COMUNICADO
El manejo del caso Las Bambas requiere corregir errores para evitar que el conflicto se siga activando indefinidamente.
Ante una nueva crisis del conflicto en Las Bambas, varios líderes empresariales, economistas y políticos hablan de restablecer el principio de autoridad mediante el uso de la fuerza. Para CooperAcción el que rija el principio de autoridad no pasa por la presencia de cientos de militares y policías en un lugar para garantizar las actividades de una empresa, pasa más bien por establecer relaciones justas y de mutuo respeto entre los actores existentes en un territorio.
¿Qué hacer? Una primera cosa necesaria, es reconocer errores y tener la voluntad de corregirlos. Para ello, debemos recordar que inicialmente la Unidad minera Las Bambas tenía previsto sacar el mineral en Apurímac y procesarlo en Cusco donde estarían las plantas de molibdeno y Filtros que tendrían como producto, los concentrados. El proyecto suponía la construcción de un mineroducto para el traslado del mineral hasta Cusco y de una carretera para el traslado de insumos y personal, ambos a cargo de la empresa.
El 2013, mediante un estudio breve y de rápido trámite, el gobierno del presidente Ollanta Humala autorizó el traslado de las plantas de molibdeno y filtros a Apurímac, lo que suponía que ya no se iba a procesar el mineral en Cusco. ¿Qué pasaría con el mineroducto y con la carretera para suministros? El primero ya no era necesario porque el producto final saldría directamente de la unidad minera de Las Bambas. Este cambio, a pesar de que estaba relacionado con el movimiento de las plantas de procesamiento, no se realizó de inmediato.
El 2014, la empresa solicitó modificaciones al EIA pero no incluyó la carretera. En consecuencia, en el proceso de participación ciudadana no se dio información sobre este tema. Sin embargo, avanzado el procedimiento el tema del transporte se incorporó a través de una pregunta del MINEM. Esta forma de incluirlo, hizo que su tratamiento fuera completamente insuficiente. No se abordaron seriamente los impactos, ni se establecieron las medidas de mitigación correspondientes. El compromiso de la empresa de construir la carretera de suministros quedó en el aire.
Se planteó entonces la idea de una carretera que tenía tramos locales, regionales, nacionales y otros que eran trochas que debían ser incluidos como partes de la carretera. Como el ancho de la vía no era apto para el transporte de carga pesada, había que ensancharlo. Según el procedimiento legal establecido, esto suponía tratar con las comunidades la venta de sus tierras y en caso de no haber acuerdo, expropiar. Nada de ello se hizo y se avanzó con las obras correspondientes.
Cabe señalar también que, al convertirse todo el trayecto en vía pública, los impactos del transporte pesado de minerales pasaron a ser responsabilidad del Estado. La empresa se desentendió por completo de ello. Luego del estallido del conflicto en octubre del 2016, se firmó un convenio interinstitucional, por el cual el Estado pagaba el derecho de vía y el asfaltado de la carretera, y la empresa minera los estudios técnicos. Muy poco se ha avanzado con ello. Para el pago por derecho de vía, hubo tratativas bilaterales con algunas comunidades, que aún no están concluidas del todo, mientras existen otras comunidades donde este tema está pendiente de abordar. El asfaltado de la carretera es muy costoso (casi mil millones de soles) por lo que no tiene fecha cierta, lo que se está avanzando son los estudios técnicos a cargo de la empresa cuyo costo asciende a 15 millones de soles. Mientras no haya carretera asfaltada, las comunidades del entorno, no solo Fuerabamba, seguirán sufriendo los impactos ambientales que produce el transporte pesado de mineral. ¿Qué pasó con la obligación que tenía la empresa de construir una carretera para suministros que pudo permitir establecer un aporte para el asfaltado necesario? Nadie sabe. Además ¿querrán los gobiernos regionales y locales utilizar sus recursos de canon y regalía para asfaltar una carretera que beneficia principalmente a las empresas mineras del corredor minero?
En este contexto ¿Cómo proceder? ¿Cómo arreglar los problemas que el propio Estado y la empresa iniciaron desde el 2013? El Estado tiene que demostrar que defiende y concilia los intereses de todos los peruanos, sobre todo de los que tienen menos poder e información. Cuando desde la otra orilla se sienta que hay un esfuerzo real por hacerlo, estaremos avanzado en la construcción de un país donde sus ciudadanos se respetan y viven en paz. Detener y enjuiciar a los líderes sociales no contribuye a la solución de estos problemas, solo los prolonga en el tiempo.
Lima, 25 de marzo de 2019
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/las-bambas-lo-que-empieza-mal-termina-mal/