El 20 de enero se dio inicio a un paro indefinido en Cañaris, localidad ubicada en la sierra de Lambayeque. Más de 500 comuneros de la zona le hicieron frente a unos 300 efectivos policiales con la finalidad de tomar al campamento minero de la empresa Candente Copper, por encontrarse en contra del proyecto Cañariaco. De esta manera, Cañaris se constituye como el primer conflicto social del año 2013 y, lamentablemente, las reacciones gubernamentales parecen indicar que no se han aprendido las lecciones de conflictos anteriores cuyo saldo lamentable ya conocemos.
El 30 de septiembre del año 2012 se realizó una consulta popular en la localidad de Cañaris, en la cual participaron más de dos mil comuneros empadronados. Este proceso se realizó de manera formal y contó con el resguardo de la Policía Nacional. Se trató, sin duda, de un mecanismo válido de participación ciudadana para tomar en cuenta, como es lógico, su opinión frente a las acciones de una empresa que afectarían su entorno. El resultado de esta consulta fue contundente: el 97% de pobladores decidieron no darle licencia social al proyecto Cañariaco.
Sin embargo, por decreto supremo se instauró una mesa de desarrollo que busca dar luz verde a este proyecto. En esta, se encuentran representantes del gobierno central y regional, funcionarios de la empresa y delegados de las comunidades, quienes conversan rivadamente en un hotel Chiclayano, gesto que despierta suspicacias en una población ya enardecida.
Por otro lado, en un acto provocador, el Presidente de la Oficina de Diálogo Nacional del Perú, Vladimiro Huaroc, señaló que los contrarios al proyecto serían sólo un grupo de antimineros que buscan frenar la inversión extranjera. Como vemos, se trata del mismo discurso falaz que busca minimizar demandas legítimas de una población. Asimismo indicó que el proyecto Cañariaco “no está parado y no va a parar”.
La pregunta es evidente: ¿Por qué no se respeta el acuerdo ya tomado por la población? 97% es una cifra por demás elocuente del masivo rechazo que despierta este proyecto y se sustenta en la afectación que se haría sobre el ecosistema de la zona. Sin embargo, llama aún más la atención no sólo la indiferencia frente a una consulta ya realizada, sino también la reacción frente a la protesta.
Esta semana el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, mencionó que se tiene prevista la creación de los frentes policiales en zonas mineras, con la finalidad de garantizar las actividades que allí se desarrollan. Semejante declaración causa alarma, toda vez que recordamos que una serie de proyectos mineros han desencadenado protestas sociales donde han ocurrido pérdidas humanas.
El ministro Pedraza se equivoca mayúsculamente al creer que los conflictos mineros son los que ocasionan un desmedro al ciudadano, cuando lo que en realidad sucede es que los proyectos de inversión y las concesiones se dan pasando por alto la legalidad y el deseo popular. Un frente policial no garantiza la supresión de un conflicto social, sino que aumenta las posibilidades de un enfrentamiento fatal.
Si lo que se busca es detener las protestas, lo mejor que puede hacer el gobierno es escuchar a la población que se vería afectada, iniciar el diálogo antes de ceder las concesiones a las empresas y velar por garantizar el cuidado del medio ambiente. No se trata pues de defender sólo las inversiones, sino a los ciudadanos para lo cual es necesario tratarlos como iguales y no hacer, como en el caso de Cañaris, oídos sordos ante sus reclamos y su voz. Esta lección no aprendida podría traer enormes costos. Aún estamos a tiempo.