El conflicto de la mina San Rafael Las Flores dejó algo más que un Estado de Sitio como respuesta a la oposición de los pobladores a la explotación de su territorio. Fue el punto de partida para que el Gobierno de Guatemala ensaye una nueva estrategia de seguridad, impulsada en secreto, y que ubica a los movimientos de oposición a los proyectos extractivos como una amenaza para la seguridad nacional.
Para marzo de 2013, se acordó que el «Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros», como parte de la Política Nacional de Seguridad.
El Estado movilizó al ejército y a la policía luego de los hechos violentos que arrancaron en septiembre de 2012 en el municipio de San Rafael en contra de la minería.El Estado movilizó al ejército y a la policía luego de los hechos violentos que arrancaron en septiembre de 2012 en el municipio de San Rafael en contra de la minería.
El Estado creó el «Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros». Una entidad que trabajaría bajo la supervisión del coronel Ricardo Bustamante, encargado de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.El Estado creó el «Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros». Una entidad que trabajaría bajo la supervisión del coronel Ricardo Bustamante, encargado de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
Desde el Consejo Nacional de Seguridad se acordó que los problemas alrededor de los proyectos extractivos debían ser abordados desde una perspectiva de Seguridad Nacional, como una amenaza en contra del Estado.Desde el Consejo Nacional de Seguridad se acordó que los problemas alrededor de los proyectos extractivos debían ser abordados desde una perspectiva de Seguridad Nacional, como una amenaza en contra del Estado.
Para marzo de 2013, se acordó que el «Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros», como parte de la Política Nacional de Seguridad.Para marzo de 2013, se acordó que el «Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros», como parte de la Política Nacional de Seguridad.
La conflictividad social en torno a un proyecto extractivo no es algo exclusivo de San Rafael Las Flores. No sucede únicamente en este lugar. Hay diversos puntos en choque, a nivel nacional. En La Puya fueron movilizados decenas de agentes policiales.La conflictividad social en torno a un proyecto extractivo no es algo exclusivo de San Rafael Las Flores. No sucede únicamente en este lugar. Hay diversos puntos en choque, a nivel nacional. En La Puya fueron movilizados decenas de agentes policiales.
Casi nadie se atreve a denunciar públicamente que la «Oficina Interinstitucional de Desarrollo Integral» es en realidad, como dice Pivaral, «una oficina de inteligencia militar». «Es igual a los años setenta. Es lamentable. Vivimos en alerta permanente. Esa oficina siempre nos ha parecido sospechosa. Ubican el nombre de los líderes, manejan información de las comunidades. Lo sabemos aunque digan lo contrario», asegura el líder comunitario.
Sobre la posibilidad de ampliar las funciones del Grupo Interinstitucional para Asuntos Mineros en otros lugares, el Ministro de Gobernación dice que primero hay que «atender la conflictividad derivado de lo que ya ha sido otorgado» para garantizar que el «nuevo modelo» haga más viable la administración y certeza de los proyectos que para el Gobierno «son estratégicos».
San Rafael Las Flores se ha vuelto un extraño lugar donde todos parecen precavidos. Desconfían. Desde mayo de 2013, luego de que en este municipio de Santa Rosa se decretara un Estado de Sitio, las cosas son así. En las calles, en los parques, en las pequeñas tiendas de esquina, la gente observa con detenimiento a todo el que pasa frente a sus ojos. La alerta es espontánea. Los extraños no suelen pasar desapercibidos.
¿Es usted trabajador de la mina?
¿Viene de Canadá?
¿Qué quiere?
Son preguntas que se sueltan desde la incomodidad. Suceden en el autobús, en el restaurante, a veces, en la calle. «Hay que tener cuidado con eso de hablar de la minería», advierte un tendero con una sonrisa. La explicación que da es que cada quien, en San Rafael Las Flores, reacciona bien o mal ante el tema, a favor o en contra del proyecto minero El Escobal, que desde hace unos meses ha empezado la extracción de plata en el subsuelo de San Rafael Las Flores. «La población está dividida», dice. Le indico, no obstante, que con la minera no es necesario nada, que si no conoce la ubicación de una oficina estatal, una oficina de Gobierno que en efecto tiene un nombre minero: «Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros», si acaso sabe algo de ella.
