Agosto 2021
Foto: Referencial
En las últimas semanas se han ido sumando un conjunto de noticias en materia tributaria que, hay que reconocer, son buenas para la economía del país. Varias empresas, que tenían un conjunto de deudas tributarias, finalmente las están asumiendo y han comenzado a pagar o han anunciado que lo harán.
Los procesos son distintos y no es que las empresas por voluntad propia hayan decidido asumir sus deudas tributarias. En algunos casos, como el de la empresa Buenaventura y Cerro Verde, los pagos se realizan luego de largos procesos legales y teniendo de por medio una sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó una pretendida prescripción de las deudas. Que quede claro que ambas empresas, como muchas otras deudoras, hicieron lo imposible, utilizando todos los vericuetos legales para no pagar o retrasar al máximo el pago.
Como se sabe, varios de estos procesos han demorado entre diez y quince años. Además, como lo ha recordado un reciente artículo publicado por CooperAccion, en ambos casos son pagos bajo protesto, lo que significa que las empresas no se han resignado y mantienen la esperanza que los tribunales les den la razón, lo que significaría la devolución de lo pagado al Estado. Mientras tanto, la buena noticia es que el fisco recibirá este año un ingreso adicional de 2,647 millones de soles por el pago de ambas empresas.
Por otro lado, el Ministro de Energía y Minas, Iván Merino, ha anunciado que el Tribunal Fiscal resolverá en los próximos 30 días sobre una deuda de aproximadamente 690 millones de soles de la empresa Las Bambas por concepto de IGV de los años 2011 y 2012. Además, se anuncia que, finalmente, esta empresa comenzaría a pagar desde este año impuesto a la renta (IR). De producirse, este adelanto del pago de IR se explicaría sobre todo por los altos precios internacionales de los minerales que han permitido que finalmente recuperen sus inversiones. Como se sabe, Las Bambas inició la fase de producción el año 2016.
Todos estos anuncios, más el incremento de la recaudación tributaria, sobre todo proveniente de la minería, están permitiendo que este año se registren mayores ingresos fiscales, luego de una fuerte caída de la recaudación el año pasado. Sin embargo, debe quedar claro que algunos de estos ingresos, como los que provienen de las deudas tributarias, son excepcionales y en relación al aporte tributario de la minería no hay de por medio ningún cambio en la política tributaria, es decir solamente nos estamos beneficiando de la mejora de los precios internacionales de los minerales.
Por lo tanto, sigue pendiente la puesta en marcha de una verdadera reforma tributaria de carácter estructural en el país -somos el único país de la Alianza del Pacífico que no ha implementado una reforma tributaria estructural-. En el campo de la minería, no debemos repetir el error cometido durante el período del súper ciclo de precios de las materias primas (2002-2012), cuando dejamos de colocar un impuesto a las sobreganancias mineras.
Que la lluvia de millones que se viene anunciando este año no nos haga olvidar que el Perú figura en el ranking de los 10 países en el mundo con menor presión tributaria y seguimos estando muy lejos del promedio latinoamericano. Con una presión tributaria que gira desde hace décadas alrededor del 14% del PBI, en épocas de bonanza y en tiempos de vacas flacas, el Estado peruano seguirá en colapso total y sin poder atender necesidades urgentes. ¿Será que estos repentinos pagos millonarios buscan transmitir la idea de que “las empresas ya están pagando y no se necesita hacer ninguna reforma tributaria”?
Los que se opusieron antes a una reforma tributaria y, sobre todo, a cambios sustantivos en la política tributaria minera, en la actualidad han comenzado a desplegar una nueva ofensiva para evitar que en el país se produzcan cambios y se avance con una verdadera política tributaria progresiva, tal y como lo recomiendan todos los organismos internacionales y se comienza a implementar en países con una actividad minera importante.
En un contexto de emergencia como el que vivimos, con la amenaza de una posible tercera ola y la necesidad de seguir impulsando la recuperación de la economía, es totalmente legítimo que el Estado peruano busque capturar un porcentaje mayor de la renta minera, en un contexto en el que las empresas están teniendo ganancias extraordinarias.
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