El pasado once de Mayo venció por fin el plazo que la corte constitucional otorgó al gobierno para que este presentara una alternativa ante la inexequibilidad de la ley 1382, que modificaba algunos artículos de la ley 685 o código minero.
Como todo lo que ocurre con este gobierno, tampoco hubo interés en presentar una nueva ley y se optó simplemente por emitir tres decretos para “amparar” los artículos que se cayeron el pasado once de este mes.
La escaza preparación y conocimiento en temas mineros del gobierno de Santos, raya en lo absurdo, porque si bien, según algunos funcionarios estos artículos quedan al cubierto por estos decretos y porque en el plan de desarrollo presentado para este cuatrienio se convirtieron en ley de la nación, los daños ocasionados por su improvisación y su desidia son para el sector minero incuantificables, pues se continua en un limbo jurídico toda vez que las reglas de juego pueden ser modificadas nuevamente al capricho de los funcionarios de turno.
Pero lo más grave de lo que ha ocurrido con la falta de interés de este gobierno en entregar después de tres años, unas reglas claras para el sector minero, es que la nación queda expuesta a reclamaciones que se convertirán con seguridad en millonarias demandas por todos los que fueron afectados por la derogación de la ley 1382 y por el cierre de casi tres años del Catastro minero Colombiano.
Como puede resarcirse el daño ocasionado a un empresario minero que presento una solicitud para contrato de concesión bajo la ley 685, realizaron su evaluación y calificación con la ley 1382, y negaron su solicitud bajo los artículos de esta misma ley, aun con el conocimiento que la autoridad minera tenia de que se iba a caer, con el agravante que en una carrera contra el tiempo han tratado de “evacuar” estas solicitudes y muchas de las resoluciones saldrán nuevamente bajo el amparo de la ley 685.
Qué pasara con aquellos títulos que se vencieron en el periodo de cierre de Catastro Minero Colombiano y que por ley se caducan, toda vez que no cumplieron por culpa del gobierno con los plazos para la renovación?
Con que patrimonio van a responder los funcionarios que negaron la mayoría de las solicitudes presentadas ante la autoridad minera, basados en unos requisitos que obligaba la ley 1382 a los solicitantes, si esta ley nunca existió para la jurisprudencia?
Qué sanciones tendrán los que promulgaron una ley que produjo que más del 94% de las solicitudes para contratos de concesión de títulos mineros fueran negadas por no cumplir los requisitos de la misma, si esta ley no era constitucionalmente viable?
Qué va a pasar con los grandes proyectos que fueron archivados en estos últimos años por exigencias de una ley que no existe?
Puede ser que jurídicamente se logre “remendar” estos retazos que la improvisación y falta de interés del alto gobierno deja al sector minero; lo que si va a ser muy difícil es recuperar el tiempo que se ha perdido debido a los bandazos de las autoridades mineras, tiempo que al final castigará económicamente al país, a través de la desinversión en un sector que prometía convertirse en motor para el desarrollo de Colombia y que como se ha demostrado en países de la región, trae progreso y bienestar, cuando se maneja con responsabilidad y con reglas claras para los que buscan invertir.
Está la autoridad minera preparada para la avalancha de reclamaciones y posibles demandas que con seguridad vendrán después de la caída de la ley 1382?
Cuál es el papel que tienen los diferentes agremiaciones en la búsqueda de una estabilidad jurídica, que permita coordinar al sector minero frente a la incertidumbre que para los ejercen esta actividad representan estos cambios en las reglas de juego, y que cada cuatro o cinco años se presentan generando caos, perdida de proyectos y de inversiones y que dependen del prisma con que el gobierno de turno mira al sector?
Tendremos los mineros o no, el respaldo de una política estatal que permita construir desarrollo basado en la extracción responsable de nuestros recurso naturales, o nos quedaremos enquistados por tiempo indefinido en políticas de crecimiento basadas en el agro, que cada vez está más solo y depende de subsidios que vienen a menoscabar el presupuesto social y de inversión que el gobierno malgasta, con la falsa promesa de una locomotora que carece de rieles por donde transitar y que además no tiene siquiera un conductor que la ponga en marcha…?
Es consiente el gobierno Santos, de la oportunidad que se está perdiendo por la falta de coherencia entre los entes responsables del sector minero, que a conveniencia de sus funcionarios entorpecen y ponen talanqueras a los proyectos y a los pequeños empresarios?
Cuál es la responsabilidad que nos atañe con nuestras generaciones futuras, si no aprovechamos las oportunidades de mercado en un corto boom minero energético?
Seguiremos permitiendo que la extracción de minerales se desarrolle como una actividad criminal, desordenada, agresiva, inequitativa e injusta, con nuestras comunidades y medio ambiente, y que aporta cero pesos a la nación, o permitiremos que se haga una minera inclusiva, con estándares internacionales, fiscalizada y que dinamice a las regiones y al país…..Porque de un modo u otro, los minerales del subsuelo se van a extraer!
Por: Carlos Mojica M
Director Ejecutivo – www.paisminero.co