La protesta ahora es crimen organizado

Hay mucha desinformación sobre el tema de Las Bambas en la prensa y en esta brevísima columna no se puede tocar la complejidad del mismo. La escribo este lunes tenso en que puede suceder en Cotabambas cualquier cosa. La protesta comenzó hace tres años (2015). La causa son las modificaciones inconsultas que la empresa y el Estado hacen al proyecto y que afectan a la gente. Una de las más graves es que se incumplió con la construcción de un mineroducto por temas económicos y se cambió de medio de transporte a una carretera. Paolo Benza tiene un tuit muy elocuente al respecto: “El mineral ahora sale en camiones. He tomado parte de la ruta de esos convoyes y levantan un huevo de polvo. Toneladas. ¿Por qué no se ha asfaltado esa pista? Porque somos Perú”.

Desde el 2015 las demandas de la población fueron respondidas con represión: cuatro comuneros muertos y media centena criminalizados, es decir, con juicios por asociación ilícita para delinquir, disturbios o daños. El Poder Ejecutivo viene declarando zona de emergencia al corredor minero desde hace dos años con todas las restricciones que significa. Y no olvidemos los convenios entre la PNP y la empresa minera MMG para “prestar servicios” privatizando la seguridad pública y poniendo a la policía del lado de quien, obviamente, le paga.

Rosa María Palacios ha dicho ayer que basta de tener una visión asistencialista hacia los “pobrecitos comuneros”. Los peruanos tampoco somos idiotas. Obviamente en la zona hay diferencias de intereses y los comuneros están jugando a jalar la pita. Pero ¿por qué la empresa y el Poder Ejecutivo no tomaron el problema como algo serio desde el 2018? El año pasado, en diciembre, el Ejecutivo “cerró” unilateralmente la mesa de diálogo. Entiendo que el asesoramiento de dos abogados de dudosa reputación como los Chávez llevó a una posición extrema, pero ¿quiénes no cumplieron con sus promesas?, ¿los comuneros o la empresa?

El artículo 200 del Código Penal ha sido modificado para que una toma de carretera sea delito de extorsión agravada con penas de 15 años, más que homicidio… ¡qué es esto! Criminalización de la protesta pura y dura. En Arequipa una fiscal ha intentado convertir la estructura de un Frente de Defensa en crimen organizado, en Fuerabamba se está probando lo mismo, con la dudosa imaginación para los alias de algún oficial de la PNP (los Chávez han sido bautizados como “los Chabelos”). Yo no voy a poner mis manos al fuego por estos dos individuos, pero sí creo que se está utilizando este proceso para convertir a las comunidades que se quejen en bandas, crimen organizado, mafias, al mejor estilo de cualquier dictadorzuelo caribeño.