De acuerdo al escrito de la Asociación Gremial de Industriales Mineros (Asogemin), el comité «sobrepasó largamente sus facultades» al declarar inválido el proceso.
La polémica por la fallida licitación del Contrato Especial de Operación del Litio (Ceol) continúa. Esta vez, la Asociación Gremial de Industriales Mineros recurrió a la Contraloría para denunciar a los integrantes del Comité Especial de Licitación (Cel) y su responsabilidad en lo que consideran la «ilegalidad» de declarar inválido todo el proceso que había dado como ganadora a la chilena SQM, compañía que resultó descalificada por mantener litigios pendientes con el Estado.
El comité era presidido por el renunciado subsecretario de Minería, Pablo Wagner, mientras que la ex jefa de la División Jurídica de la cartera, Jimena Bronfman, actuaba como secretaria. Completan el organismo el vicepresidente ejecutivo de la Cochilco, Andrés Mac Lean; el director del Sernageomin, Julio Poblete, y la jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio de Minería, Alicia Undurraga.
De acuerdo a la denuncia de la Asogemin, es evidente que el Cel «no cumplió con su obligación de velar por el fiel cumplimiento de los procedimientos definidos para este proceso de licitación y de verificar y evaluar los requisitos administrativos, entre ellos la veracidad de la declaración jurada» de SQM, en la que indicaba que no mantenía litigios pendientes con el Estado de Chile.
Asogemin reúne a más de 3.000 pequeños empresarios mineros, muchos de ellos que cuentan con pertenencias en los salares susceptibles para la explotación de litio, por lo que veían a esta licitación como una potencial fuente de negocios.
El documento desarrollado por la asociación agrega que el comité «debería haber verificado la efectividad del contenido de la declaración jurada, lo que manifiestamente no hizo. Solo así pudo omitirse este requisito de que el oferente no tenga juicios pendientes con el Estado de Chile, lo que en el caso de Soquimich, es falso. A pesar de lo cual se le adjudicó la licitación (…) Los hechos denunciados involucran la responsabilidad internacional del Estado de Chile desde que la licitación es no sólo nacional sino, además, internacional».
La totalidad de las decisiones contenidas en el acta del Cel adolece de ilegalidad, dice el documento.
Asimismo, indican que la decesión de invalidar la licitación, poniendo término a todo el proceso «es contraria a las facultades y atribuciones que conforme a las Bases de Licitación, tiene el Cel (…) sobrepasa largamente sus facultades».