«Las mineras deben evaluar la conveniencia de los instrumentos ambientales que usan»

Lleva más de 30 años trabajando en temas relacionados a actividades extractivas. En 1997, fundó CooperAcción, una organización que trabaja con comunidades campesinas en la promoción del desarrollo sostenible.

Tras su renuncia al Viceministerio, dijo estar en desacuerdo con la idea de crear una autoridad ambiental dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros. Un año después, se anunció la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

¿Cuál es su evaluación del trabajo que viene realizando este organismo?

La creación del Senace fue positiva porque apuntó a quitarle esta función al Ministerio de Energía y Minas (MEM), que tiene como misión que crezcan las inversiones en actividades extractivas. Antes, eran ellos los que aprobaban o desaprobaban los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). En realidad, los aprobaban siempre. La creación del Senace es positiva porque un paso en el objetivo de convertir al Minam en una autoridad transversal. Y el sector Energía y Minas fue el primero en transferirle esas competencias. Sin embargo, el gran problema es que el Senace no tiene ni los recursos suficientes ni la institucionalidad adecuada para convertirse realmente en una autoridad transectorial. Me da la impresión que estará desbordado si es que finalmente se le transfieren todas las facultades.

En el 2013, el Gobierno empezó a aprobar una serie de medidas que las organizaciones sociales llamaron “Paquetazos ambientales”, seis años después,

¿cuáles han sido las consecuencias?

A partir de ese año, se empezaron a aprobar decretos supremos y leyes, como la Ley 30230, que debilitaron la institucionalidad ambiental y se comienzan a crear nuevos instrumentos.

Uno de esos instrumentos es el Informe Técnicos Sustentatorio (ITS), que en el caso de Las Bambas ha sido usado hasta en seis ocasiones.

En este proyecto minero, hemos visto claramente cómo son usados estos instrumentos. Al lado de los EIA, aparecen los ITS que permiten aprobar cambios a los proyectos de inversión por miles de millones de dólares de manera muy rápida, en quince días, y sin la posibilidad de mecanismos de participación ciudadana.

Según la normativa, los ITS deben ser excepcionales.

En Las Bambas, si uno suma estas modificaciones, ya estamos hablando de cambios sustantivos que se dan en un lapso de tiempo muy breve. Pueden decir que los proyectos cambian, pero esas modificaciones, en cualquier parte del mundo, se deberían hacer con una lógica planificada. Pero aquí cuando uno lee estos cambios, uno se pregunta ¿dónde está la planificación? A las mineras se les ocurre cambiar el proyecto en un mes y a los dos meses producen otro cambio y en paralelo solicitan Modificatorias al EIA (MEIA) e ITS. Ahí no hay planificación. La impresión que queda es que se están utilizando estos instrumentos para producir cambios importantes.

¿Por qué las empresas no hacen una modificatoria en lugar de tantos ITS?

Están haciendo uso y abuso de este mecanismo. A estas alturas, hay que empezar a evaluar si este mecanismo ha sido adecuado, si le conviene al país o si le conviene a las propias empresas porque finalmente lo que ocurre es que las poblaciones de las zonas de influencia preguntaron por un proyecto, dieron su opinión, su aceptación, lo que las empresas llaman ‘licencia social’, pero ese proyecto ha cambiado tanto que ahora es prácticamente otro.

Entre tantas modificaciones al EIA, en Las Bambas se descartó el mineroducto y se optó por trasladar toneladas de minerales por una carretera sin asfaltar, ¿quiénes son los responsables de que esto haya ocurrido?

En primer lugar, hay una gran responsabilidad en el MEM. Ese proceso de modificación debió ser desaprobado y regresado a fojas cero para que la empresa haga bien las cosas. La segunda responsabilidad está en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) porque se voló la carretera. Se pasó rápidamente a convertir lo que eran trochas y caminos distritales a una vía nacional. Se supone que una vía nacional es un bien de dominio público y, como tal, no puede pasar por propiedad privada. El proceso adecuado era conversar con las comunidades, consultarles, pedirles su consentimiento, negociar un justiprecio y expropiar.

Esto que ha pasado en las alturas de Apurímac y Cusco sería impensable en Lima. Por ejemplo, el alcalde Muñoz anunció que ampliará la Vía Expresa y la conectará con la Panamericana Sur, para eso tendrá que expropiar a más de 400 propietarios. ¿Alguien se puede imaginar que primero amplíe la vía, esta opere durante cinco años y recién en ese momento conversará con los propietarios para ver cómo hará el mecanismo de expropiación? Eso es lo que ha pasado en Las Bambas: la carretera se usa desde el 2015, ya estamos 2019 y recién el MTC está hablando con las comunidades propietarias del terreno por donde pasa la carretera.

Debemos considerar también en qué momento se aprobó esta modificación.