Tras el mostrador, el tendero se rasca la cabeza y dice: «Ese nombre no me suena».
Lo mismo pasa con un agente de tránsito, con la dependienta de una farmacia, con un policía de seguridad privada. «El Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros» es algo que no les suena. «Quizá usted busca aquella oficina de Gobierno que tiene unos carteles», dice una anciana frente a la municipalidad. Indica, luego, un largo camino de veredas y calles para poder llegar hasta allí. «Pero la oficina no tiene ese nombre. No recuerdo ahora, pero ese no es», aclara.
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Desde el 26 de marzo de 2013, el gobierno de Otto Pérez Molina ha dado un trato especial para los conflictos sociales de San Rafael Las Flores. En el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) se acordó que los problemas sociales —protestas, altercados, provocaciones, bloqueos— alrededor de los proyectos extractivos debían ser abordados desde otro nivel, desde una perspectiva de Seguridad Nacional, es decir, como una amenaza en contra de la seguridad del Estado.
Para hacer frente a ello fue creado el «Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros», una instancia que trabaja bajo la supervisión del coronel Ricardo Bustamante, encargado de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS).
Los viceministros de Gobernación, Edi Juárez; de Ambiente y Recursos Naturales, Sergio Ruano; el director de minería en el Ministerio de Energía y Minas, Fernando Castellanos; el encargado del Sistema Nacional de Diálogo, Miguel Ángel Balcárcel, integraron el primer grupo de funcionarios que escuchó las evaluaciones sobre conflictividad elaboradas por la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE), a cargo de José María Argueta, tras los violentos hechos desatados en San Rafael Las Flores Las Flores en septiembre de 2012. Durante esos incidentes fueron incendiadas casas, equipo y vehículos de la empresa minera San Rafael, así como instalaciones de entidades públicas y privadas. Hubo más de medio centenar de heridos; y murieron cuatro personas, entre ellas un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).
El «Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros» fue creado en marzo de 2013 bajo el amparo de la Política Nacional de Seguridad, dos meses antes de que fuera decretado el Estado de Sitio en esa población, y un mes antes de la aprobación de la licencia de explotación al proyecto Escobal.
En el Ejecutivo se trazó un proyecto de Acuerdo Gubernativo para darle vida legal a esa instancia. La Procuraduría General de la Nación recibió la solicitud y le dio su «visto bueno». Sin embargo, el acuerdo para la creación del «Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros» nunca fue publicado.
El proyecto de Acuerdo Gubernativo faculta a esta instancia, entre otras atribuciones, a «elaborar recomendaciones, políticas, estrategias y proyectos de carácter político, social, económico y de seguridad al Consejo Nacional de Seguridad para la atención integral de la problemática de seguridad, generada por la exploración y explotación de recursos naturales no renovables».
El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, en declaraciones a Plaza Pública reconoció que este grupo opera desde hace casi un año en San Rafael Las Flores, y que «su función es identificar lo que ha fallado» en temas de seguridad e «impacto social» en los sitios donde se impulsan proyectos mineros.
«Nosotros creemos que el Estado, como tal, cuando convoca a capital extranjero, tiene que hacerlo con un acompañamiento de principio a fin. Significa que si se identifican lugares potencialmente buenos para explotación de recursos, hay que ir al lugar, evaluar el lugar, y así como se está requiriendo productos de impacto ambiental, también se pretende requerir estudios de impacto social», explicó el Ministro.
Ello implica, agregó, que «por tratarse de un grupo interinstitucional en asuntos mineros se involucra a todas las instituciones que tienen que ver con este tema».
Una oficina ubicada en San Rafael Las Flores era importante para el funcionamiento de este grupo. Lo curioso: en San Rafael Las Flores nadie sabe dónde está ubicada. Al menos no con su nombre real.
