José De Echave C.
Imagen: Camiper
07/07/2020
En anteriores artículos hemos subrayado que desde que se inició la pandemia, algo más de 250 operaciones mineras han sido paralizadas en 33 países. Los principales países afectados han sido Sudáfrica, Estados Unidos, México y Canadá.
Los motivos de las paralizaciones han sido diversos: las cuarentenas que han aplicado los países, temas de seguridad en las propias operaciones y también la creciente resistencia de parte de los trabajadores a la exposición y el aumento de casos de contagio.
En varios países las cosas se han ido complicando. Un ejemplo es Chile: ya son 9 trabajadores mineros fallecidos en el vecino país del sur y solo en la empresa estatal Codelco -la primera productora de cobre en el mundo-,los contagiados por Covid 19 suman 2,600. Actualmente la minería chilena está funcionando con poco más de un 50% de su fuerza laboral y la cifra de trabajadores desmovilizados llega a 90 milen estos momentos. Según algunas publicaciones de ese país, si bien al inicio de la pandemia la mayoría de las compañías mineras habían reducido sus operaciones en un 30% en promedio, en la actualidad la situación se ha complicado y se calcula que la reducción llega a un 50%.
Los mineros chilenos critican que las medidas implementadas por sus empleadores han sido «tardías». Los trabajadores mineros tienen miedo a enfermarse y a morir porque ven lo que les ha ocurrido a sus compañeros», ha declarado en un medio de ese país el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Patricio Elgueta. También denuncian «hermetismo» de las empresas para entregar los datos sobre fallecidos y contagiados y reclaman transparencia a las autoridades.
Mientras tanto, en el Perú se anuncia que la minería estaría operando al 100% de su capacidad en el mes de julio, en medio de muchos cuestionamientos por el número de casos de contagio que se han registrado en diferentes operaciones mineras y que sigue en aumento. Al igual de lo que viene ocurriendo en otros países, los trabajadores mineros en el Perú exigen que se implementen las mayores medidas de seguridad y subrayan que los protocolos no son lo suficientemente rigurosos y, sobre todo, fueron aprobados sin su participación.
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