX
Más allá de lo sanitario, son varios los temas que han entrado en disputa en plena pandemia del COVID-19 y el plano de los acuerdos internacionales no ha sido la excepción. Es el caso del Acuerdo de Escazú, que ha despertado airadas reacciones de rechazo de algunos sectores de la sociedad peruana.
El nombre completo de este compromiso internacional es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este ya había sido firmado por el gobierno peruano en el año 2018, y debe ser discutido y eventualmente ratificado en estos días por el Congreso de la República, que tendría hasta el 26 de setiembre para hacerlo. Sin embargo, pareciera que el gobierno se ha replegado en el momento de dar el debate y esclarecimiento del mismo, pues el canciller Mario López señaló que se debe seguir analizando y debatiendo antes de la ratificación.
A mediados de julio los principales gremios empresariales: Confiep, Sociedad Nacional de Industrias, Adex, entre otros, se opusieron mediante un comunicado al acuerdo señalando que “puede atentar contra la soberanía del país al tener que llevar discusiones que se deben resolver en el ámbito local, a instancias internacionales”. En esa misma línea se han pronunciado sectores políticos conservadores, como la Asociación de Generales y almirantes en retiro de las FFAA y la llamada Coordinadora Republicana.
A esto se ha sumado un reciente comunicado del Colegio de Ingenieros del Perú, que señala que no debería ratificarse el acuerdo pues argumentan que ya existirían normas vigentes que garantizarían la trasparencia en temas ambientales. Asimismo repiten el argumento de que se vulneraría la soberanía nacional, que se crea la figura de los “defensores ambientales” y que se ahuyentaría a las inversiones privadas.[1]
El Acuerdo deberá ser ratificado por 11 países para entrar en vigencia. El Perú sería el décimo en firmarlo. Recordemos que el acuerdo busca “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.[2]
En su informe de julio de 2020 en el que analiza el impacto del COVID-19 en América Latina, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, señaló que el Acuerdo de Escazú es “un valioso instrumento para buscar soluciones centradas en las personas y basadas en la naturaleza.”
Cabe recordar también que la ex ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, promovió la firma de este acuerdo y salió en defensa del mismo en su momento. Señaló que este servía para proteger a los defensores ambientales, dándoles derecho a la participación, y que con más transparencia se podría prevenir los conflictos sociales. Asimismo señaló que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó suscribirlo y avanzar en esta línea.[3]
La ex titular del Minam explicó que este instrumento fue firmado por el Perú en el 2018 luego de un largo proceso de discusiones, y tuvo la opinión favorable de los ministerios de Energía y Minas, de Economía y Finanzas, del Ambiente y de Relaciones Exteriores.
Por su parte, la actual ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, aseguró recientemente que el Acuerdo de Escazú no afecta la soberanía del Perú y servirá para prevenir los conflictos sociales.
“En su momento ya emitimos nuestra opinión como Ejecutivo, y ahora está en manos del Congreso tomar la decisión. Nuestra obligación es presentarle toda la información a ellos y a la ciudadanía, por eso estamos participando en todas las comisiones sobre el tema”, dijo en entrevista con Radio Nacional.[4]
De esta manera nos queda más claro que algunos sectores están jugando a la desinformación y la posverdad respecto el acuerdo. Nos cabe la pregunta del por qué estos sectores se oponen a un instrumento de política internacional que promueve más transparencia, participación y protección de los defensores ambientales, si parece estar claro que el Estado peruano en sus diferentes niveles lo respalda. Además cuenta con opiniones favorables de la más alta instancia de las Naciones Unidas, de la OCDE, y correspondería la ratificación al congreso, como un estado que asume de manera responsable sus compromisos internacionales, tras habar firmado el acuerdo en primera instancia.
En tiempos en que la vida y la salud deben ser lo primero, la firma de este acuerdo aparece como importante para proteger los derechos humanos y ambientales. El gobierno peruano no debe dejarse presionar por algunos grupos de interés que claramente no desean que se genere mayor transparencia, participación y justicia para las personas que defienden el ambiente.
Puede ver el documento completo del Acuerdo de Escazú aquí:
https://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/203_Acuerdo_Escazu.pdf
[1] Comunicado del Colegio de Ingenieros del Perú del 21 de agosto de 2020
[2] https://larepublica.pe/economia/2020/07/20/acuerdo-de-escazu-citaran-a-ministra-del-ambiente-y-de-relaciones-exteriores-al-congreso-ambiente-fabiola-munoz/
[3] https://andina.pe/agencia/noticia-ministra-del-ambiente-acuerdo-escazu-fortalece-posicion-del-peru-805348.aspx
[4] https://elperuano.pe/noticia-ministra-del-ambiente-acuerdo-escazu-no-afecta-soberania-nacional-101269.aspx