Imagen: CooperAcción
Este 27 de febrero se reanudó la fase final del juicio contra los 19 defensores de Cotabambas, criminalizados por el conflicto de Las Bambas en 2015. En la sesión se presentaron los alegatos finales de las partes y la autodefensa de los acusados, tras lo cual el juez Andrés Abelino Aguilar programó la lectura del adelanto de fallo para el próximo lunes 02 de marzo a las 2:30 p.m. en el Juzgado Unipersonal de Cotabambas.
Durante el alegato, el representante del Ministerio del Interior anunció que desde el Estado demandarían a los acusados por la suma de 50 mil soles por los costos del procedimiento legal y el transporte del personal policial al lugar del juzgado. Asimismo, el Procurador del Ministerio señaló que el juicio habría afectado la imagen de su institución.
La defensa de los acusados alegó que la protesta fue pacífica, evidenciando inexactitudes, contradicciones y omisiones procedimentales en los objetos de prueba de la Fiscalía y la empresa MMG Las Bambas. La falta de medios probatorios y los testimonios brindados anteriormente corroborarían la versión de los acusados sobre el sembrado de armas.
Al respecto cabe traer a colación el testimonio de Víctor Raúl Rucoba Tello, actual Viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y entonces Jefe de la Región Policial de Apurímac. En su testimonio Rucoba, detalló que intervino en las acciones de detención y las actas de incautaciones, lo que para la defensa es muestra de una violación de los planes de operación y las normas policiales. Indicó además que su plan de operaciones implicaba la disuasión de las poblaciones a ejercer sus derechos fundamentales por medios coercitivos, dado el número desproporcional de 1800 efectivos para la operación. Los certificados médicos y los testimonios de los defensores de Cotabambas, evidencian que en todos los casos los acusados fueron víctimas de maltratos físicos.
El abogado de los acusados, David Velazco Rondón (FEDEPAZ), al preguntar a Rucoba por la omisión de las identificaciones de los funcionarios que firman el acta de intervenciones, respondió ignorar las causas del error. Como se encuentra en su testimonio, Rucoba firmó el acta que viola las garantías de legalidad: “Yo he firmado un acta después de terminar los registros de las personas que han sido detenidas”.
En su autodefensa los acusados denunciaron la estigmatización y el perjuicio económico que ha implicado el proceso judicial en cada uno de sus casos. Se recuerda que varios de ellos han sido detenidos, sin pruebas, como ocurrió con Brandon Quispe cuando tenía 18 años.
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El acusado Wilbert Cárdenas relató: «Quiero que me digan que soy inocente para que mi vida vuelva a ser tranquila. Yo me encontraba en Challhuahuacho trabajando para juntar dinero para mis estudios. Mis padres están preocupados porque no tengo dinero.»
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Por su parte, Octavio Pinares señaló: «Mis hijos están asustados de ver a su papá en juicio y estos cuatro años los han mantenido en angustia. No puedo atender a mi familia porque esto me genera gastos. No hemos matado a nadie, no hemos quemado. Estamos acá abandonando a nuestros hijos.»
Los acusados y la defensa exhortan al Juez a actuar frente a la criminalización de la protesta y un mal uso de las normas en el Perú. Este tema ha sido denunciado en el reciente reporte del Relator de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, Michel Forst.
27 de febrero de 2020
COOPERACCION