La megaminería en nuestro país dará un salto sin precedente con el desarrollo del Proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) llevado a cabo por el gobierno de Maduro. El mismo implica la entrega de una parte importantísima del territorio nacional a las transnacionales, y lo único que le va a quedar al pueblo es la destrucción del ecosistema y la expoliación de nuestras riquezas.
En la lucha contra este plan devastador, se constituyó la Plataforma por la Nulidad del Decreto del Arco Minero que la conforman diversas organizaciones políticas, movimientos sociales y activistas que se fueron sumando contra el proyecto del gobierno.
Este espacio se planteaba convertirse en un actor político de peso contra la expoliación de la megaminería, extendiéndola hacia nuevos espacios, activistas y grupos de lucha, para insuflarle más vida y un activismo más real. Esta lucha, la Plataforma fue tomando cuerpo, a medida que se fueron sumando las diversas iniciativas que por su cuenta venían realizando campañas contra el Decreto del Arco Minero, y se propuso una primera actividad central frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ser entrega un Recurso de nulidad por inconstitucionalidad.
No tiene sentido un espacio donde un grupo ejerce un poder de veto contra el resto.
Pero lamentablemente en vez de que el activismo se convirtiera en el actor fundamental de la lucha así como en la toma de decisiones, se terminó imponiendo la lógica de hacer prevalecer a figurones políticos como principales actores y portavoces, algunos de ellos marcados por su accionar contra las comunidades originarias.
Se trata en particular de la inclusión del Mayor General (R) Clíver Alcalá Cordones, quien fue jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Guayana, y que comandó las operaciones de militarización en territorios indígenas, con toda su secuela de hostigamientos y maltratos a los pueblos originarios de la zona. El militar alcanzó mayor notoriedad cuando en 2013 fue declarado “enemigo número uno del pueblo Pemón, especialmente de los miembros de las comunidades aéreas”.
Si ya la incorporación de la ex ministra Ana Elisa Osorio, a quien varias organizaciones indígenas responsabilizan en la implementación del tendido eléctrico hacia Brasil generaba cuestionamientos, lo de Clíver Alcalá se transformó en un gran salto cualitativo. Lo de llamar e incluir a Clíver Alcalá como accionante y vocero fue obra exclusiva de Marea Socialista (MS) y aliados, sin contar con ninguna discusión, de forma inconsulta y autoritaria.
La Plataforma lleva ya dos asambleas, donde los sectores encabezados por Marea obstaculizan e impiden que se resuelva en forma democrática si la Plataforma acuerda o no en hacer una delimitación pública donde deje claro que el Mayor General (r) Clíver Alcalá no es parte ni vocero de la Plataforma.
Estas dos reuniones consecutivas, y la forma cómo se ha terminado imponiendo la política de Marea han demostrado que el espacio se muestra impotente para garantizar un funcionamiento democrático que impida las imposiciones de un grupo y sus aliados, por más que hay un amplio espectro de opiniones diferentes y contrarias, sin embargo los compañeros se imponen por defección –muchos sencillamente han dejado de ir, vaciándose un poco las reuniones– o porque juegan al desgaste. Marea ejerce un poder de veto, pues mientras sin mediar ninguna discusión ni consulta ni mucho menos votación, impuso al ex alto jefe militar como vocero de la Plataforma en el único acto público de trascendencia de la Plataforma, de manera intransigente se niega a cualquier tipo de votación que permita expresar las opiniones que hay en torno al caso Clíver y el cómo ellos se manejaron de manera totalmente burocrática e impositiva.
Entonces, no tiene sentido un espacio donde un grupo ejerce un poder de veto contra el resto. No es un espacio sano. Casi un mes desde el hecho en cuestión, dos reuniones amplias, y aún habiendo claramente un amplio sector de la Plataforma o cercano a esta que coincide en condenar la manera en que los integrantes de Marea se manejaron –y otros también que cuestionan lo concreto de la figura de Clíver Alcalá–, no habido posibilidad de que eso se exprese, se ha impuesto aún el veto de los mismos que faltaron a la democracia de la Plataforma, y a los principios que varios sostenemos: nada con militares represores.
Lo que impone Marea es su estrategia de alianzas políticas
Esta forma de manejarse implica un espacio viciado de falta de democracia, pero también está el problema de los contenidos de la política que se impone. Por un lado, lo que para nosotros es un problema de principios, delimitarse públicamente de un ex alto jefe militar responsable de militarizar territorios indígenas y de comandar operativos represivos; en los hechos, luego de pasado casi un mes y dos reuniones, el espacio no ha podido aclarar ni delimitarse públicamente de este personaje.
Por lo tanto, hasta ahora, la Plataforma es un espacio que no guarda ningún principio político de separarse claramente de personas como Clíver Alcalá, no porque la mayoría de los compañeros y compañeras de la misma lo avale, sino porque en los hechos ha prevalecido la imposición de Marea y aliados. En un espacio así no podemos estar quienes luchamos contra la opresión y represión contra los pueblos.
Por el otro lado, lo que impone Marea en la Plataforma es su particular alianza política para la disputa al interior de chavismo. La mayoría de las figuras aliadas de MS al interior de la Plataforma –que son también el grueso de los accionantes del Recurso de nulidad–, son casi exactamente los mismos con quienes tiene alianza para postularse como alternativa dentro del chavismo, entonces, la forma política impositiva al interior de la Plataforma también está al servicio de que no descuadre de los objetivos políticos propios de Marea en su disputa burocrática adentro del chavismo.
El veto a que no se resuelva lo de Clíver Alcalá –o cualquier otra figura o política de que se trate– tiene que ver también con que en sus cálculos políticos Marea no puede permitirse que el espacio donde actúa cuestione a sus aliados políticos, ¡menos a Clíver Alcalá!, ¡y menos que menos menos públicamente! Entonces, la Plataforma en realidad termina siendo rehén de las necesidades políticas de MS, no tiene ninguna libertad ni soberanía real de definir cuestiones centrales, como la que es el centro del debate (caso Clíver). Si no es esta la realidad de la Plataforma, ¿qué explica que se siga imponiendo el poder de veto de MS, aún contra la opinión de un amplio sector de la misma?
¡Coordinemos, que se puede!
Es por todo esto consideramos que la Plataforma deja de ser un espacio sano y democrático para coordinarse políticamente en función de la lucha contra el Arco Minero del Orinoco. Otros espacios de articulación y coordinación habrá que impulsar, para continuar juntando esfuerzos, de manera realmente democrática, con principios de clara delimitación frente a figuras que hayan sido responsables de ataques a los derechos de los explotados y las explotadas, los oprimidos y las oprimidas, y sin que las necesidades políticas de un grupo impidan que se puedan discutir y decidir libremente todos y cada unos de los aspectos que tengan que ver con la política en común que ese espacio lleve adelante.