El viernes 12 de julio se desarrollaron los alegatos, en el marco de un recurso de protección presentado por vecinas de Llay-llay, contra la aprobación ambiental de una fundición a metros de sus casas. El proyecto de una empresa suiza entró a evaluación mediante una declaración de impacto ambiental y sin información clara y oportuna a la ciudadanía.
El viernes en la mañana en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el abogado Alvaro Toro, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, presentó los argumentos comunitarios para impugnar la aprobación de la planta procesadora y purificadora de metales preciosos de Andean Dragon, empresa suiza que ingresó la iniciativa mediante un DIA, pese a que pretende llegar a procesar 1500 toneladas de mineral, a metros de una zona altamente poblada de Llay Llay, localidad que está a punto de ser declarada «saturada» por contaminación del aire.
Los alegatos se realizaron luego de que fuera acogido a trámite un recurso de protección contra el actuar del Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso, por considerar que la acción de este organismo había privilegiado las inversiones por sobre el derecho a la salud, la vida, la participación y a un medio ambiente libre de contaminación.
Lilian Aspé, una de las vecinas que interpuso la acción expresó que «para nosotras es angustiante pensar que tendremos una industria como la aprobada por el SEA a pasos de donde estudian nuestros hijos, queremos cuidar nuestro aire, nuestra agua y el derecho a seguir siendo una comuna agrícola como hemos sido hasta ahora», la recurrente señaló también que «nos da rabia e impotencia que no haya suficiente información a la comunidad, que las cosas se hagan a las espaldas de los vecinos, la ordenanza de participación ciudadana de nuestra ciudad señala claramente en el artículo 4° de los objetivos, N° 3 y 9, que el municipio debe apoyar e impulsar la participación ciudadana, que tenga como objetivo contribuir en una discusión de alcance local, así como también aquellas en materia de gestión ambiental. Por este motivo invitamos a la autoridad a conocer nuestras demandas y a permitirnos informar a la comunidad, que se siente atemorizada por algunas medidas de represión que se han realizado y que tienen relación con el municipio”.
El abogado Alvaro Toro, en tanto, señaló que «lo que estamos pidiendo es que se anule la aprobación de este proyecto, por considerarla ilegal y arbitraria, ya que no había los antecedentes suficientes como para garantizar la no contaminación, es la primera industria fundidora de metales preciosos en el país, y por lo que sabemos de los procesos de extracción química de los minerales, es que los residuos que se extraen de ellos son altamente tóxicos y van a quedar en alguna parte… si va a ser el suelo, el agua o el cielo de Llay-Llay, supone impactos que deben ser evaluados mediante un Estudio de Impacto Ambiental y no mediante una Declaración».
Las y los vecinos seguirán desplegando actividades de difusión y articulación en torno a esta temática, pues están conscientes de que sin despertar comunitario no se pueden frenar los proyectos contaminantes en los territorios.