Agrupaciones que defienden los recursos naturales de Huehuetenango informaron que las comunidades de ese departamento rechazan el reglamento que propone el Gobierno para la realización de consultas comunitarias y prevén un estallido social si no se da marcha atrás a esa medida.
Grupos de defensa de recursos naturales de Huehuetenango dan a conocer su postura sobre la medida del Gobierno.
POR MIKE CASTILLO
Francisco Mateo Morales, de la Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango (ADH), explicó que están inconformes porque se propone un reglamento para las consultas comunitarias decidido solo por el presidente Álvaro Colom y el sector empresarial, pero nunca se involucró a la población.
“Intereses de clases”
“Dicha reglamentación obedece a intereses de las clases poderosas, y por eso no permitiremos que entre en vigor, pues las consultas comunitarias no se negocian, ya que nacen de los pueblos y son procesos de verdadera democracia que buscan exponer el punto de vista de las poblaciones relacionadas principalmente a temas de la explotación minera, la construcción de hidroeléctricas y megaproyectos”, expresó.
Mateo agregó que ese reglamento es una forma de descalificar las 28 consultas comunitarias celebradas en igual número de municipios de ese departamento, así como las 48 que se han realizado en Quetzaltenango, San Marcos, Quiché y Huehuetenango.
Según el representante de la ADH, el aludido reglamento contradice lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, le facilita el camino a las transnacionales para explotar los recursos naturales del país y busca callar la voz de las comunidades.
Acciones
Alfonso Morales, líder comunitario, advirtió de que si el Gobierno impone el reglamento, las comunidades que han efectuado consultas se alzarán contra la medida.
Dirigentes comunitarios comentaron que están dispuestos a bloquear calles y a defender sus tierras de las empresas transnacionales.
Agregaron que la voluntad del pueblo debe respetarse al igual que el derecho indígena.
Además, pedirán a los alcaldes que emitan acuerdos que prohíban la venta de terrenos a compañías mineras, hidroeléctricas o de cualquier tipo que tenga intenciones de explotar los recursos naturales de ese departamento.
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