La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) remitió hoy una carta al Presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina, para denunciar la criminalización de defensores de los derechos de comunidades indígenas en el departamento de Huehuetenango.
De acuerdo con la información recibida, el 26 de febrero pasado tres dirigentes sociales de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, y miembros de la resistencia pacífica contra los proyectos hidroeléctricos Qanbalam I y II, fueron llevados a prisión cuando se presentaron a una audiencia pública convocada por el Tribunal de Justicia de Huehuetenango. Esta acción es la última de una presunta campaña de amenazas, ataques y hostigamiento por parte de la policía nacional y empresas de seguridad dirigida contra opositores a varios proyectos de mega infraestructuras.
La carta enumera varios proyectos de desarrollo que han tenido un serio impacto en los derechos humanos de las personas que viven en la zona, tales como exploración y extracción de petróleo (a cargo de Loon Energy Corporation de Canadá), proyectos hidroeléctricos (operados por la española Hidralia Energía, Ecoener e Hidro San Cruz), represas (operadas por Enel Italia y Grupo Magdalena) y actividades mineras (como la operada por Firestone Venture Company Inc.).
Chris Grove, director de la Red-DESC, aseguró que “estos proyectos mineros e hidroeléctricos deben cumplir con el derecho fundamental al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios ancestrales y el derecho a promover un modelo de desarrollo consistente con sus valores, culturas y visión del mundo, tal y como recoge la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas”.
Según información facilitada por el Consejo del pueblo Huista (Wuxhtaj), un movimiento de pueblos que tienen como objetivo la promoción y defensa de los derechos individuales y colectivos de los pueblos y la reconstrucción territorial, en los últimos tiempos han tenido lugar numerosas presuntas represalias contra defensores de derechos humanos en la zona.
La misiva, que cuenta con el respaldo de más de 270 organizaciones e individuos de 70 países de todo el mundo, recuerda al gobierno de Guatemala que el país tiene la obligación de cumplir con importantes tratados internacionales de derechos humanos que Guatemala ha ratificado y suscrito, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, entre otros.
La carta solicita al gobierno de Guatemala que tome medidas para asegurar un juicio justo a los defensores de derechos humanos que se encuentran detenidos, y que detenga la criminalización de estos activistas por los derechos de las comunidades indígenas de Guatemala. Igualmente, insta al gobierno a que tome medidas urgentes para diseñar e implementar un plan nacional de acción consistente con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU.
Para consultar la carta completa, por favor haga clic aquí.
Fuente: Red-DESC