Se han reportado altos niveles de contaminación del aire en La Oroya desde el reinicio de las operaciones del complejo metalúrgico. Luego de tres años de paralización, el complejo metalúrgico volvió a operar con uno de sus circuitos activos, el de zinc. Debido a esto, se han reportado altos niveles de contaminación del aire con dióxido de azufre. Estos resultados fueron reportados por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud que indicó tres situaciones de emergencia, siete de peligro y 15 de cuidado desde que se reanudaron las operaciones. Durante estos días, los niveles de dióxido azufre sobrepasaron los 3,200µg/m³ cuando el máximo permitido actualmente por la legislación, es de 80 µg/m³.
“Actualmente es la empresa Right Business la encargada de operar el complejo. Ante los impactos ambientales reportados esta semana por Digesa, la pregunta que ha surgido de manera inmediata es saber cuáles son los mecanismos de control y fiscalización que está aplicando el Estado para supervisar a Right Business para que cumpla con los estándares ambientales requeridos”, dice Emma Gómez, subdirectora de CooperAcción.
La respuesta que ha dado Right Business ha sido la Resolución Ministerial 257-2006-EM que otorgó un plazo adicional para la construcción de cada una de las plantas de ácido sulfúrico del complejo (zinc, plomo y cobre) a la ex operadora Doe Run Perú.
“Recordemos que esta norma estableció las condiciones en las que se le otorgaba la prórroga de ejecución del PAMA a Doe Run y no nos queda claro si es la herramienta necesaria para fiscalizar a Right Business puesto que estamos ante un nuevo escenario de operación parcial del complejo, que viene operando en una ciudad que redujo sus niveles de contaminación debido a la paralización de casi 3 años (…) Lo que pedimos es mayor transparencia para que queden claros los instrumentos técnicos que van a permitir un adecuado control a Right Business: ¿cuáles son los parámetros de control? ¿Cada cuánto tiempo se van a realizar auditorías y monitoreos?“, dice Gómez.
Por su parte, el especialista en temas ambientales, Juan Aste, dijo que “desde un comienzo, el complejo metalúrgico tenía que cumplir con los estándares de calidad ambiental. Otra salida era darles un plazo para condicionar el funcionamiento del complejo para evitar cualquier tipo de contaminación.
”El Estado debe continuar con su rol de salvaguardar los intereses de cumplir con los estándares ambientales y de supervisión desde el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Desde la plataforma siempre hemos sostenido que cualquier empresa que opere el complejo metalúrgico de La Oroya debe cumplir estándares ambientales que garanticen un ambiente sano para La Oroya y su población. Doe Run demostró por años su falta de voluntad por cumplir sus compromisos ambientales”, finaliza Emma Gómez.