Una protesta en contra de las compañías mineras en el Senado.
MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones sociales anunciaron el arranque de una campaña contra la “megaminería tóxica” y el impulso de una propuesta legislativa para la modificación de la Ley Minera que evite la destrucción de las regiones susceptibles.
En conferencia de prensa, en la que participaron representantes de organizaciones de Veracruz, Baja California Sur, San Luis Potosí, Morelos, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Zacatecas, se informó del apoyo de legisladores de partidos de izquierda a favor de una nueva ley minera que combata la contaminación al medio ambiente y la destrucción del tejido social en las comunidades con yacimientos minerales.
Los ambientalistas dieron cuenta de los daños producidos por la extracción de minerales a cielo abierto, como la contaminación de agua y suelos con vocación agrícola, así como de los altos índices de enfermos de cáncer en zonas mineras, sin olvidar las amenazas y homicidios a opositores de los megaproyectos mineros.
El dirigente de la Asamblea Veracruzana y Defensa Ambiental de Veracruz, Guillermo Rodríguez, resaltó que organizaciones sociales entregaron una iniciativa de reforma a la Ley Minera a los senadores Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Layda Sansores e Iris Vianey Mendoza, legisladores del PRD, Movimiento Ciudadano y PT, que hicieron suya la propuesta ciudadana para ser presentada en la Cámara de Senadores.
La propuesta, agregó, pretende que previo a la explotación de una mina las comunidades afectadas sean consultadas sobre la pertinencia de la extracción de minerales, así como la prohibición de la utilización de materiales tóxicos como el cianuro o el mercurio para la extracción de materiales preciosos, además de limitar el tiempo de explotación de las minas y fortalecer la transparencia.
Rodríguez agregó que entre organizaciones ambientalistas existe una gran preocupación porque en México, a través de la Secretaría de Energía, se han concesionado 30 mil permisos para explotación minera que representan 60 millones de hectáreas, es decir, el 30% del territorio nacional.
El representante de Medio Ambiente y Sociedad de Baja California Sur, Juan Ángel Trasviña Aguilar, destacó que hay una gran preocupación porque la mayoría de las mineras instaladas en México recurren a la explotación a cielo abierto, lo que ha contaminado las zonas aledañas y los mantos acuíferos.
Resaltó que en La Paz, Baja California, hay evidencia de contaminación de tierra y mantos freáticos en zonas que fueron explotadas por sus minerales hace 200 años. “Ahora los procesos son más sofisticados y también más destructivos, por lo que al otorgar concesiones mineras estamos comprometiendo el futuro de generaciones que no han nacido”, dijo el defensor.
El representante de la organización comunitaria de San José del Progreso Oaxaca —opositora a la minera Cuzcatlán-Fortuna Silver—, Leovigildo Vázquez Sánchez, reconoció que la lucha contra las mineras ha significado la muerte para luchadores sociales.
El defensor, quien aseguró que por su cabeza los dueños de la minera han ofrecido 80 mil pesos, narró episodios en los que fueron asesinados dos dirigentes sociales en San José del Progreso, así como de múltiples ataques a quienes se oponen a la minera.
Vázquez Sánchez, quien cuenta con medidas de protección dictadas por la Secretaría de Gobernación, narró los asesinatos de dos líderes comunitarios que se opusieron a la minera, y destacó que pese a que existen incluso videos de los crímenes, en los que se identifica a los asesinos, el gobierno de Oaxaca no ha procedido contra los criminales.
De la organización San Luis Ecológico, Elizabeth Medina dijo que cada vez hay más evidencias de los daños físicos causados a personas que viven en zonas de extracción minera, sobre todo enfermedades como cáncer y leucemias.
El representante de La Mira, en Michoacán, Melitón Izazaga Acosta, denunció que en su comunidad la minera Arcelor Mittal, de capital indio e inglés, provoca inundaciones de aguas contaminadas de forma permanente afectando a unas 40 mil personas.
La representante del Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras, Ana Isabel León, resaltó que la preocupación de las organizaciones sociales por presentar una iniciativa de reforma a la ley minera radica en que hay evidencias en otros países de los daños ambientales y a la salud que provoca la explotación de minerales a cielo abierto, como se está haciendo en México en 16 entidades, donde existen conflictos comunitarios.
La activista agregó que para el 24 de noviembre se tiene contemplada una movilización nacional en la avenida Reforma para concientizar a la población sobre los daños que causa la minería a cielo abierto en el país, para dar fuerza a la iniciativa ciudadana retomada por los legisladores de partidos de izquierda en el Senado.