Por Wilfredo Ardito Vega*
Hace unos días, la Defensoría del Pueblo envió un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros para recordarle un importante detalle sobre el conflicto de Cañaris: que los habitantes de esta región son indígenas y que como tales tienen derecho a ser consultados previamente sobre las actividades mineras en su territorio.
Efectivamente, los cañaris son un pueblo cuya identidad se remonta a tiempos prehispánicos. De hecho, estuvieron entre quienes se aliaron con los españoles, para enfrentar al adversario común: los incas. Actualmente, hablan una versión particular de quechua y están asentados en la fría sierra de Lambayeque.
La mayoría vive en extrema pobreza y casi no reciben atención estatal. El mes pasado una amiga mía estuvo recorriendo algunos poblados donde recién comenzaría a instalarse electricidad. Se trata además de una zona con un ecosistema sumamente frágil, de la cual parten los ríos que irrigan el resto de Lambayeque.
Allá por los años cincuenta, San Juan de Cañaris fue reconocida como comunidad indígena y cuenta con títulos de propiedad debidamente inscritos. Pese a ello, el Ministerio de Energía y Minas ha lotizado su territorio, sin ninguna consulta o información a los comuneros y, también sin consulta, lo otorgó en concesión a la empresa canadiense Candente Copper para el proyecto minero Cañariaco.
Tradicionalmente, Canadá era un país con buena reputación en América Latina, pero, desde Piura hasta Guatemala, la falta de escrúpulos de diversas empresas mineras canadienses, están resquebrajando la imagen de dicho país.
La conducta de Candente no es una excepción: no sólo se instaló en territorio comunal sin una autorización de la asamblea comunal, sino que en julio anunció que tenía el respaldo de los comuneros obtenido en una asamblea en la que apenas 200 comuneros (de 3,500) aceptaron que la empresa continúe sus actividades de exploración. La modalidad de presentar una asamblea apócrifa ya ha sido intentada por otras empresas mineras como Majaz-Río Blanco en Piura y demuestra el poco respeto de las empresas involucradas por los campesinos. “Si no estuvieran tan convencidos de que les pueden engañar y manipular podrían trabajar con ellos”, me confiesa un amigo que trabajaba para una empresa minera en Ayacucho.
En noviembre pasado, en la asamblea de la comunidad de San Juan de Cañaris el 97% de los comuneros rechazó las actividades de exploración dentro de su propiedad comunal, tanto por los peligros para el medio ambiente, como porque consideran la presencia de la empresa una usurpación. Según la Ley 26505, citada por la Defensoría del Pueblo, “para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá del Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad” (artículo 11). Ante esta decisión, a la empresa sólo le queda abandonar las tierras comunales.
Lamentablemente, hace unos días, 25 campesinos de Cañaris que intentaban defender sus tierras fueron heridos por la Policía Nacional, en una dolorosa muestra de cómo el Estado en lugar de respetar los derechos comunales agrede a los propios campesinos. Por ello es importante la intervención de la Defensoría del Pueblo, cuando señala que la comunidad de San Juan de Cañaris está protegida por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde el Instituto de Defensa Legal, además, los campesinos no sólo tienen derecho a ser consultados, sino que inclusive deberán dar su consentimiento pues se trata de un proyecto que puede generar su desplazamiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha indicado que los indígenas deben dar su consentimiento cuando se trate de proyectos que puedan alterar radicalmente su forma de vida (Sentencia del caso Saramaka, párrafos 135-138)
Por si acaso, el carácter indígena de los habitantes de Cañaris está reconocido por el propio Ministerio de Cultura. Es más, el Viceministerio de Interculturalidad está convocando a los hablantes de quechua de Cañaris para un curso de preparación de intérpretes para los procesos de consulta previa.
La actual gestión del Ministerio de Energía y Minas no fue la que otorgó las concesiones a la empresa Candente, pero lamentablemente se ha empecinado en negar a los campesinos el derecho de decidir sobre sus propias tierras. Resulta penoso que el gobierno haya cometido el mismo error que en Conga y Espinar: emplear la violencia indiscriminada contra la población.
En los últimos días, se viene por fin planteando el diálogo con la población de Cañaris y se habla también de llevar electrificación y mejorar la educación que reciben los niños. Es terrible decirlo, pero pareciera que sólo cuando los campesinos dan una cuota de sangre, por fin las autoridades les escuchan.
– El oficio de la Defensoría del Pueblo aparece acá: http://reflexionesperuanas.lamula.pe/2013/01/30/defensoria-del-pueblo-los-habitantes-de-canaris-tienen-derecho-a-ser-consultados-sobre-la-actividad-minera/reflexionesperuanas
– El documento de Juan Carlos Ruiz, del IDL, aparece aquí: http://servindi.org/actualidad/81478
– Sobre la historia del pueblo de Cañaris, puede leerse a Antonio Zapata: http://www.iep.org.pe/antonio_zapata__el_conflicto_en_canaris.html
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*Wilfredo Ardito Vega es abogado y catedrático nacido en Lima.