La cuestión es incluso más grave como se ha dicho antes. Cuando se produce la segunda modificatoria, la empresa (Glencore-Xstrata) no especifica qué va a pasar con el transporte. Al final del proceso administrativo, cuando ya habían ocurrido los mecanismos de participación ciudadana, el MEM pregunta a la minera por qué estaban cambiando la ubicación de las plantas y recién ahí la empresa dice que reemplazarán el mineroducto. Además, esa modificatoria también descartó una carretera asfaltada de 200 km, por donde se iban a transportar los suministros de la mina. Esa vía hubiera sido importante porque ahora los más de 400 km los vamos a pagar todos los peruanos. Estamos hablando de más de 2 mil millones de soles por una carretera que es usada en su 99% por una empresa privada.

Este dato y no fueron lo suficientemente señalados, ¿cuál es la importancia de esta información para la comprensión del conflicto?

Nunca, sobre todo en la primera etapa, nunca se entendió el fondo del tema y que ahí hay un grave problema de incumplimientos, malas decisiones tomadas por las autoridades referentes al EIA, los ITS y la carretera, que es la base del conflicto. No entender esa dimensión y decir que solamente hay interés económico es realmente simplificar un problema. Los malos diagnósticos generan un contexto muy difícil para enfrentar adecuadamente los conflictos. La responsabilidad que uno tiene es la de construir el diagnóstico más cercano a la realidad para que el conflicto pueda ser adecuadamente atendido.

¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en esto?

En el caso de Las Bambas, hemos visto claramente maltrato a los comuneros, no solamente desde el Estado, sino también desde algunos medios de comunicación. He visto entrevistas al presidente de Fuerabamba que han sido realmente de maltrato y eso es un indicador de cómo se ven desde Lima los conflictos sociales, cómo se conocen muy poco los territorios y a nuestra propia gente, es un indicador también de cómo se toman las decisiones. Somos un país de varias culturas, de una diversidad enorme, pero parece que el Estado es solamente unicultural, no se reconoce esa diversidad y creo que muchos de los que vivimos en Lima también funcionamos así, con estereotipos, y no contribuimos en absoluto a una cultura de respeto a las comunidades. Algunos siguen pensando seguramente como un expresidente, que hay ciudadanos de segunda clase.

La abogada Rosa María Palacios dijo que visitó la zona y que los comuneros de Fuerabamba básicamente querían dinero.

Desde Lima, no se entienden los antecedentes, no se conocen, se ignoran y aparecen supuestos especialistas. Ella dice que ha ido, pero fue invitada por la empresa minera que le contó su historia, su versión de parte. Construye una narrativa y trata de imponerla, afirmando que estos son unos sabidos y que están acompañados de unos abogados peseteros, lo cual creo que es cierto, pero no sé si eso los convierte en extorsionadores. Me da la impresión que una cosa es ser abogado pesetero que lo único que le interesa es el dinero, que puede ser una falta ética, y otra ser extorsionador. Es cierto que habían expectativas económicas, pero no era el único tema. De repente, ese era el tema para esos dos abogados, pero la agenda legítima de las comunidades era mucho más amplía.

En este conflicto, la atención se centró en la comunidad de Fuerabamba, pero considerando todo el Corredor Minero del Sur, ¿a cuántas comunidades se estaría afectando?

En toda la ruta son 72 comunidades las que hemos identificado en CooperAcción. El Gobierno ya es consciente de que no estamos hablando solamente de una comunidad. Eso significa que el proceso va a ser complicado y difícil. Es bien interesante porque no se instalaron “mesas de diálogo”, sino “mesas de cumplimiento”. Esto expresa que la comunidad, más que dialogar sin duda, lo que quiere es que los compromisos se cumplan porque mesas de diálogo ya han habido antes en esta zona y en otras partes del país. Y el gran problema ha sido que finalmente los acuerdos no se cumplían.

En su experiencia, ¿cómo afecta a las comunidades este tipo de conflictos?

-Debemos considerar que los conflictos son muy costosos para las poblaciones locales. A veces en Lima pensamos que la gente está feliz bloqueando carreteras, feliz haciendo una paralización de toda una región. No es así, es sumamente costoso. Ya sus economías son precarias y con paros de hasta 60 días, sufren un impacto muy fuerte. Hay un costo y un desgaste enorme. Para una comunidad campesina de los andes, Lima es ancha y ajena, es un tremendo monstruo, que además los trata muy mal. A nosotros [CooperAcción], nos ha tocado muchas veces acompañar delegaciones y lo que enfrentan son maltratos, cierrapuertas, mecidas.

Hay otros conflictos latentes como Tía María en Arequipa. Los empresarios se han mostrado preocupados en que el Ejecutivo apruebe la licencia de construcción de la mina en agosto, fecha en la que se vence su EIA.

