Milagros Salazar*
LIMA, Feb 1 (IPS) – Expertos y activistas en Perú reclaman que mientras las corporaciones mineras están sacando partido de los precios en alza de los metales, continúan disfrutando de las exenciones en el pago de regalías e impuestos corporativos, si reinvierten sus ganancias.
La estabilidad legal de los contratos que fijaba el estatus impositivo de unas dos docenas de compañías fue firmada bajo la administración de Alberto Fujimori (1990-2000) con el objetivo de promover la inversión.
Un ejemplo de las pérdidas que tales contratos representan para las arcas del gobierno, fueron los 270 millones de dólares en impuestos y regalías que Antamina SA – una asociación de empresas entre la compañía minera anglo-suiza Xstrata, la canadiense Teck Cominco Limited y la japonesa Mitsubishi Corporation – que no pagará impuestos este año.
El Gobierno de Alan García aprobó recientemente un plan de expansión para Antamina, que le permitirá reinvertir 900 millones de dólares de ganancias libres de impuestos bajo un contrato de estabilidad legal, que fue firmado en 1998, entró en efectividad en 2001 y termina en 2015, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas.
La Compañía Minera Antamina SA se estableció en 1996 para extraer zinc, cobre, plata y molibdeno en el noroeste andino en la provincia de Ancash.
El economista Humberto Campodónico estima que la compañía, que opera la mayor mina combinada de cobre y zinc del mundo, obtuvo ganancias de mas de seis mil millones de dólares en el período 2006-2009.
Desde que el auge en los precios de los metales comenzó en 2004, las ganancias de las compañías que operan en Perú han alcanzado cifras siderales.
“Las 10.000 Destacadas Compañías Mineras en Perú”, publicada por la principal compañía de cubicación bilingüe del país, Perú: Publicaciones Destacadas, informó que las ganancias de Antamina, casi se duplicaron desde 837 millones de dólares 2005 a 1,6 mil millones en 2007.
La publicación puntualiza que Perú es ahora el principal productor de plata y telurio; segundo en zinc, tercero en cobre, estaño y bismuto; cuarto en plomo, molibdeno y arsénico, sexto en oro y selenio; séptimo en indio; treceavo en cadmio y diecisieteavo en hierro.
“Estos incentivos impositivos no serán ofrecidos mas, porque los tiempos han cambiado en Perú, donde hay una nueva estabilidad, un crecimiento del nivel económico y altos niveles de ingresos para las compañías mineras”, Campodónico, quien criticó las extensiones impositivas en su columna semanal en el periódico local La República, dijo a IPS.
“El gobierno debería sentarse y renegociar los contratos con las empresas”, sostuvo.
Cuando la administración Fujimori firmó los contratos de estabilidad fiscal con la mas grandes compañías mineras operando aquí, Perú estaba plagado por la hiperinflación u in conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes maoístas “Sendero Luminoso” y un mas pequeño MRTA que no finalizó hasta el 2000.
Alrededor de la mitad de los contratos, que congelaban el régimen impositivo en vigencia al firmarlos por un plazo fijo, ya han expirado. Pero 11 están todavía vigentes, beneficiando alas corporaciones más grandes en Perú, incluyendo Xstrata, Teck Cominco, la norteamericana Newmont Mining y la canadiense Barrick Gold.
Una de las minas que disfruta de contratos de estabilidad fiscal es Yanacocha, la mayor mina de oro de Latinoamérica y segunda en el mundo, operada por Newmont.
La ley habilitando a las compañías mineras a firmar contratos que les permitan reinvertir hasta un 800 por ciento de sus ganancias libres de impuestos, fue modificada en el 2000. Pero los contratos existentes de estabilidad fiscal permanecen activos, permitiendo a 10 empresas a retener su privilegiado estatus de reinversión libre de impuestos.
Los contratos firmados a partir de ese año solamente exceptúan a las empresas de pagar regalías y no les permiten utilizar la opción de reinvertir ingresos libres de impuestos.
Durante la administración de Alejandro Toledo (2001-2006), se firmaron otros cinco contratos de estabilidad fiscal.
“El país se ata de manos legalmente con esos contratos firmados con las compañías mineras” dice Campodónico, quien puntualiza que la Constitución estipula que los contratos comerciales pueden ser solamente modificados de mutuo acuerdo. No unilateralmente por el Gobierno.
