El retorno de la teoría conspirativa de los conflictos
El día de hoy aparece en los medios como una noticia importante, la detención de dos abogados, los hermanos “Chávez Sotelo” junto a un dirigente social, Gregorio Rojas Paniura, de la comunidad de Fuerabamba- Apurímac. No solo los medios de comunicación, sino representantes del gobierno, como la Ministra de Agricultura, han salido a decir que se trata de “extorsionadores”, de “líderes de una organización criminal o banda delincuencial” que pide grandes sumas de dinero al Estado a cambio de no tomar la carretera.Hace ya varios meses que la comunidad de Nueva Fuerabamaba, está protestando por el paso constante de vehículos de la empresa minera Las Bambas por su carretera y exigen el pago de una indemnización (desde el punto de vista de muchos, no realista). El dirigente detenido es nada menos que el Presidente de la comunidad que ha liderado estos reclamos y los abogados eran asesores legales de la misma ¿Pero entonces porqué se los acusa de extorsión?
Tal vez hay que recordar que en nuestro país, la protesta social esta calificada legalmente como delito de “extorsión”[1], y por tanto si alguien hace exigencias que el Estado califique de ilegítimas, puede ser procesado por este grave ilícito que contempla penas de hasta 15 años (más que para un homicida). En ese sentido, no solo parece ser que el gobierno evalúa que en este caso de Fuerabamba se configura una extorsión, sino que además han imputado a estas personas y a otros comuneros, de ser parte de una organización dedicada al crimen organizado. Por esa razón, desde ayer están produciéndose otras detenciones en el lugar y allanamientos a domicilios. Entonces surge la pregunta ¿una comunidad indígena y pobre, realmente afectada por un proyecto minero, puede ser calificada como una organización criminal conformada por extorsionadores, por más que sus demandas parezcan no apropiadas?
Cabe recordar rápidamente quién es esta comunidad y el proceso que ha sufrido. Nueva Fuerabamaba, es un pueblo “inventado”. Fue construido entre el 2012 y 2014, a 2 km. del territorio que ocupaba la comunidad campesina de Fuerabamba, que estando en la zona donde se ubicaría el tajo abierto del proyecto Las Bambas, debió ser reubicada.
Nueva Fuerabamba, que alberga un promedio de 1,600 personas, es un pueblo de estructura urbana, con calles pavimentadas, electricidad, agua potable, hasta con clínica y un coso taurino, que muchos dirían es un lujo para los indígenas, pero que en concreto ha despojado a esta comunidad de su modo de vida tradicional. Muchos pobladores no han podido adaptarse a este entorno suburbano, extrañan cultivar, criar ganado, estar en contacto con la naturaleza, algo ya irrecuperable.
Posteriormente y cuando el proyecto minero comenzó a operar, se enfrentaron con el problema del uso de la carretera por parte de la empresa minera, que de manera inconsulta cambió los términos del EIA, y en lugar de construir su mineroducto, decidió usar las vías públicas para que transiten todos sus vehículos y sacar su material. Esto se ha vuelto el peor infierno, no solo para esta comunidad, sino para muchas otras que resultan afectadas a lo largo del “corredor minero”.
Fuerabamba en particular reclama que el Estado ha reclasificado su carretera, calificándola como una vía nacional sin consultar a la comunidad, interfiriendo en lo que ellos consideran como su propiedad. Sí, es verdad que surgido el conflicto, y bajo el asesoramiento de los dos abogados hoy detenidos se han planteado sumas improbables para una posible negociación, pero sin duda el reclamo como tal, tiene sentido, es legítimo y en el fondo está desentrañando un conjunto de afectaciones acumuladas durante todo este tiempo.
Desde que el proyecto Las Bambas se asentó -ello sin la resistencia de las poblaciones- a las comunidades les ha tocado soportar los efectos negativos de esta gran operación. Absolutamente lejos del desarrollo y el progreso que les ofrecieron, lo que tienen en concreto hasta hoy es desplazamientos, contaminación, represión, imposición de un estado de emergencia que se mantiene ya permanente desde hace un año, varios comuneros muertos, y ahora decenas de campesinos soportan juicios por ejercer su legítima protesta.
Aun con ello, el presidente de la Confiep, Roque Benavides, ha pedido más mano dura contra ellos en estos últimos días, y al parecer el gobierno ha sucumbido rápidamente a esta orden. Estas detenciones, allanamientos y anuncios de operativos en la zona, no son más que una expresión de la evidente criminalización contra una legítima protesta, metodología represiva y violenta por la que está optando este gobierno para acallar las voces de comunidades afectadas y para beneficiar los intereses empresariales, invisibilizando burdamente las escandalosamente vulneraciones de derechos que cometen estas grandes transnacionales.
Quisiéramos que este Estado, tan firme para reprimir a la población, también lo esté para exigirle a las empresas mineras que cumplan con sus obligaciones, que saneen los impactos ambientales y sociales que generan, y que cumplan con los compromisos asumidos con estas poblaciones.
Hoy la noticia es que se han detenido “extorsionadores”, y deslindando de la manera de ejercer la profesión de algunos abogados que inescrupulosamente aprovechan para sacar ventajas, es inadmisible que el Estado pretenda nuevamente hacer creer al país, que los conflictos son obra de manipuladores, azuzadores, violentistas o extorsionadores; que estos conflictos son provocados por la conspiración de personajes opuestos a la minería, y que capturándolos y reprimiendo al pueblo los problemas terminarán.
Hay un problema serio y real de cómo las empresas están violando los derechos de las poblaciones, de cómo este modelo está exterminando formas de vida controlando los recursos y territorios; pero eso es un asunto que el Estado no lo va aceptar porque lo cierto es que en este modelo, el dinero y lo económico está muy por encima de cualquier derecho que le corresponda a un pobre.
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[1] Código Penal, Art. 200.- Extorsión.- El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.
Fuente:http://reinadelaselva.pe/noticias/5787/las-bambas-detenidos-los-lderes-se-acaba-el-conflicto