16 de Enero 2012
Sociedad civil podría beneficiarse con mejor información pública
La semana pasada se presentó en el Congreso de la República, el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información de las Industrias Extractivas de Recursos Naturales No Renovables, que busca promover la transparencia y fortalecer los derechos ciudadanos, permitiendo que la sociedad civil acceda a información relevante y conozca el valor de los pagos tributarios y no tributarios de las empresas, al igual que los ingresos recibidos por las entidades gubernamentales.
El proyecto de ley es el resultado de una iniciativa internacional, que se gestó el 2002 durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, llamada EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), conocida en castellano como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, a la que el Perú está adherida y viene coordinando acciones a través de una Comisión de Trabajo conformada por el Estado peruano, las empresas mineras, petroleras y gasíferas y las organizaciones de la sociedad civil.
EITI promueve la mejora en los índices de gobernabilidad en países ricos en recursos naturales; su aplicación implica la publicación periódica de los pagos tributarios y no tributarios significativos efectuados por las empresas a los gobiernos y los ingresos recibidos por los gobiernos de dichas empresas. El Perú se ha venido alineando a dichos requerimientos y actualmente está a la espera de conocer si califica como país cumplidor, con lo cual la sociedad civil podría beneficiarse con mejor información pública acerca de los montos que pagan las empresas extractivas y cómo los gobiernos administran esos recursos en nombre de los ciudadanos, fomentando así la rendición y transparencia de cuentas; esto también permite mejorar el clima de inversión en el País. Es por ello que el trabajo coordinado de esta coalición tripartita entre representantes de gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil ha sido y es muy importante.
En el Perú las actividades del sector extractivo, principalmente de minería e hidrocarburos, han aportado en la última década, en promedio, alrededor del 6.6% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, creemos que la iniciativa puede coadyuvar a prevenir y disminuir los conflictos sociales, pues otorga mejores elementos para ejercer vigilancia ciudadana sobre las industrias extractivas y contribuye con el ejercicio pleno del derecho a la información, para una toma de decisiones oportuna y adecuada a favor del desarrollo sostenible de las comunidades donde se explotan los recursos naturales.