“Este no es el caso en cualquier otro país latinoamericano y infringe nuestra soberanía”, agregó.
Campodónico dijo que Antamina, que espera recuperar su inversión inicial de 2,2 mil millones de dólares en 10 o 15 años, ya lo logró en los primeros tres años de operación.
Gonzalo Quijandría, gerente de relaciones corporativas de Antamina, reconoció a IPS que las compañías mineras con contratos de estabilidad fiscal están “en una posición privilegiada”, pero puntualizó que “el beneficio está legalmente cubierto”.
Quijandría difiere con la visión de que hay un clima de estabilidad para los negocios en Perú, argumentando que las protestas y el descontento social en las regiones mineras continúa creando dificultad para atraer inversores para el desarrollo de la industria minera, el motor de la economía peruana.
El argumentó que un acuerdo por inversiones de ingresos libres de impuesto debería ser visto como “beneficioso para todos”. Para respaldar este argumento, hizo notar que su compañía anticipa un incremento triplicado en los fondos del «canon minero» que irán a los gobiernos local y provincial del departamento de Ancash para el 2014.
El canon minero es una compensación económica directa recibida por areas donde se extraen recursos no renovables como minerales, gas natural y petróleo. Bajo la legislación peruana actual, 50 por ciento de los impuestos y regalías retenidas por el estado a las industrias extractivas debe ser transferido a las provincias, para ser utilizado en gasto social, obras públicas e infraestructura.
Esto significa que es Ancash quien perderá la mitad de los 270 millones de dólares en impuestos que Antamina no pagará, como resultado con la firma del acuerdo con la administración de García.
Las protestas en Ancash sobre el costo de 135 millones de dólares en en ingresos fiscales provocó a la empresa y autoridades provinciales a llegar a un acuerdo de 24 millones de dólares que Antamina pagará este año, descrito por la empresa como una medida que apunta a mitigar el posible impacto por la baja en los impuestos.
Pero las organizaciones sociales se han opuesto al acuerdo, quejandose por no haber sido consultadas.
“Hay aquí una responsabilidad política por parte de las autoridades, y aun aspectos de cuestionable legalidad, porque el acuerdo fue superficial y vago respecto a las responsabilidades de la compañía minera” dijo a IPS Esteban Cacha Salazar, la cabeza del Frente de Defensa de Santa (una provincia en el departamento de Ancash).
Pero Quijandría dijo que el sistema de compensación para Ancash “esta todavía en una etapa de un borrador”, y no está claro sobre cuanto recibirán los gobiernos provincial y local en el departamento, ni tampoco cuanto pagará la empresa en impuestos hasta que la estabilidad fiscal expire en 2015, porque ello depende de las ganancias de la compañía.
Pero el dijo que la firma está negociando con las autoridades locales y provinciales en cada área, y que en caso de 20 provincias en las que está dividido Ancash, el escenario mas probable es que Antamina implementará directamente los proyectos de gastos sociales, mientras que los fondos serán transferidos a los 128 distritos que abarcan las 20 provincias.
“Como puede ser que a Antamina se le permita negociar directamente con las autoridades departamentales y poder emitir los cheques para las mismas, como si no existiera el estado” dijo Campodónico. “Esto solo pasa en el caso de un gobierno de una república bananera”.
En la visión del experto en cuestiones mineras José Luis López de CARE Perú, una organización sin fines de lucro, es tan importante reclamar por los impuestos que Antamina será exceptuada de abonar como lo es asegurarse que Ancash invierta y gaste apropiadamente los grandes fondos que recibe por medio del canon minero.
“No creo que mas dinero sea ninguna garantía si no existen las condiciones para unos apropiados gastos e inversión; dinero y desarrollo no son la misma cosa si hay falta de capacidad para hacer un uso inteligente de los desembolsos”, dijo López.
Ancash recibe los mayores fondos del canon minero en Perú. En 2007 el gobierno provincial recibió 567 millones de dólares, el año siguiente 459 millones y en 2009 solo 297 millones, de acuerdo a los estimados del Grupo Propuesta Ciudadana, que nuclea a las organizaciones no-gubernamentales que trabajan a niveles provincial y nacional.
No obstante, de acuerdo con el área gubernamental Fondo Nacional para el Desarrollo Social (FONCODES), el 42,5 por ciento de la población de Ancash estaba viviendo en la pobreza en 2008. (END/2010)