Una vez más, el sector minero logró la flexibilización de alguna norma o estándar a su favor. Su poder, independientemente del color del partido que gobierne este país, es indiscutible.
Por: Beatriz Olivera
@FundarMexico
04/06/2020
El pasado 31 de marzo fue publicado, en el diario oficial de la federación, el listado de las actividades esenciales que podían seguir operando durante la pandemia que vivimos. Entre dichas actividades la minería no estuvo considerada, dado que claramente no se trata de una labor de la cual dependa la economía o bienestar para la mayoría de la población mexicana. Como era de esperarse, las reacciones de los dueños de grandes empresas mineras no se hicieron esperar. La Cámara Minera Mexicana (Camimex) que agrupa a empresas subsidiarias de Grupo México, Peñasquito y Peñoles, entre otros, en comunicación enviada al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, aseguró que las actividades mineras son de gran importancia en la proveeduría de varias cadenas de valor esenciales para la región; además argumentó el riesgo de que ante la entrada en vigor del T-MEC se pudiera provocar que alguna industria se detuviera por la falta de un insumo clave.
Asimismo, la Asociación Nacional de Manufactureros de Estados Unidos envió también una carta al presidente López Obrador para que permitiera la reanudación en México de algunas actividades que, desde su perspectiva, son cruciales para la industria y los servicios en Estados Unidos, entre ellas, la minería.
Ante las presiones, el gobierno mexicano cedió e incorporó “de manera extraordinaria” a la industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte, como actividades esenciales. El hecho no es ajeno, mucho menos extraño: una vez más, el sector minero logró la flexibilización de alguna norma o estándar a su favor. Su poder, independientemente del color del partido que gobierne este país, es indiscutible.
Además de este hecho, es necesario señalar el actuar irresponsable de varias empresas mineras durante la pandemia que vivimos. El acto más reciente es protagonizado por la minera canadiense Equinox Gold, dueña de Los Filos, cerca de Carrizalillo en Guerrero, que hasta la semana pasada había confirmado 51 casos positivos a COVID-19 entre su personal. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan alertó que al siguiente día del anuncio presidencial, sobre el regreso a la ‘nueva normalidad’, funcionarios de esta empresa convocaron a 500 trabajadores subcontratados para que se presentaran a la mina, pero en lugar de hacer un llamado progresivo a los trabajadores, éste se hizo de forma masiva; además, la empresa no previó los lugares donde iban a instalar los campamentos y tuvieron que contratar hoteles para asegurar la estancia de sus empleados. Finalmente, a todos los trabajadores, incluidos los casos positivos, los regresaron a sus comunidades en camionetas sin garantizar medidas para su aislamiento y poniendo en gran riesgo a las comunidades cercanas. Otras fuentes han señalado que la empresa incumplió desde un principio la suspensión de actividades por la pandemia, pues algunos empleados no pararon de laborar y otros lo hicieron hasta quince días después de la disposición gubernamental.
Otro caso, ahora en Durango; la minera La Platosa de Bermejillo, propiedad de la canadiense Excellon de México Resourcing, decidió arbitrariamente llevar a cabo un cierre parcial de seis meses sin goce de sueldo para sus trabajadores bajo el argumento de medida preventiva para evitar el contagio por COVID-19m provocando que más de 250 empleados se manifestaran en los días subsecuentes en un claro reclamo de respeto a sus derechos laborales.
En Mazapil, Zacatecas, el Observatorio de Conflictos Mineros (Ocmal) y don Roberto De la Rosa, habitante de la comunidad de Salaverna, han denunciado que la empresa Ocampo Mining Tayahua, de Grupo Frisco, no respetó la suspensión sanitaria y mantuvo sus actividades, poniendo en riesgo a la comunidad. Además, los casos de hostigamiento y amenazas en contra de De la Rosa por su labor en defensa del territorio, continuaron durante la cuarentena. Aquí puede firmarse para hacer un llamado público a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Gobierno de Zacatecas para que brinden protección a Don Roberto.
Finalmente, también en Zacatecas, en Vetagrande, la minera canadiense Santa Cruz Silver Mining que extrae plata, plomo y zinc, continuó su incumplimiento de pago de salario a trabajadores que tenía contratados vía outsourcing. Previo a la cuarentena, la empresa suspendió operaciones por riesgos en la estabilidad de su presa de jales, señalados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lo cual, a su vez, le llevó a suspender a alrededor de cien empleados con el compromiso de mantener su salario y de reanudar actividades hasta nuevo aviso. Sin embargo, varios testimonios han señalado que la empresa no cumplió el acuerdo ni antes, ni durante la cuarentena y dejó sin salario a sus trabajadores.
Algo claro ha mostrado esta pandemia: varias empresas mineras priorizaron sus operaciones, violaron acuerdos y derechos laborales por encima de la salud de los trabajadores y de la población, dejando claro que priorizan sus ganancias a la vida y salud de las personas. En este pronunciamiento, firmado por más de 300 organizaciones de diferentes países, se puede abundar sobre otras malas prácticas que las mineras realizaron durante la pandemia en el mundo. Aunque hay que decir también que seguramente habrá empresas que hayan acatado las disposiciones gubernamentales, como era su obligación, pero seguramente ellas mismas darán cuenta de esto y de otras de sus “bondades” con bombo y platillo en sus próximos informes de responsabilidad social.
* Beatriz Olivera es investigadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.
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