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En la salida de San Rafael Las Flores hay un primer indicio de la existencia de esta oficina. Una valla que anuncia la ubicación de una oficina gubernamental. Hay que seguir las indicaciones —unas flechas—, primero a la derecha, luego de nuevo un cruce en el mismo sentido, luego recto, hasta salir del casco urbano y llegar a un camino de terracería que da a unos potreros en medio de la nada.
Allí, lejos de todo, la oficina de Gobierno parece más bien una fortaleza. Hay malla metálica a su alrededor. Alambres de púas. Hay que rodearla por completo hasta dar con la entrada. Se encuentra empotrada en un punto estratégico, en la cima de un cerro pequeño: cualquier visita se vuelve anticipada. Gran parte del pueblo puede ser visto desde esta oficina.
En la fachada se lee: «Oficina Interinstitucional para el Desarrollo Integral».
¿Es está la sede del «Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros» a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad?
A primera vista no lo parece.
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Semanas antes, Eduardo Spiegeler, de la Comisión de Asesoramiento y Planificación (CAP) del Consejo Nacional de Seguridad confirmaba, al igual que López Bonilla, que el grupo de asuntos mineros para la seguridad nacional estaba en operaciones en San Rafael Las Flores.
«En un momento determinado se estimó que la minería está desarrollando un tipo de conflictividad generalizada. Ya no es sólo el problema de un lugar, como San Rafael Las Flores, en Santa Rosa, o la Compañía Guatemalteca de Níquel en Izabal, o El Tambor en San José del Golfo. El consejo (CNS) tomó nota de esto y lo elevó a un problema que podría reaccionar como una amenaza a la nación. Algo que, en sí, puede afectar la gobernabilidad del país», explicaba el asesor del CNS.
Pero, ¿cómo opera un grupo de este tipo? ¿Cómo se maneja la minería desde la perspectiva de una Política de Seguridad Nacional?
Spiegeler dice que han detectado varios factores que explican la negativa de las comunidades a que se haga un aprovechamiento de los recursos naturales. «Falta de información», indica. «El problema de eso es que no ha habido una buena comunicación estratégica, que realmente genere confianza en lo que se va a hacer».
—¿Las compañías son las que deberían proporcionar información?
—Eso debe ser una actividad que le corresponde al Estado. Dar a las comunidades información fidedigna y certera de lo que está pasando.
López Bonilla lo explica con claridad: «La lógica es cambiar lo que ha venido desarrollándose anteriormente. Por ejemplo, el Estado convoca, otorga una licencia de reconocimiento, luego de exploración y después la de explotación, y resulta entonces que tenemos un problema de conflictividad en el área. Entonces, cómo administrar el conflicto, en un orden lógico: ir al origen. Qué se hace, se habla del proyecto, en qué consiste, el impacto, los beneficios. Y aquí el rasgo más importante de la Política Nacional de Seguridad enfocado en asuntos mineros».
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La «confianza» que según Spiegeler se busca generar en la población es lo que menos se percibe en la oficina gubernamental «para Desarrollo Integral», sede, en realidad, del «Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros», ubicada en las afueras de San Rafael Las Flores.
Hay varios funcionarios públicos reunidos en su interior.
—¿Son ustedes el Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros de la STCNS? —se les pregunta al grupo que se observa en el interior de la oficina.
—No. Si usted leyó afuera, esta es una oficina de Desarrollo Integral —dice el coronel Mario René Gálvez, delegado del Ministerio de Gobernación.
—No tenemos nada que ver con la mina —exclama, desde un inicio, Giovanni Martínez, representante del Sistema Nacional de Diálogo (SND).
En todo caso, parece una reunión de técnicos y rudos. Técnicos como los ingenieros Fredy Navarro, del ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; Julio Chacón, del Ministerio de Energía y Minas; y Luis Martínez del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Y rudos como Mario Pozuelos —que toma fotografías al reportero de Plaza Pública — de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y el coronel Gálvez.
—Disculpen pero el Ministro de Gobernación dice otra cosa.
—….
—La oficina es una expresión del Estado para cubrir las demandas de los pobladores. Da asesoramiento, ofrece información a quien la pida, con respuestas técnicas y científicas sobre la mina. Fiscalizamos a la mina —explica Martínez del SND.
—¿Qué actividades realizan?
