La escasez de agua en la represa que abastece a Johannesburgo, que propició restricciones desde noviembre y recargos al despilfarro desde agosto, no impide que el gobierno de Sudáfrica otorgue permisos a una nueva mina de carbón en un área protegida.
Además, se atribuye gran parte del aumento de 10 por ciento en el precio de los alimentos, respecto del año pasado, a la falta del líquido vital.
“Si va a tener una gran mina de carbón en un área protegida, ¿entonces de qué sirve?”: Melissa Fourie.
La capacidad de la represa está por debajo de 30 por ciento, pero ni siquiera eso impidió que una compañía minera india obtuviera los primeros permisos que necesita para operar en un área protegida de Sudáfrica, llamada Ambiente Protegido de Mabola, en la nororiental provincia de Mpumalanga.
La compañía india Atha-Africa Ventures (Pty) Ltd propuso ubicar la mina subterránea Yzermyn a unos 257 kilómetros de Johannesburgo, en la cuenca donde confluyen tres grandes ríos, el Vaal, el Tugela y el Pongola.
Además en los alrededores está la Fuente Estratégica de Agua, que abarca solo ocho por ciento de tierras de Sudáfrica, Lesotho y Swazilandia, pero que es responsable de 50 por ciento del suministro hídrico.
E incluso, el sitio de la mina está en medio de otras áreas protegidas y de gran importancia como el pastizal Montane Grassland de Wakkerstroom y un área de gran biodiversidad como es South Eastern Escarpment National Spatial Biodiversity Assessment Priority Area.
Además, el plan de biodiversidad de Mpumalanga califica al hábitat del sitio como “área de óptima biodiversidad fundamental e irreemplazable”.
La compañía deberá excavar por debajo de Mabola, lo que está prohíbido por la Ley de Áreas Protegidas a menos que la empresa obtenga un permiso por escrito del Departamento de Recursos Naturales (DMR) y del Departamento de Asuntos Ambientales (DEA).
El DMR aprobó el proyecto cuando le concedió el derecho de realizar actividades mineras en septiembre de 2014, apenas ocho meses después de que fuera declarada un área protegida y a pesar de que en una audiencia previa ante la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica, un representante del departamento aseguró bajo juramento que los permisos no serían otorgados.
Por su parte, el DEA no se ha pronunciado sobre los planes de la ministra Edna Molewa.
IPS no pudo obtener declaraciones de ninguna de las dos dependencias.
Por su parte, la directora del Centro de Derechos Ambientales, Melissa Fourie, que encabeza un juicio para frenar el avance de la mina, comentó que el proceso de concesión de permisos ha sido un “acto de prestidigitación” y de “mucho humo y espejos”.
“Si va a tener una gran mina de carbón en un área protegida, ¿entonces de qué sirve?”, preguntó Fourie en diálogo con IPS. “No solo afecta a esa área, sino que a todos los recursos hídricos del país y a muchos usuarios río abajo”, apuntó.
El sistema del río Vaal suministra agua a la mayoría de las fuentes de generación eléctrica a carbón del país, así como a la provincia de Gauteng, la más poblada del país, y Fourie teme que la mina lo contamine.
La mina subterránea de Yzermyn se extenderá por 2.500 hectáreas de las 8.360 concedidas a Atha-Africa. La infraestructura en la superficie será mínima, aunque hay planes de construir una represa para controlar la contaminación en los humedales de la zona.
El vicepresidente de Atha-Africa, Praveer Tripathi, explicó: La evidencia de que la actividad minera en el área perturbará la funcionalidad de los humedales, así como los temores sobre el drenaje de los ácidos de la mina fue muy, muy escasa”.
Según él y la autorización ambiental, las actividades de mitigación incluirán la recarga de los humedales, el tratamiento de aguas en el lugar y el sellado de los pozos después de cerrarlos.
Sin embargo, los consultores debieron repetir varias veces los informes hasta llegar a la conclusión de que la mina tendría un mínimo impacto ambiental.
“Hubo preocupación de nuestros propios especialistas sobre efectos negativos de algunas actividades”, reconoció Tripathi.
“El precedente que se sienta con prestaciones para ese tipo de actividades en áreas protegidas abre un mundo de oportunidades para que cualquier compañía minera recuse los ambientes protegidos”, opinó Angus Burns, gerente del Programa de Gestión de Biodiversidad y Tierras del capítulo sudafricano del Fondo Mundial para la Naturaleza, que tuvo una gran participación en la demarcación de áreas protegidas.
La licencia de uso de agua otorgada a Atha-Africa le permite utilizar el equivalente a 22 piscinas olímpicas al año, desecar el área subterránea en la que operará y bombear un volumen limitado de efluentes tratados a los humedales.
Según explicó el director de licencias de agua del Departamento de Agua y Saneamiento, Tsunduka Khosa: “la licencia otorgada contiene una serie de condiciones destinadas a mitigar los posibles impactos. Sudáfrica es un país con escasez hídrica, por lo que evalúa con seriedad todas las actividades con un posible impacto sobre los recursos hídricos y todos los recursos disponibles son sensibles”.
Por su parte, los opositores a la mina sostienen que las presiones políticas permitieron el otorgamiento de los permisos.
Uno de los socios de Atha-Africa en el programa Black Economic Empowerment, de promoción económica de la población negra, Bashubile Trust, tiene varios vínculos con el presidente Jacob Zuma.
De hecho, se dice que Sizwe Zuma, uno de los administradores, es pariente del presidente, aunque la compañía india lo niega, a pesar de que en documentos oficiales, este fijó su residencia en la finca de la Presidencia en Pretoria, sede del Poder Ejecutivo.
Las poblaciones de Wakkerstroom y Mpumalanga temen que las actividades mineras tengan consecuencias negativas en la economía de la zona, que depende de la ganadería y del ecoturismo.
“La mayoría de las personas de Wakkerstroom están contra la mina, pero las que no tienen trabajo están a favor por las promesas de empleo”, contó Johan Uys, propietario de una hacienda cerca de esa ciudad y quien relató que sus hijos serán la sexta generación de su familia que trabaja en la zona.
También señaló una disparidad racial al respecto entre los ricos terratenientes blancos y las pobres comunidades negras. Estas últimas solo aceptan la mina si la compañía se compromete a proteger el ambiente y garantiza un crecimiento sostenible del empleo. Atha-Africa estima que se crearán 500 puestos de trabajo directos y 2.000 indirectos, a pesar de que que las operaciones solo están previstas para 15 años.
Pero “a menudo esos trabajos no son locales”, arguyó Fourie, basándose en experiencias anteriores.