Por Julia Cuadros FallaEn sus primeras declaraciones, el Presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Dancuart, señaló que se realizaría un Peritaje Internacional sobre el Caso de Minas Conga.
A la pregunta del entrevistador, si ello significaba que ¿el proyecto podría ser suspendido?, Valdés respondió que no, que el peritaje era sólo para “tranquilizar a la población”.
¿En qué quedamos? Por un lado el Premier señala que es sólo para tranquilizar, mientras que el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo Díaz, declara que si el peritaje señala que si los resultados indicaran que no se pueden mitigar los impactos ambientales, entonces el proyecto minero no va.
Las declaraciones del Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, revelan una estrategia similar e incluso menor que la de su antecesor, pues señala que liderará un portafolio “proactivo” que permita atraer inversiones de primer nivel, pero incluyendo y consultando a la población al momento de presentar un proyecto (minero). Queremos leer entre líneas entonces que ¿el rol de evaluación y fiscalización ambiental pasará definitivamente al Ministerio del Ambiente?
Poco se dice sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental, que en la práctica está en manos privadas y con un ministerio sin capacidad técnica ni recursos humanos y financieros para abordar con rigurosidad las certificaciones ambientales. Esperemos que las primeras declaraciones del nuevo Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal Otárola, en el sentido de fortalecer el Sistema de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental se hagan realidad.
No olvidemos que hasta ahora, un indicador de eficiencia y eficacia del Ministerio de Energía y Minas ha sido el número de Estudios de Impacto Ambiental aprobados por año; nos preocupa entonces que su aprobación no dependa tanto de su idoneidad técnica, social y ambiental, sino del cumplimiento de indicadores cuantitativos, en aras de “garantizar” la inversión prevista en su cartera de proyectos.
Consideramos que si no se abordan los temas de fondo que son la causa de los conflictos socio-ambientales, las declaraciones de las nuevas autoridades se quedarán en eso, simples declaraciones. Los temas a ser abordados forman parte de una agenda de derechos que las poblaciones de los territorios impactados por la presencia de actividades mineras han venido levantando desde hace más de 10 años.
Frente a la expansión territorial de las concesiones mineras, las poblaciones y sus organizaciones representativas han planteado la necesidad de ordenar el territorio nacional y proteger las fuentes de agua y las zonas de recarga hídrica. No se deben otorgar concesiones en zonas que debieran ser protegidas por los servicios ambientales que prestan o por su fragilidad ecológica.
Ello significa un cambio drástico en la política de concesiones mineras, que implicará que la “Ley de Consulta Previa” y la “Ley de Consulta y Participación Ciudadana”, sean aplicadas con rigurosidad y respeto a los derechos de las poblaciones, tanto indígenas como de los entornos de operaciones mineras.
Este escenario sólo será posible fortaleciendo la institucionalidad ambiental, trasladando al Ministerio del Ambiente competencias y funciones respecto a la evaluación y fiscalización ambiental (aprobación y fiscalización de los EIA, des-privatización del procedimiento de aprobación de los EIA); así como respecto a la gestión de los recursos hídricos, como es el caso de la Autoridad Nacional del Agua, aún en el sector Agricultura y que según el Ministro Pulgar-Vidal, no podrá ser asumido por su sector ya que se requeriría primero fortalecer y mejorar las competencias que están en el Ministerio del Ambiente antes de recibir nuevos encargos.
La dependencia que tiene nuestro país de la renta proveniente de las industrias extractivas, podría significar una oportunidad si ese dinero se invierte en procesos de reconversión económica y productiva, de tal manera que el aporte de la actividad minera y de las industrias extractivas en general, pase del mero crecimiento económico al desarrollo integral, donde las personas y su relación armónica con la naturaleza debieran ser la preocupación principal.