Si bien la riqueza (humana) no se puede medir solo en dinero, lingotes o toneladas de concentrados, tampoco se puede negar que estos pueden y deben generar oportunidades para promover el desarrollo humano de las poblaciones vecinas a los siempre polémicos proyectos extractivos, sean mineros o petroleros, para empezar.
Pero que ha pasado hasta la fecha?? Las autoridades formales del pais, sea el Ejecutivo o el Legislativo, se han preocupado desde los años 90 mas en como facilitarle las cosas a esas empresas (exonerar oficialmente del pago de regalias a la mayoria de grandes empresas mineras, por ejemplo) que en ver como se distribuyen e invierten mejor los impuestos generados por sus actividades (el canon minero es la mitad del impuesto a la renta de las mineras, que se invierte al menos a nivel distrital, no llegando notoriamente a las comunidades afectadas por la mineria). De ahi que muchas comunidades se sigan quejando de que no ven grandes beneficios de tener como vecina a una empresa minera, y la gente, cuando no hay un conflicto abierto por razones ambientales (plenamente justificadas o no), se preocupe mas en que esta le garantice un cupo laboral, que al menos sí la beneficiara directamente y de manera inmediata, dentro de las limitaciones de salario y duracion del trabajo.
El otro motivo basico de conflicto es como se dan las famosas «relaciones comunitarias», es decir las relaciones empresa minera-comunidades cercanas, y el poner a la empresa por delante no es casual. Relaciones que muchas veces se dan de manera vertical y asimetricas, sin reconocer al Otro como un ciudadano «igual» con los mismos deberes y derechos, y menos como un socio potencial, sino como obstaculo a vencer y convencer para obtener la luz verde para el proyecto. De ahi que incluso relaciones que pudieron haber empezado bien, como en el caso de Antamina con la comunidad de Huallanca, terminan volviendose conflictivas o se interrumpen eventualmente. Mas aun cuando esas relaciones empiezan mal o de manera distante y fria, como en el caso de Quellaveco con la comunidad de Cuchumballa, provincia de Mariscal Nieto, Moquegua, que ni siquiera ha sido informada formalmente de los impactos negativos o positivos del proyecto minero, sin que ninguna entidad publica (municipalidad distrital) o privada (ONGs, iglesia) haya tomado las medidas del caso para revertir esa relacion tan asimetrica.
Desde luego que el pais en general, por no decir Lima, solo se enterara de la existencia de comunidades como esas si es que llegan a salir en grandes titulares periodisticos al comvertirse en uno de los pocos conflictos sociales del mes (238, segun la Defensoria del Pueblo) que se tornan altamente violentos o «inmanejables» con los mecanismos usuales. El dia que cambie esa forma de relacionarnos entre peruanos (en especial entre gobernantes y gobernados) y entre empresas y comunidades habremos entrado a una nueva fase de construir pais, democracia y ciudadania (omito intencionalmente hablar aqui de «desarrollo»).