—Por ejemplo, ahora mismo, evaluamos el agua. Pero también cada institución recopila información, la trae, y entre todos la analizamos. Remitimos todo a la STCNS —vuelve a responder Martínez. Esta vez, muestra la hoja de ruta, señala que en efecto dice «Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros», pero sostiene que es un error, que en algún momento la STCNS decidió llamarla así. La contradicción radica en que las hojas oficiales dicen un nombre, y las instalaciones donde nos encontramos otro. Todo es muy extraño. Absurdo casi.
—¿El grupo opera en secreto?
—…
—No, no para nada—dice Gálvez.
Todo el grupo parece nervioso, a ratos molesto, otras veces sorprendido, la mayor parte del tiempo incómodo. Dicen, seguros, que tienen el Acuerdo Gubernativo para funcionar, pero no pueden, no logran, recordar el número o la fecha de publicación en el diario oficial. En realidad se intentó tener acuerdo, pero al final nunca fue publicado. La STCNS defiende que el reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (decreto 18-2008 y acuerdo 166-2011) les da la facultad de crear grupos interinstitucionales a su antojo, incluso sin explicar su funcionamiento, su presupuesto.
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«Hay dos formas de política pública: la de hecho y la jurídica», explica Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua). «En el caso del Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros, dentro de la Política Nacional de Seguridad, estamos ante una política pública de hecho. El tema es que, más que llamarle una política minera, es más una política de control social. En vez de reformar la Ley de Minería, algo necesario, el Gobierno reacciona y sale con una cuestión enfocada a la seguridad y la amenaza nacional. Se evidencia cómo el Estado quiere organizarse para minimizar la protesta, que también es un derecho constitucional».
José Cruz, del colectivo ambientalista Madre Selva, va más allá. «Este plan es contrainsurgente», dice. «Ellos lo están aplicando en época democrática. Las coordinadoras interinstitucionales de este tipo eran parte de las estrategias del Ejército durante el conflicto armado interno. Lo preocupante, sin embargo, es el secreto con que se ha manejado».
Desde 1999, luego de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala se empezó a plantear la construcción de una seguridad democrática. El centro de la política pública de seguridad sería el desarrollo humano. Se buscaba corregir algunas herencias del pasado, entre ellas, la contrainsurgencia de la Doctrina de Seguridad Nacional. En 2008 se aprobó la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Se intentaba que distintas instituciones se coordinaran alrededor de un eje central de poder —el CNS — y se abordara el tema de la seguridad interior y exterior en manos del poder civil. Era abandonar las viejas formas, la tradición de la seguridad en manos de lo militar, pasar a una Política Nacional de Seguridad diferente. Héctor Rosada-Granados, de la Junta Directiva del Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica (CEESC), dice que en todo ese proceso nunca se abordó el tema de la oposición social a la extracción minera como amenaza a la seguridad nacional, pero advierte que cada gobierno puede identificar amenazas dependiendo de la coyuntura.
«Es probable que en otro Gobierno se hubiera interpretado de otra forma y procedido a integrar el grupo interinstitucional con otros componentes. Por ejemplo, incluir en él a la institución del Procurador de los Derechos Humanos, y darle otro enfoque a la conflictividad que se plantea, de forma tal que destaque el cumplimiento de los derechos ciudadanos a la protesta, sin visualizarla como una amenaza a la seguridad de la nación», señala Rosada.
—¿Cómo se explica, entonces, que la conflictividad social generada alrededor de la oposición a los proyectos mineros se esté manejando desde una perspectiva de amenaza a la seguridad nacional?
—Un Gobierno democrático que respeta el estado de derecho nunca ubicaría una protesta social como una amenaza en contra del Estado; nunca la clasificaría como generadora de desestabilización y peligro para la seguridad de la nación. Por el contrario, un Gobierno autoritario de corte militar y con profundos antecedentes que lo ubican en la génesis de la política contrainsurgente aplicada durante la guerra interna, reaccionará y priorizará en la misma forma en que lo hizo antes.
