PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
LA LEY DE MINERÍA ES UNA NUEVA ESTOCADA TRAPERA CONTRA EL PUEBLO HONDUREÑO
Las organizaciones miembros de la Coalición Nacional de Redes Ambientales, nos dirigimos a las organizaciones y movimientos sociales de Honduras y a la opinión pública nacional e internacional para denunciar las manifiestas intenciones del actual gobierno por continuar entregando nuestros territorios y Bienes Naturales al capital transnacional corporativo. Además de iniciativas ya repudiadas por pueblo, como las denominadas ciudades modelo, ahora pretenden continuar entregando a pedazos nuestro país a través de la aprobación de una ley de minería que a todas luces resulta apátrida y servil.
Denunciamos y alertamos al pueblo hondureño que la Comisión de Minería del Congreso Nacional, representada por los diputados Donaldo Reyes Avelar y Rolando Dubón Bueso en colusión con la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), la Dirección de Fomento a la Minería (DEFOMIN), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) Y EL COLEGIO DE INGENIERIOS se niegan a escuchar las exigencias ciudadanas que demandan la PROHIBICIÓN DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN MINERA A CIELOS ABIERTOS, tal y como quedó claramente expresado por el pueblo durante las jornadas de socialización del proyecto de ley.
De igual manera denunciamos que estos personajes y sectores, lejos de atender el interés nacional, se han convertido en Promotores y defensores de la minería a cielos abiertos, así como de los intereses de gobiernos extranjeros como Chile y Canadá, quienes veladamente han mantenido una fuerte injerencia a lo largo de todo el proceso de creación y revisión del proyecto de ley de minería.
A lo largo del proceso de revisión del proyecto de ley, la actitud del gobierno y la empresa privada ha sido de prepotencia y autoritarismo al imponer sus criterios de cualquier manera sin tomar en cuenta los aportes y exigencias de la población y sectores organizados que participaron en las 8 jornadas de socialización. Tales hechos constituyen una burla mas para el pueblo y evidencia de que el actual gobierno y los sectores señalados sirven preferentemente a los intereses particulares de las corporaciones mineras. Las corporaciones a quienes favorece el proyecto de ley de minería han demostrado tanto en Honduras como en otras partes del mundo que son empresas destructoras del medio ambiente, la vida y la salud humana, y que lejos de generar desarrollo fomentan la corrupción, la degradación ecológica, la evasión de impuestos y traen mayor pobreza para las comunidades y el país.
Desde la Coalición Nacional de Redes Ambientales hemos expresado claramente nuestra firme determinación de no permitir que nuestra nación continúe siendo presa de la rapiña y depredación que conlleva la minería a cielos abiertos y que ya ha dejado una estela de destrucción, contaminación y enfermedades en el Valle de Siria y en otras partes del país.
Permitir la continuidad de este destructivo método de explotación solamente pronostica un mayor incremento de la conflictividad social, ya que la ley de minería permitiría la operación de por lo menos 400 proyectos mineros que actualmente están en suspenso a la espera de la aprobación de esta ley. Ante esta amenaza comunidades, organizaciones sociales y gobiernos locales hemos advertido que con ley o sin ley, no permitiremos que ninguna empresa minera se instale en nuestros territorios, por lo que la responsabilidad de los conflictos que se deriven será directamente del actual Congreso Nacional comandado por Juan Orlando Hernández.
El comité ejecutivo de la Coalición Nacional de Redes Ambientales ha acordado mantenerse en pie de lucha defendiendo los intereses del pueblo hondureño en este proceso de revisión del proyecto de ley, a pesar de que la conformación del mismo es altamente inequitativa y desproporcional al estar compuesta mayoritariamente por instituciones estatales y la empresa privada, con muy escasos espacios para la participación de las organizaciones sociales, dentro de las cuales ha sido lamentable el papel desempeñado por la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) y de la organización católica CARITAS, quienes en ningún momento han dado visos de defensa de la población y sus Bienes Naturales.
Declaramos a la comunidad nacional e internacional que continuaremos en este espacio de debate de la ley de minería para intentar garantizar el Derecho del pueblo hondureño a decidir si permite o no permite un proyecto minero en sus territorios, mediante procesos transparentes de consulta libre, previa e informada que tenga carácter de obligatoriedad para los grupos empresariales y el sector estatal.
Ratificamos nuestra determinación, tal y como lo expresamos en las jornadas de socialización, de participar en estos procesos de revisión de la ley para defender los intereses del pueblo y sus territorios y no para legitimar la aprobación de esta nueva estocada trapera contra el pueblo Hondureño.
¡LA PATRIA NO SE VENDE, SE PROTEGE Y SE DEFIENDE!