En cualquier parte del mundo, un proyecto que no tiene aceptación social no puede desarrollarse. El concepto “licencia social” es inventado por las empresas mineras. Deberían ser un poco más coherentes con los conceptos que ellos inventan. En los últimos diez años, grandes proyectos mineros en el mundo se han interrumpido porque no tenían licencia social. Los proyectos se detienen cuando el daño y la afectación al ambiente y a los derechos de las poblaciones locales son de una magnitud que no permiten que el proyecto tenga aceptación. Entonces, insistir en un proyecto como Tía María, donde a todas luces la gente no lo acepta, sería una torpeza. No lo aceptó en el 2010, ni en el 2011 ni durante el gobierno de Humala y no lo sigue aceptando ahora. Hace poco los alcaldes de la zona y las organizaciones sociales han dicho que no, que perciben el proyecto como una amenaza al Valle del Tambo, que es una zona vinculada a la agricultura. Es una torpeza de parte de la empresa Southern Copper porque lo peor que le puede pasar a la industria es que se pretenda sacar adelante un proyecto que la gente no acepta. Las empresas dicen que se cuidan mucho su imagen, pero conflictos de esta naturaleza van a generar convulsión social.

Tía María es otro tipo de conflicto minero, distinto a Las Bambas.

Hay dos grandes categorías. Por un lado, los de convivencia o coexistencia con la minería como Las Bambas, donde el presidente de la comunidad de Fuerabamba ha dicho que no están en contra de la minería, sino que lo ve como una oportunidad, pero los comuneros quieren respeto y que los acuerdos se cumplan. Por otro lado, están los conflictos de rechazo como Tía María, Conga, Tambogrande, Río Blanco, entre otros. Estos son casos en los que la gente dice que no porque percibe al proyecto como una amenaza. Pero siempre debemos estar atentos a los conflictos de convivencia, como Espinar.

En Espinar, el conflicto proviene del 2012. Además del tema de la presunta contaminación del agua por actividad minera, en los últimos años comuneras han denunciado agresiones por parte de la Policía y seguridad privada de las empresas. ¿Qué es lo que puede pasar ahora?

El gran problema es que la agenda no ha sido resuelta. Nuevamente estamos en un escenario en el que hay mesas de diálogo, se logran acuerdos y no se cumplen. Uno de los acuerdos tenía que ver con los impactos en la salud humana. Nunca se hizo un estudio que permita establecer la causalidad de la contaminación. Estamos 2019 y vemos un Estado que no tiene las capacidades de cumplir los acuerdos. También está el tema de las agresiones a algunas comuneras y ahí surge otro problema que es el de los convenios entre las mineras y la Policía Nacional.

Además, debemos agregar que hay un proyecto que hasta hace un tiempo en el registro de la cartera de proyectos de inversión aparecía como propio, que es la mina Coroccohuayco, pero ahora para agilizar los procesos de aprobación, este se está presentando como una ampliación de Antapaccay (Glencore). Ese también es un tema que está planteando cuestionamientos. Ahí, por ejemplo, se ha utilizado una modificatoria al EIA, pero no es lo mismo ampliar un proyecto que hacer uno nuevo. Este es un tema complicado porque tenemos la impresión que es una práctica que se va a extender. Esta lógica de recortar caminos para que los proyectos sean más rápidamente aprobados y con menos rigor, es lo que está pasando en varios proyectos. Esto termina siendo un motivo de inquietud, de demandas sociales.

Antes dijo que las empresas hacían uso y abuso de estos instrumentos de gestión ambiental, ¿esto es una herencia del gobierno de Humala?

Fue una tremenda irresponsabilidad de los empresarios mineros que construyeron este discurso de la tramitología y la permisología. Puedo entender que a todos nos molesta la burocracia, pero ellos nos contaron la historia de que las inversiones estaban cayendo y se iban a ir del Perú porque había un exceso de trámites y permisos. Ese fue el discurso que se montó desde el 2012 en adelante y el Estado lo asumió como propio. Lo que estaba sucediendo en realidad es que a nivel mundial la inversión minera estaba cayendo porque los precios de los metales estaban cayendo. Incluso la inversión minera a nivel mundial estaba disminuyendo a tasas más elevadas que en el país. Pero acá se compraron la narrativa y el discurso de los empresarios, y el Estado empezó a hacer una especie de carrera de fondo en materia de regulación ambiental y social, aparecieron los ITS, se acortaron los plazos y todos los paquetazos ambientales, aprobados por el gobierno de Humala y por varios ministros que ahora dicen que saben de todo y que hacen bien las cosas.

 

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/05/16/las-mineras-deben-evaluar-la-conveniencia-de-los-instrumentos-ambientales-de-las-que-hacen-uso/jorgepaucar/