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En San Rafael Las Flores, la implementación de la Política Nacional de Seguridad no ha pasado tan inadvertida. Los vecinos notan cambios, a pesar de no haber sido informados que el CNS elevó la conflictividad social en torno a la mina a un nuevo nivel. Apenas se genera confianza para que alguien explique cómo ha sido la vida en esa población luego del Estado de Sitio. Se vuelve complicado.
—Nos sentimos vigilados —dice un maestro que pide que no se revele su nombre.
—Acá pasan carros con gente armada a cada rato —indica un señor de gestos recios, de bota y sombrero.
—A nuestra producción le ponen precio. No hay modo de negociar. Dicen que nuestro frijol, nuestro tomate, todo está contaminado con cianuro y ya no podemos llegar a un precio justo —dice un campesino de la aldea El Volcancito.
—Hay miedo, acá luego del Estado de Sitio, lo que hay es miedo. Nadie habla como antes del problema de la minería. De ningún tema en realidad. La resistencia fue aniquilada. El silencio, la desconfianza, llena el pueblo —reclama Rudy Pivaral del Comité en Defensa de la Vida y la Paz. Uno de los pocos que se atreve a dar su nombre para hablar del tema.
Casi nadie se atreve a denunciar públicamente que la «Oficina Interinstitucional de Desarrollo Integral» es en realidad, como dice Pivaral, «una oficina de inteligencia militar».
«Es igual a los años setenta. Es lamentable. Vivimos en alerta permanente. Esa oficina siempre nos ha parecido sospechosa. Ubican el nombre de los líderes, manejan información de las comunidades. Lo sabemos aunque digan lo contrario», asegura el líder comunitario.
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Hasta antes de la escalada de violencia en San Rafael Las Flores el Estado encaraba la conflictividad social alrededor de los proyectos mineros mediante el Sistema de Diálogo Nacional (SDN). Dirigido por Miguel Ángel Balcárcel, las críticas ante el SDN son varias. Muchas coinciden en que la intención de diálogo, en realidad, no existe. «Se organiza, se crea un proceso, un eufemismo del Estado, para que las comunidades acepten las condiciones de las empresas», resalta Samayoa. Incluso el presidente Pérez Molina ha admitido que existen errores en los mecanismos de gestión en esa instancia.
Mediar, informar, crear procesos para las gestión de conflictos, prevenir, gran parte de sus funciones han sido adjudicadas al Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros. Miguel Ángel Balcárcel considera, a pesar de ello, que el SDN continúa su trabajo, no en paralelo sino como acompañamiento.
«La creación de este Grupo Interinstitucional se da porque la situación en San Rafael llegó a un punto complejo. Obligó a tomar medidas en el campo de la seguridad, no se trató de eliminar el diálogo, sino que el enfoque ha sido distinto: los cauces de la democracia, la gobernabilidad», dice Balcárcel.
Dentro de este contexto, según Cruz de Madre Selva, el SND ha ampliado sus funciones. «Están haciendo mapeo de líderes. Evalúan escenarios». «El diálogo funciona de fachada para acercarse, obtener nombres, establecer capturas», indica.
La conflictividad social en torno a un proyecto extractivo no es algo exclusivo de San Rafael Las Flores. Hay diversos puntos en choque, a nivel nacional. Y cada uno es distinto, con sus propias complejidades, con contextos divergentes. En Izabal, en San Marcos. En San Juan Sacatepéquez. O entre San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, municipios de Guatemala, en los que la resistencia al proyecto minero El Tambor fue abatida recientemente.
Yolanda Oquelí, al frente de La Puya, no descarta que el desalojo del 23 de mayo de este año, haya sido decidido desde una mesa de alto nivel como el Consejo Nacional de Seguridad. Sospechan que una sucursal del Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros quiera ser instalada en San José del Golfo, en secreto.
No hay razones para ello, señala Oquelí. «Nosotros no somos una amenaza».
