Ante la negación de amparo a comunidades frente la megaminería tóxica
18/01/2021.
En un mundo que no esté al revés, la vida de cualquier individuo, comunidad o territorio, sea o no indígena, merece
respeto. Merece que no se le despoje y que no se le atropelle. Un Estado que permite el despojo y lo justifica es un
Estado diseñado para el atropello.
Para cualquier ser vivo, cualquier modelo de “desarrollo” basado en el despojo, en la extracción de sus medios de
vida, es un atropello. Y eso, aunque la devastación y saqueo han sido parte de un proceso continuo a lo largo de la
historia y siguen siendo tan comunes que se ven como algo “natural”.
En un mundo que no esté al revés, quien atropella no debe quedar en la impunidad. Y una Ley que justifica y permite
el despojo debe ser erradicada por injusta. Y los legisladores y jueces que han hecho del despojo una Ley no deben
quedar en la impunidad. Aunque sea insuficiente, saludamos que funcionarios de la Semarnat se atrevan a asomar
la cabeza y sugerir con diplomática moderación lo que tenían que haber planteado sin ambages desde hace años, o
al menos desde el inicio de este sexenio: algo tan elemental como que la ley debe de respetar la integridad
ambiental. Hay que animarlos a que se atrevan a más, que es lo menos: a exigir y a ocuparse de lleno en que la Ley
Minera sea sujeta a una transformación profunda, no importa si esa transformación es la primera o la quinta.
En un mundo que no esté al revés, haciendo a un lado cualquier moderación diplomática ante la estructura jurídica
actual y ante el poder del capital, es una responsabilidad básica el que todas las dependencias del Estado, cada una
desde su respectivo ámbito, sea el de la salud, el ambiental, el educativo, el económico, el cultural, desde todos los
ámbitos, se exijan a sí mismos, de entrada y en su propio desempeño y el de sus funcionarios, y a todo el sistema en
su conjunto, el respeto a la vida y al futuro de los habitantes de este país, sean o no indígenas, y el respeto a la vida
en su conjunto y al futuro de sus territorios sin discriminación étnica, de género y de clase, como un postulado
fundamental ya impostergable. Sin ese acuerdo plasmado en hechos, no hay Estado que valga.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
