Ana Leyva
Cooperacción 09/12/2021
Toda sociedad tiene conflictos sociales y tiene mecanismo institucionalizados para procesarlos, resolverlos o transformarlos. Eso es algo normal. Lo poco común es que en el Perú existan tantos conflictos sociales y que los mecanismos institucionalizados no puedan procesarlos y tengan que crearse mecanismos ad hoc para atenderlos, tales como las mesas de diálogo. Sería un trabajo interesante, para estudiantes y en general investigadores, determinar qué otro país en el mundo tiene una realidad parecida a la peruana. Creo que la respuesta no agradaría a nuestra clase política que evita que algo cambie.
Mi hipótesis es que la existencia de numerosos conflictos sociales es propia de sociedades muy desiguales e injustas y el fracaso de los mecanismos institucionalizados es producto de un Estado que no ha logrado democratizarse y que sigue gobernando principalmente para un sector de su población.
Vayamos a la realidad para entender un poco mejor qué pasa. Para documentar el tema, me remitiré a mi testimonio como asesora de muchas comunidades o poblaciones en mesas de diálogo.
Por ejemplo, las comunidades de Chuicuni y Chiñahui estaban muy descontentas porque decían que la chancadora de Las Bambas emitía polvo que les llegaba hasta sus tierras y viviendas. Al respecto, la empresa minera señalaba que tal situación no era posible porque sus procesos eran altamente tecnificados, tal como lo sentencia cierta periodista de nuestro medio respecto de toda la gran y mediana minería. Ante el problema, estas dos comunidades no sabían qué hacer ni a dónde ir. En la mesa de diálogo del año 2018, que se abrió principalmente por el problema del transporte minero, los comuneros de estas comunidades reportaron el caso a la ministra del Ambiente de ese entonces, mostrando sus fotos y videos grabados con sus celulares. Nunca olvidaré cómo esos comuneros hacían fila para mostrarle a la ministra sus grabaciones. La ministra, ante tanta evidencia, planteó abrir un proceso de supervisión o fiscalización ambiental y canalizó el conflicto por una vía institucional tal y como correspondía. El marco de la mesa de diálogo, que es un espacio de construcción de acuerdos políticos, muchas veces no permite resolver los problemas que se agendan, principalmente si son ambientales. Esto pasa porque existe un marco institucional con procedimientos establecidos que debe respetarse para que la solución sea válida y exigible. La dificultad suele ser que esa institucionalidad está lejos o tiene fallas que no permiten alcanzar justicia.
Para seguir ilustrando el tema, otro caso que ocasiona conflicto es el problema de la contaminación generada por el transporte minero de la citada empresa minera a través de una vía sin asfalto. En la mesa de diálogo del 2018 se estableció que la contaminación se resolvería con el asfaltado de la carretera. La empresa señaló que esa no era su responsabilidad y la tarea fue asumida exclusivamente por el Estado, dejándose de lado el principio “contaminador pagador”. Hasta la fecha no se realiza el asfaltado de la carretera porque el costo estimado es de más de 1000 millones de soles. Esta solución fue aceptada en el diálogo por los dirigentes sociales pese a ser percibida como injusta. Se aceptó porque la población estaba harta de sufrir la contaminación y quería que el problema se solucionara pronto. Con ello, también se planteó el problema del mantenimiento de la carretera ya que por ella transitan camiones de más de 50 toneladas que harán que ésta se deteriore pronto.
Paralelamente a ello, las comunidades afectadas por los impactos del transporte minero de la provincia de Chumbivilcas denunciaron el caso ante OEFA, que acababa de asumir competencias sobre este tipo de actividad. Luego de un proceso de fiscalización, que determinó la existencia de la contaminación, este organismo ordenó la identificación de zonas de influencia, la determinación de impactos y de medidas de mitigación del transporte minero a través de una cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental. Este procedimiento permitirá que la empresa asuma su responsabilidad en el problema que viene generando.
Un tercer caso es el de las comunidades de Pacopata y Huini Coroccohuayco (Espinar, Cusco). Se dice que la exploración es inocua, no contamina. Estas comunidades manifiestan ser afectadas por las actividades de exploración de minera Antapaccay. El año pasado se estableció una mesa de diálogo sobre reparación de daños. El problema de una mesa de este tipo es que para reparar los daños, estos deben estar determinados siguiendo los procedimientos correspondientes, algo que en una mesa de diálogo no se puede hacer. Y el no canalizar institucionalmente el problema conduce a soluciones no satisfactorias. Hasta la fecha, las dos comunidades esperan que la pérdida de sus fuentes de agua se solucione.
Finalmente, llego al punto que quería plantearles para concluir, el caso de las poblaciones de Lucanas, Parinacocha y Páucar del Sara Sara, en Ayacucho, que alegan contaminación y disminución de caudal producidos por las unidades mineras de Apumayo, Pallancata, Inmaculada y Breapampa, las cuales se ubican en cabeceras de cuenca. Son minas en proceso de cierre y con pretensión de ampliación. Evidentemente, estos problemas ambientales que reportan no pueden ser solucionados en la mesa de diálogo instalada, como hemos señalado deben canalizarse institucionalmente. Eso pasa por fiscalizar si los estudios de impacto ambiental, su posibles modificatorias y planes de cierre son adecuados y si se están cumpliendo satisfactoriamente. Pero también es importante establecer si otras ampliaciones son posibles, y para ello servirá determinar si esas cabeceras de cuenca tienen la capacidad de acogida para más actividades mineras y hasta qué punto pueden soportar sin ser afectadas significativamente. La única vía para hacerlo institucionalmente es la aplicación de la metodología de identificación, determinación y zonificación de caberas de cuenca que debe realizar la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y que lamentablemente ha sido diseñada con muchas deficiencias técnicas que probablemente dejarán varias cabeceras de cuenca importantes sin protección. Al margen de ello, este camino es lo responsable y racional. Sin embargo, por declaraciones poco pertinentes de la presidenta del Consejo de Ministros y un acta mal redactada, se quiere restar legitimidad a las vías institucionales existentes que deben aplicarse para la solución de los problemas. Todo ello hace que las poblaciones vuelvan a percibir como injusto al Estado y puede llevar a que las protestas se reactiven, situación que no debería suceder pero que varios empresarios, políticos y periodistas parecen estar forzando.
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