La sentencia a 10 meses de prisión del dirigente antiminero de Íntag Javier Ramírez sentó un precedente.
Es el primer habitante de esa zona que cumple una condena por rebelión, los últimos siete años, según informes del Instituto Regional de DD.HH. (Inredh) y la Comisión Ecuménica de DD.HH. (Cedhu).
Ramírez fue liberado el 10 de febrero pasado del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra. Allí estuvo detenido desde el 10 de abril de 2014.
Él vive a un costado de la plaza central de Junín, una comunidad de Íntag, una región de bosques nublados y fincas, rica en biodiversidad, con una extensión de 2 200 km2 en el noroccidente (cantón Cotacachi, provincia de Imbabura).
Ramírez, quien fue enjuiciado por agredir a personal y bienes de la Enami, está casado con Ileana Torres y tiene cuatro hijos, todos menores de edad.
Mientras estuvo preso, su hijo de 17 años y su esposa lo reemplazaron en sus labores de jornalero en una finca de la zona donde siembran café. “Mi esposo ganaba el básico (USD 365), en la finca nos siguieron pagando lo mismo. Nos encargábamos de sacar la yerba mala y cosechar, que es lo más difícil. Eso nos ayudó a mantenernos”.
Durante su encarcelamiento, muchas cosas cambiaron en Junín. “Mi comunidad hoy está fracturada –comenta- ya no es la misma que defendía abiertamente la naturaleza de la explotación minera. Ahora hay otro grupo que se formó y apoya el proyecto Llurimagua, que impulsa la Enami, Empresa Nacional Minera, con la compañía estatal chilena Codelco”.
Los diez últimos meses esta zona ha estado bajo vigilancia policial. Grupos de uniformados patrullan a caballo sus intrincados senderos para evitar que los lugareños impidan el trabajo de exploración que realizan los funcionarios de la Enami.
En este lapso las autoridades difundieron las bondades de la “minería responsable”. Además, realizaron asambleas en varias localidades, que ven en la minería una alternativa para mejorar sus condiciones de vida, especialmente dotarles de servicios como agua potable, escuelas, centros médicos.
La obra más visible, por el momento, es un estrecho acceso de 1,50 metros de ancho, que construyen obreros, 300 metros antes de llegar a Junín. Conduce hasta el sitio donde se construirán las plataformas de perforación para verificar la existencia de cobre.
Según estimaciones, los yacimientos del subsuelo de Íntag contienen 318 toneladas de mina de cobre; unas 2,26 toneladas de cobre puro.
Pese a que fue condenado, Ramírez mantiene colocada en la parte frontal de su vivienda una pancarta que dice: “Hoy, mañana y siempre defenderemos nuestro territorio”. “En el centro de detención de Ibarra viví una pesadilla, pero seguiré en esta lucha para defender nuestra tierra, el agua… es la única herencia para mis hijos”, comenta Ramírez, mientras reconoce apesadumbrado que entre quienes apoyan el proyecto también están algunos de sus primos y tíos.
Ramiro Román, abogado de Ramírez, considera que en este caso el derecho penal sirvió para amedrentar al resto de la comunidad.
La oposición de los moradores de Junín a la minería se remonta a inicios de los 90, cuando Bishimetals realizó las primeras exploraciones de minerales. Desde esa época las comunidades locales se organizaron y crearon frentes en contra de la minería, con el apoyo de redes ambientalistas internacionales.
Precisamente, a fines de enero una misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) estuvo en el país para verificar los casos denunciados de supuesta criminalización. Incluso, participaron en una audiencia celebrada en el juicio contra Ramírez, y solicitaron su absolución.
Este caso también está incluido en un informe que el 31 de octubre pasado fue entregado por Inredh y la Cedhu a la Comisión Interamericana de DD.HH. En el documento se destaca que en Ecuador otra forma de criminalización ha sido el inicio de investigaciones y/o procesos penales contra defensores de derechos humanos o de la naturaleza, pero con la particularidad de que no concluyen. “El único fin ha sido mantener activo el proceso o la investigación. Simplemente se abren expedientes, indagaciones o instrucciones y no se archivan en el tiempo establecido por la ley”, indica el informe.
En reiteradas ocasiones las autoridades judiciales han defendido sus actuaciones insistiendo en que se persiguen delitos y no personas.
Un actor fundamental en estas causas es el Ministerio Público. “La Fiscalía respeta el derecho constitucional de la protesta social, pero la protesta, y todo derecho tienen un límite: no invadir los campos del derecho penal”, sostiene el fiscal Galo Chiriboga. “Lo que en el país ha ocurrido en varios casos donde han existido manifestaciones es que se ha incurrido en un tipo penal sancionado por nuestra legislación”.
La Fiscalía está preparando una publicación sobre el marco teórico de la protesta social e infracciones penales. “En esa publicación técnica se demostrará la actuación profesional de la Fiscalía en todos estos casos de supuesta criminalización (…). Es nuestra obligación acusar cuando hay elementos e indicios de cualquier delito; siempre habrá críticas de quienes se sientan afectados”.
La investigación del Inredh y la Cedhu documenta varios casos. Entre otros Shagly, en Azuay, “donde se mantuvo activa una indagación previa contra 17 dirigentes, hombres y mujeres más de dos años”, denuncia Harold Burbano, de Inredh.
Además, se destaca el caso de San Pablo de Amalí, en Bolívar, donde se mantienen abiertos procesos penales en contra de los agricultores Manuel Trujillo y Manuela Pacheco.
“Desde el 30 de septiembre de 2013 estamos obligados a presentarnos todos los lunes en la Fiscalía de Chillanes, estamos acusados de sabotaje y rebelión”, sostiene Trujillo, quien fue llamado a juicio pero aún no ha sido absuelto ni sentenciado. “Solo esperamos que el Tribunal Penal de Bolívar esclarezca nuestra situación”.
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