30 de Mayo 2011
Loreto Soto
Cuando se acerca el momento para que el Consejo de Ministros tome una decisión respecto del polémico proyecto hidroaysén, académicos insistieron en los costos sociales y medioambientales de aprobar una iniciativa como esta. Además cuestionaron la falta de un ordenamiento territorial que regule este tipo de conflictos.
En medio de las masivas protestas ciudadanas que se han realizado en rechazo a la aprobación del proyecto Hidroaysén y anticipando la decisión que deberá tomar en Consejo de Ministros para zanjar este tema, expertos insistieron en las consecuencias irreversibles que tendrá esta iniciativa energética y desmintieron algunos de los aspectos fundamentales de la campaña que llevan a cabo las empresas que lideran este proyecto.
El académico del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Austral, Yerko Castillo, aseguró que una megacentral hidroeléctrica como la que se pretende construir es altamente contaminante pues, entre otras cosas, generaría más de tres millones de toneladas de carbono debido a la construcción de las represas y otros ocho millones de toneladas por la línea de transmisión, principalmente, por los materiales, combustibles, máquinas y cambios de uso de suelo.
El magíster en recursos hídricos aseguró que este proyecto tampoco es sustentable porque este concepto no está bien definido en la institucionalidad ambiental chilena, ya que no considera factores como la resilencia de un ecosistema, es decir, la capacidad de resistir y recuperarse de las perturbaciones, a lo que se añaden una serie de deficiencias técnicas en el Estudio de Impacto Ambiental.
El experto aseguró que la inundación y posterior pudrición de masa vegetal generará metano y como el embalse retiene nutrientes y sedimentos que le sirven a organismos marinos que capturan carbono, las megarepresas además de contaminar y destruir ecosistemas, matan a varios sistemas marinos que capturan estos elementos.
Sin embargo, Castillo subrayó que uno de los principales problemas que contribuyeron a la aprobación de Hidroaysén fue la falta de un ordenamiento territorial, que permita concentrar las actividades industriales en un sector determinado sin interferir con la vida de las comunidades y protegiendo los santuarios naturales.
“Esa es la manera en que algunos países más avanzados en temas medioambientales han superado los conflictos. Se define en qué partes se va a permitir el desarrollo de industrias muy intensivas y contaminantes, lo que sería una especie de zona de sacrificio. Pero en Chile no tenemos esto por un problema constitucional que garantiza el derecho a la propiedad privada por sobre todas las cosas. Entonces tenemos desparramado el baño en la mitad del living con la cama al lado y así vamos a seguir teniendo dificultades no sólo con este proyecto sino con todos los que vienen a futuro”, dijo Castillo.
Opinión que es compartida por el académico del departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, Roberto Román, quien indicó que si existiera un ordenamiento territorial tampoco se habrían aprobado proyectos como la termoeléctrica Castilla, las centrales en Puchuncaví y ni se hubiese pensado en Barrancones.
Román recalcó que existen alternativas como las centrales de pasadas y que hay opciones de energías renovables no convencionales que incluso podrían ser más baratas que este proyecto.
El vicepresidente de la International Solar Energy Society precisó que existen abundantes recursos de energías limpias tanto en el SIC como del SING que pueden aprovecharse con mucho menor impacto. En ese ámbito existirían más de 4 mil MW en Geotermia; más de 5 mil MW en eólica; más de 15 mil MW en mini hidro y más de 40 mil MW en solar.
El académico indicó que las tendencias mundiales confirman que la diversificación de la matriz energética contribuye al ahorro de costos marginales. De hecho, aseguró que con solo algo más de tres por ciento de energías renovables en el SIC, el ahorro para el país superaría los 120 millones de dólares en un año.
Los expertos subrayaron que Hidroaysén tampoco corresponde a un emprendimiento nacional, ya que Endesa, socia mayoritaria del proyecto, posee capitales Españoles e Italianos y que la energía que se genere pasará directamente a manos de mineras que también son transnacionales.
Por lo mismo, advirtieron que si se consideraran los costos sociales y ambientales en relación a la destrucción del patrimonio natural, de los perjuicios a otras actividades económicas, la extinción de ecosistemas y especies, las decisiones deberían ir en dirección contraria a lo que ha pasado hasta el momento durante el proceso de evaluación.