El proyecto de Ley de la Empresa Pública dispone cuatro tipos de firmas estatales, de carácter estratégico o social. Dos de éstas tienen la finalidad de regular las inversiones en el país estructurando mecanismos atractivos para la unión de capitales públicos y privados.
El domingo, la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro Hinojosa, informó que el proyecto de Ley de la Empresa Pública ya fue enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento.
El texto, al que tuvo acceso La Razón, establece “el régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado que comprende a: las empresas estatales, empresas estatales mixtas, empresas mixtas y empresas estatales intergubernamentales para que con eficiencia, eficacia y transparencia contribuyan al desarrollo económico y social del país transformando la matriz productiva y fortaleciendo la independencia y soberanía económica” del Estado boliviano. La norma señala que éstas podrán tener carácter estratégico o social, y varios tipos de gobernanzas, dependiendo de su estructura societaria.
Tipos. La empresa será estratégica cuando desarrolle su actividad económica en los rubros de hidrocarburos, minería, energía, transporte, telecomunicaciones y otros con el fin de producir excedentes económicos para potenciar el desarrollo económico productivo y financiar la atención de políticas sociales.
Esas actividades serán identificadas por el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Coseep) que tiene el objeto de contribuir a la gestión de las firmas públicas para consolidar sus objetivos estratégicos y fines económicos. Es la máxima instancia de definición de políticas, estrategias y lineamientos generales para la gestión empresarial pública y está conformada por el Presidente, Vicepresidente y los ministros de la Presidencia, de Planificación del Desarrollo y de Economía.
Las estatales serán sociales cuando tengan la capacidad de generar rentabilidad social contribuyendo al crecimiento económico, creando empleos, prestando servicios, cubriendo demandas insatisfechas e interviniendo en el mercado para evitar distorsiones de éste. “Se da un alto énfasis a la producción con el fin de romper el patrón primario exportador”.
La exposición de motivos del proyecto de ley establece que “la intervención del Estado en la economía es una de las características del nuevo modelo. Así, el fortalecimiento y la creación de empresas públicas se constituyen en el motor de la nueva arquitectura económica”. El 1 de diciembre de 2011, el vicepresidente Álvaro García puso en claro que las empresas estatales “no son fuente de empleo masivo”, sino de generación de recursos para el país.
“Las empresas del Estado no tienen por función generar empleos, tienen por función generar recursos para el Estado, que luego se distribuyen a la población boliviana a través de bonos, rentas, inversiones, hospitales, escuelas”, manifestó. García dijo que las pequeñas empresas estatales generan recursos estratégicos y fomentan la producción local en distintos municipios del país.
En la exposición de motivos, además, se añade que la normativa está orientada a responder las necesidades de “regulación de inversiones en el país” estructurando, mediante las empresas mixtas y empresas estatales mixtas, mecanismos atractivos para unir capitales públicos y privados destinados a la inversión.
El modelo económico del país
La norma señala que en el nuevo modelo económico que se instituye en el país el salto industrial se desarrolla bajo tres ejes: el primero apunta a programas de industrialización a gran escala; el segundo a impulsar proyectos industriales de pequeña y mediana envergadura; y el ultimo a la prestación de servicios.
Compañías corporativas
Las compañías YPFB, Entel, Comibol y ENDE se constituirán en empresas corporativas una vez que éstas adopten la tipología de la empresa que les corresponde. Así lo establece el proyecto de Ley de la Empresa Pública enviado a la Asamblea.
Las cuatro empresas estatales señaladas tendrán empresas filiales y empresas subsidiarias (ver infografía). Además desarrollarán sus funciones en el marco del régimen legal de las empresas públicas, dispuesto en la ley.
En la exposición de motivos del proyecto de ley se indica que “el Estado retoma con la nacionalización, el control de los recursos naturales de los sectores estratégicos como los hidrocarburos, minería, energía, así como telecomunicaciones, para beneficiar” al país en lugar de favorecer a las empresas transnacionales.
También señala que la norma regula la constitución y el desenvolvimiento de las firmas corporativas como una forma de organización empresarial que integra a varias empresas públicas de diferente tipología con el fin de lograr un objetivo común bajo el liderazgo de una empresa matriz que ejerce la dirección y el control de sus empresas filiales y subsidiarias.
En diciembre de 2011, el vicepresidente Álvaro García dijo que YPFB, Entel y Comibol generaron en estos años millonarios ingresos para el Estado y que las dos primeras destinan parte de sus ganancias al pago de la renta Dignidad.
La normativa permitirá eliminar trabas jurídicas
La exposición de motivos del proyecto de Ley de la Empresa Pública dice que es necesario aprobar la norma para que contribuya a su desarrollo y consolidación, ordene la escasa legislación vigente, permita nuevos institutos jurídicos de las empresas estatales y las libere de trabas jurídicas que impiden su desarrollo empresarial de modo ágil.
Estatales deberán formar una reserva legal del 5%
La norma ordena que las empresas públicas constituyan una reserva legal del 5% como mínimo de las utilidades líquidas y efectivas obtenidas, hasta alcanzar la mitad del capital pagado, destinada a cubrir eventuales pérdidas. En caso de que las pérdidas no sean cubiertas con la reserva legal, las utilidades no podrán ser distribuidas.
Estatales estarán sujetas a auditoría
Las empresas públicas cada año se sujetarán a una auditoría externa que deberá ser realizada por una firma legalmente constituida en el país. La Contraloría ejercerá control de administración sobre las compañías estatales.