Spiegeler, en efecto, dice que el «Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros» es una especie de plan piloto para toda Guatemala: «Digámosle así: es un plan piloto, un respaldo para que se puedan plantear las demandas de la comunidad. En este momento está centrado en San Rafael Las Flores. No está viendo otro tipo de conflicto. Fue conformado para ello. La otra conflictividad, no la maneja este Grupo de Asuntos Mineros. La conflictividad nacional se maneja a nivel de los Ministerios. Y cuando se solicite a ese nivel que se replique este modelo, desde la Política Nacional de Seguridad, en La Puya por ejemplo, la STCNS emulará este tipo de procedimientos».
El día que se visitó la oficina gubernamental en San Rafael Las Flores, esperaban, afuera, tres hombres que dijeron serían los encargados de implementar una oficina de este tipo en San Juan Sacatepéquez, a causa de la conflictividad social en torno al proyecto San Gabriel, de la empresa Cementos Progreso.
Sobre la posibilidad de ampliar las funciones del Grupo Interinstitucional para Asuntos Mineros en otros lugares, López Bonilla dice que primero hay que «atender la conflictividad derivado de lo que ya ha sido otorgado» para garantizar que el «nuevo modelo» haga más viable la administración y certeza de los proyectos que para el Gobierno «son estratégicos».
Se trata del nuevo modelo de desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales, un modelo que según el Ministro de Gobernación, tiene como objetivo que Guatemala se convierta en destino para la inversión de capitales extranjeros.
Para Héctor Rosada, el paradigma de la seguridad democrática pasa por la existencia de un Estado capaz de generar oportunidades de desarrollo para toda su población, y en la capacidad de contener los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que se presenten. Es decir, «ubicarse por encima de los actores implicados en el conflicto, y aplicar la ley con mesura en busca del restablecimiento de los equilibrios que se hayan perdido. El sentido que se le dé a la ley dependerá de la intencionalidad que posea el Gobierno que la aplica. De ahí dependerá qué lectura se le dé a los hechos y qué estrategias aplique para el manejo de los conflictos».
—¿Por qué se optó por no darle vida al Acuerdo Gubernativo que otorga respaldo jurídico al Grupo Interinstitucional para Asuntos Mineros? —se cuestionó a Spiegler.
—¿Y no fue mejor así? —contestó Eduardo Spiegeler unos días antes— Creo que si se publicaba el Acuerdo Gubernativo en ese momento se hubiera dado una demanda masiva de oficinas de este tipo. No sólo para San Rafael. Sino a nivel nacional. En esa coyuntura no teníamos capacidad de reacción. Hoy sabemos que tenemos capacidad. San Rafael fue un ensayo, una prueba.
«No sé qué pudo haber ocurrido allí», dudaba López Bonilla ante la falta del respaldo legal que contiene las funciones de un grupo de este tipo. «Lo que hace un Acuerdo Gubernativo es institucionalizar políticas. Sobre todo donde el Ejecutivo juega un gran papel. Pudo haber algo administrativo. Pero le puedo decir que ese Acuerdo Gubernativo si se va a concretar, porque lo que estamos haciendo es trabajar en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad para crear condiciones de nueva y mejor gobernabilidad para el país», aseguraba el Ministro.
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Salir de San Rafael Las Flores a veces es complicado. Has preguntado. La gente ha desconfiado. Te han observado. Te tienen ubicado como alguien externo al municipio. Muchos, es cierto, se incomodan con el tema minero. A veces da miedo. A manera de despedida, en el autobús, una chica —rubia, uñas color rosa, delgada— se acerca y dice: «Ustedes (¿periodistas?) hacen quedar siempre mal a la minería. Pero no entienden. En este lugar yo nunca hubiese podido ganar lo que gano ahora. Tengo un buen sueldo. Este pueblo estaba olvidado. Hoy hay progreso. Hay hoteles y restaurantes. Estamos bien. Ganamos».
Ella dice que estudia Derecho, que ahora lo puede pagar. Luego escucha con calma, sin dejar su mirada desafiante, la búsqueda por aquella oficina gubernamental en las afueras de San Rafael Las Flores. Para calmarla un poco le digo que con la minera nada, que mire —le muestro— el proyecto de Acuerdo Gubernativo, la Política Nacional de Seguridad, el secreto, la fachada.
«Estos malditos», exclama. «Siempre hacen las cosas mal. Siempre mal».