Quienes hemos acompañado por más de 10 años de resistencia a Pascua Lama, tenemos fresco en la memoria cuando a fines de abril del año 2009 el entonces CEO de Barrick, Aaron Regent, se reunía en privado con la Presidenta Bachelet para conversar “algunos detallitos” que estaban obstaculizando la implementación de Pascua Lama, el proyecto minero emblema de la expansión del negocio aurífero en Chile.
Por Lucio Cuenca Berger
Era el primer proyecto binacional del planeta, posible gracias a la suscripción del Tratado Minero Binacional, definido como un instrumento público de Relaciones Internacionales pero de beneficio 100% privado. Esa reunión, que se realizó en paralelo a otra en la Casa Rosada de Argentina, entre la Presidenta Cristina Fernández y el octogenario presidente de Barrick Gold, Peter Munk, selló el Convenio Tributario especial para el proyecto minero binacional, salvando lo que mediáticamente se presentaba como LA situación pendiente para la construcción de una iniciativa rechazada fervientemente por las y los habitantes del territorio.
En días posteriores, en conferencia de prensa simultánea en Toronto, Buenos Aires y Santiago, junto a las principales autoridades mineras de cada país, se anunciaba la “gran Noticia”: liberado de trabas, Pascua Lama iniciaría su construcción, cuestión que se formalizó meses más tarde, el 7 de Octubre de 2009.
4 años después, cuando Argentina renunció unilateralmente al Convenio de doble tributación, marco de los acuerdos obtenidos con Bachelet, cuando Estados Unidos y Canadá declinaron financiar el proyecto por gestiones realizadas desde las organizaciones que nos oponemos, cuando el proyecto está paralizado… nos enfrentamos a una nueva reunión entre el gobierno de turno y los altos directivos de Barrick. Otra vez, aunque ahora con más publicidad, la empresa esgrimió argumentos de “una decisión principalmente económica” para justificar el lobby descarado que está realizando. En la cita con el Ministro del Interior, el nuevo presidente de Barrick Sudamérica, Eduardo Flores, sostuvo, y nadie lo rebatió, que las razones de suspender la inversión para la construcción del proyecto tienen relación con los bajos precios en el mercado, ignorando las resoluciones judiciales y administrativas, que develan el sistemático incumplimiento de las ya flexibles y favorables condiciones en que se aprobó y permitió un proyecto inviable.
La reunión en la Moneda es una operación comunicacional que busca desesperadamente dar tranquilidad a los accionistas e inversores, sobre todo cuando sus acciones están a la baja y un grupo de accionistas minoritarios ya interpuso una demanda por falseamiento de información en el período 2009-2013.
Y es que las cifras que maneja la empresa no tienen coherencia. El año 2000 con la primera versión del proyecto, anunció una inversión de U$ 950 millones de dólares, luego de aprobado y no construido, el año 2004 se presentó una ampliación del Proyecto a evaluación ambiental (aumentando las reservas de 14 a 17,6 millones de onzas de oro), la inversión declarada y aprobada por las autoridades el 2006 fue de U$ 1450 millones de dólares, y ese monto de inversión en 8 años, sin que la operación esté activa, ha llegado a los U$ 8500 millones de acuerdo a las cifras que entrega la propia empresa. En el 2004 se anunciaba como el proyecto con los costos más bajos de la “industria” (entre U$ 25 y U$ 50 por onza producida) y la onza se cotizaba a U$ 400 aproximadamente… por lo tanto representaba un gran negocio. Los años posteriores, el precio de transacción del oro se disparó a casi U$ 1900 la onza, y hoy se mantiene en un precio superior a los U$ 1300. No se entiende entonces cómo el mismo proyecto era un gran negocio a U$ 400 la onza, y ahora con un precio más de tres veces superior, hablan de que está afectado por la baja del precio en el mercado internacional. Es la misma inconsistencia que elude explicitar cómo pueden subir los costos de un proyecto en un 1000% sin que quienes lo aprobaron al menos sospechen que algo no anda bien.
A nuestro juicio, las razones para “suspender la inversión”, son otras. Barrick no puede cumplir las condiciones de no tocar las glaciares y de no contaminar ni afectar el agua del Valle del Huasco, tal como hemos dicho desde hace más de una década, este es un proyecto incompatible con la vocación agrícola del territorio. Hay acciones legales en curso y seguramente se presentarán nuevas por incumplimientos que no han sido fiscalizados y sancionados por la autoridad ambiental. Todo esto genera un escenario, que junto a los juegos especulativos en los que ha incurrido la empresa (el 2005 hizo ventas a futuro del 33% del oro del proyecto, y el 2011, del 25% de la plata), están conduciendo a una estrepitosa y sostenida baja en el valor de las acciones en las bolsas de Nueva York y Toronto; esto hace más de un año que trata de ocultarlo la canadiense y a ello se están prestando nuestras autoridades.
Sabemos que Barrick desdeña las gestiones comunitarias, pero es evidente que ha sido la soberbia, arbitrariedad e ilegalidad con que ha operado la empresa, enfrentada y denunciada por las organizaciones locales en solidaridad con otras voluntades de los países afectados y del resto del mundo, lo que tiene paralizado el proyecto y que terminará por expulsarlo del territorio, gracias a una comunidad que de manera ejemplar, ha defendido un patrimonio que es de todas y todos los chilenos/as, como son los glaciares y el agua.