Lunes 25 Octubre 2010
El miércoles 6 de octubre, el presidente Juan Manuel Santos le pidió al ministro de Minas, Carlos Rodado, que aceptara cuanto antes la renuncia protocolaria presentada por el director de Ingeominas, Mario Ballesteros Mejía.
El mandatario y el Ministro estaban molestos porque el funcionario se había negado a acudir a un debate de control político en la Cámara de Representantes en el que habría cuestionamientos sobre temas sensibles como la liquidación de regalías pagadas por compañías multinacionales, seguridad en las minas y caos en el sistema de catastro minero.
“Renunciado como estoy, no pienso ir a recibir palo en el Congreso”, les confió Ballesteros a algunos de sus subalternos. Según ellos, su jefe estaba inquieto después de haber recibido un amplio cuestionario enviado por la representante Lucero Cortés, promotora del debate, en el que ella indagaba particularmente sobre la manera como se estarían negociando, en condiciones aparentemente desfavorables para la Nación, las prórrogas de las concesiones con compañías que explotan los principales yacimientos de carbón y níquel en el norte del país.
Fuentes de la Casa de Nariño y del Ministerio le dijeron a Dinero que lo que más molestaba al Gobierno era que, con esa actitud, Ballesteros enviaba el mensaje de que el Gobierno estaría tratando de eludir responsabilidades. En el preámbulo del debate el Presidente ya tenía conocimiento de que el director y algunos de sus funcionarios de mayor confianza pactaban en privado con representantes de empresas multinacionales eventuales prórrogas de la concesión por otros 30 años.
Entre las evidencias recavadas hay un cruce de correos entre ejecutivos de empresas interesadas en las concesiones subdirector de Fiscalización y Ordenamiento de Ingeominas y el propio Ballesteros . Uno de los mensajes electrónicos, recibido por la entidad oficial el 4 de agosto de 2010, revela que una de las multinacionales preparó el borrador del documento con las condiciones concretas de la prórroga. Una de ellas se relaciona con el aumento del rasero impuesto inicialmente para la liquidación de la regalías. Pese a que el concesionario ofrecía una contraprestación adicional que consistía en darle a la Nación una participación del 4% en la utilidad neta de la empresa, llamaba la atención el hecho de que hubiera redactado todo el documento base de la negociación.
El asunto comenzó a cobrar ribetes de escándalo cuando funcionarios de Ingeominas removidos de sus cargos al no aceptar presiones para moderar los cobros de las regalías adeudadas por algunas de esas empresas hasta la fecha, comenzaron a denunciar lo que ocurría. Documentos obtenidos por Dinero muestran que Ballesteros les restó importancia a los mensajes privados y buscó dejar constancia de que cualquier decisión que se tomara tendría el suficiente soporte. Para ello pidió el concepto de abogados especialistas en contratación y derecho minero.
Sin embargo, sus consultores le advirtieron sobre la posible inconveniencia de plegarse a lo propuesto por el concesionario. En uno de sus conceptos, el experto Carlos Antonio Espinosa Pérez, de la firma de abogados Espinosa y Asociados, advierte que las concesiones no confieren derechos inalienables que den lugar a prórrogas inmediatas y recomendó no acceder a ella “por ser lesiva a los intereses del Estado y legalmente improcedente”.
La controversia coincidió con pugnas internas en Ingeominas, desatadas por la remoción de sus cargos de altos funcionarios que produjeron resoluciones para cobrarles a Cerromatoso y a otras multinacionales millonarias sumas que, según la Contraloría General de la República y Planeación Nacional, eran adeudadas a la Nación como consecuencia de una mala liquidación de las regalías.
Según Gloria del Socorro Arias Pinzón, entonces subdirectora de Fiscalización y Ordenamiento, el pasado 30 de abril José Fernando Ceballos, director del Servicio Minero, quiso obligarla a renunciar después de que ella notificó a una empresa aparentemente morosa la resolución de cobro SFMO No. 2 por $24.892 millones. Asegura que Ceballos modificó la resolución para dejarla prácticamente sin efecto, sin tener atribuciones para ello. Uno de los más graves, de acuerdo con su versión, es que el cobro hacía parte de un plan de cumplimiento establecido por la Contraloría al cabo de un ejercicio de auditoría del que Ingeominas salió mal librada.
El enfrentamiento entre los dos directivos se produjo mientras era relevada de sus funciones habituales la abogada Mélida Andrea Cabezas, integrante del Grupo de Seguimiento y Control, que tenía a su cargo el monitoreo de proyectos que representan más del 90% de las regalías del país.
Pero mientras Ballesteros intentaba apagar la conflagración que se presentaba en ese momento, el 6 de agosto se presentó la renuncia de José Neiza Hornero, que había sucedido a Gloria de Socorro Arias en la Subdirección de Fiscalización. El contenido de la carta de dimisión enviada a Ballesteros revelaba que Neiza se había puesto en trance de rebeldía.
En uno de sus apartes de la carta se lee: “El conocimiento, responsabilidad y experiencia que tengo en la ejecución y fiscalización de los Proyectos de Gran Minería y del Sector Minero, en general, no me permiten atender sus instrucciones, en el sentido de conceptuar favorablemente en la revisión y discusión de las modificaciones a los contratos Nos. 078-88 y 866 suscritos por el Estado con las empresas Drummond Ltda. (y) Cerromatoso S.A., respectivamente, toda vez que, entre otros, no se está cumpliendo con lo dispuesto en la resolución D-546 de 18 de diciembre de 2007, así como con el procedimiento establecido en la guía de Fiscalización de Proyectos Mineros de Interés Nacional (…)”.
Ante los crecientes cuestionamientos en su contra, Ballesteros dijo que no piensa generar controversias públicas y que, si lo requieren los órganos de control, acudirá para explicar la legalidad y juridicidad de todas y cada una de las decisiones que tomó frente al cargo.
Como quiera que sea, Ingeominas queda sometida a la mirada crítica de la opinión en momentos en que el país se prepara para el advenimiento de una bonanza minera que podría suponer un drástico y urgente reordenamiento institucional en el sector.