“Tenemos conflictos con las mineras en todos lados, con muchos muertos pues las empresas canadienses han contratado a grupos paramilitares, grupos de choque para llegar a amedrentar, reprimir y asesinar a líderes opositores a la minería”, revela Gustavo Castro, miembro de la organización Otros Mundos y de la Federación Amigos de la Tierra Internacional.
Las declaraciones de Castro responden a un confuso trasfondo: los conflictos entre comunidades indígenas y las mineras extranjeras no son nuevos, pero sí la explotación de metales a cielo abierto en México.
“No hay provincia donde las mineras extranjeras no estén confrontadas con la población. Las mineras se han valido del crimen organizado para defender sus intereses”, sentencia Castro.
Las pruebas del caso
El ambientalista sostiene que el caso de Bernardo Vázquez y Bernardo Méndez en Oaxaca; de Mariano Abarca en Chiapas o del matrimonio Solorio en Chihuahua, constituyen algunos casos de líderes ecologistas asesinados por “las compañías canadienses”.
“¿Cómo sabemos que son las mineras canadienses las culpables?»
“A Mariano Abarca, los trabajadores de la minera (que portan armas ilegalmente), lo amenazaron y luego lo mataron. La misma empresa lo amenazó. Los asesinos trabajan para la minera Blackfire; el encargado de las relaciones públicas de esa empresa llegó a casa de Abarca a amenazarlo personalmente. Pruebas hay de sobra”, sostiene Castro.
En entrevista con Carmen Aristegui el 15 de agosto, Octavio Villanueva, representante de San Miguel de Aquila, Michoacán, denunció que incluso las unidades del Ejército Mexicano en la región velan por los intereses de la minera.
Gustavo Castro afirma que “los gobiernos mexicanos, en el marco de los Tratados de Libre Comercio, TLC, abrieron las fronteras a las inversiones extranjeras y así es como llegó con gran facilidad la industria extractiva minera”.
Según Castro “el 25% del territorio mexicano ya está concesionado a la minería y esto implica una confrontación directa con los dueños de la tierra es decir, grupos indígenas, campesinos, gente pobre”.
Desde el año 2000 hasta la fecha, en México se han entregado 37 mil concesiones. Aproximadamente 56 mil hectáreas están dedicadas a la minería, principalmente en manos de empresas extranjeras. La mayoría de las empresas mineras son chinas, norteamericanas y canadienses.
“Por todo el país hay casos de mucha corrupción de las empresas canadienses con las autoridades municipales, estatales, federales; también hay mucha intimidación por parte de las empresas a los ejidatarios pues compran a las autoridades de todos los niveles de gobierno en especial de las locales.”
En México en los últimos doce años con los gobiernos del Partido Acción Nacional, se extrajo la misma cantidad de oro que los españoles sacaron en trescientos años.
Otros Mundos y la federación Amigos de la Tierra Internacional han documentado que en regiones como Zacatecas, el consumo del agua para la extracción de oro llega a ser de tres millones de litros por hora. Y en Zacatecas el agua es muy escasa.
Las empresas usan en promedio de entre diez y quince toneladas de cianuro cada día que lixivian junto con el agua para extraer el oro. Si con una gota de cianuro se mata a una persona, al usar diez o quince toneladas de cianuro sobre las cuencas las consecuencias son gigantescas. “Hemos testificado graves enfermedades como cáncer entre los pobladores”, advierte Castro.
El investigador de la Red Mexicana Afectados por la Minería continúa su relato: “Los habitantes de las regiones ya no pueden sembrar, ya no pueden producir sus alimentos. Se perdió la soberanía alimentaria.
Las compañías mineras llegan ofreciendo trabajo y mejoras en el nivel de vida de la población local y no cumplen y cuando dan trabajo, lo dan en condiciones laborales adecuadas. Las mineras dividen a las comunidades e incluso a las familias, luego las enfrentan y al final de cuentas, la riqueza obtenida, se va del país y en las localidades solo dejan más miseria, más pobreza y contaminación.
Eso explica que haya una resistencia contra la minería por todo el país y por toda América Latina donde hay los mismos problemas, los mismos elementos, los mismos actores. Son las mismas empresas, son los mismos métodos”, concluye el ambientalista.