El modelo minero actualmente sigue siendo neoliberal. La actividad minera es un gran negocio que enriquece a los dueños de las empresas y a todos sus accionistas. Según el periódico La Razón (20 abril 2014), Bolivia exportó minerales en 2013 a 46 países por un valor de $us 3.083 millones y, de esta cantidad, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur concentraron el 54% de las ventas. Sin embargo, el número de países a los que se comercializa estos productos disminuyó, pues en 2012 eran 52. Según el Anuario Estadístico de Comibol 2013, los principales destinos de los minerales de exportación en el continente americano son Canadá, Estados Unidos y Perú. En Europa son cinco países: Bélgica, España, Inglaterra, Suiza y Holanda. En Asia están China, Corea del Sur y Japón. Otro mercado es Australia, en Oceanía. La mayor parte de los productos metálicos que exporta Bolivia no tiene valor agregado y sale en forma de concentrado (en bruto, con arena y roca) con una ley intermedia o 50 a 60 por ciento de pureza, según las empresas. Este es uno problemas estructurales que constantemente se ha estado denunciando y debatiendo, pues nadie sabe cuánto mineral realmente está saliendo de nuestro país porque no existen laboratorios que certifiquen la calidad del concentrado, por eso existe evasión impositiva, porque el exportador solamente paga por la cantidad declarada, cuando en realidad la carga tiene más minerales como el indio, el oro y complejos que no son declarados al momento de la salida, y como sale en bruto, en el exterior las empresas tienen la tecnología para recuperar el oro, el indio y los otros minerales y no pagan nada al Estado. Este trabajo de verificación debería hacer la Aduana, pero ésta todavía no tiene la capacidad técnica para hacer estos controles, esperamos que realmente las autoridades competentes resuelvan este problema, de lo contrario quien pierde más es el Estado.
Ante esta realidad, el Estado no se beneficia sustancialmente de las actividades mineras, por un lado hay evasión de impuestos, por otro, las regalías e impuestos que pagan son tan bajos que su aporte no justifica el daño ambiental ocasionado. En 2013 las regalías mineras llegaron a $us 134,78 millones, y de esta cantidad la empresa privada aportó 70,16%, seguida de las cooperativas (23,58%) y el sector estatal (6,7%), según los datos del Anuario Estadístico Minero Metalúrgico 2013.De los nueve departamentos del país, Potosí es el que recibe más recursos económicos (70%), le siguen en importancia Oruro (14%), La Paz (10%), Santa Cruz (4%), Cochabamba (1%) y Chuquisaca (1%). Tarija, Beni y Pando reciben menos del 1%. Queda claro, entonces, que el aporte de la minería no es significativo, además su aporte está condicionado a la cotización de los minerales, cuando hay buenos precios su aporte es más, pero cuando baja su aporte es menos. La subida y baja de los precios hace que nuestra economía sea frágil y vulnerable, así no se puede planificar obras y proyectos. Lo que realmente se queda para nosotros son todos sus desechos y sus contaminantes; además de una pobreza sostenida para las comunidades. Por historia, conocemos que la minería no genera un desarrollo sostenible en las comunidades. El departamento de Oruro y Potosí son casos emblemáticos de esta realidad. Los minerales, una vez extraídos de la tierra, ya no existen más en la naturaleza. Los minerales son un recurso no renovable que se acaba, y cuando se acaba, solo quedan pasivos y mucha contaminación. Por eso, se dice que la minería dura mientras hay mineral. Después, las minas son abandonadas y contaminadas, como es el caso de las comunidades de Japo, Morococala y San Fe, minas que en otrora dieron mucho y generaban muchos empleos, ahora solo sus pasivos minerales se quedan como herencia. Muchos tienen un imaginario de la que la minería genera fuentes de trabajo para la región y las comunidades, pero en realidad esta situación no es así. Con las nuevas tecnologías que emplean las empresas mineras contratan menos personal de las comunidades y una sola maquinaria realiza el trabajo de 50 trabajadores; por eso, cada vez las empresas mineras tienen conflictos y disputas por fuentes de trabajo. Entonces, queda claro que las actividades mineras no son una fuente sostenible de generación de trabajo. Con las nuevas tecnologías incorporadas al proceso de extracción, la minería genera grandes impactos socioambientales. La minería es considerada como una de las actividades más destructivas y contaminantes de los ecosistemas. Utiliza gran cantidad de agua y la contamina; también el aire, con los polvos de las explosiones y el tráfico de vehículos. Arrasa con bosques y montañas enteras, daña las plantas y animales y produce cambios en los ecosistemas y microclimas, donde al final, quien resulta más afectado, son las comunidades y pueblos donde se realizó dicha actividad, porque afecta sus medios de vida y de producción. La minería divide y engaña a las comunidades. Varios relatos y testimonios de comunidades afectadas por la minería manifiestan que las empresas mineras, a inicios de sus operaciones, llegan a las comunidades con promesas y regalos, buscando convencer a las autoridades y líderes locales para que acepten el proyecto minero. En todo este proceso, hay mucha gente que fácilmente se convence y acepta los beneficios y promesas de la empresa y son los que defienden con argumentos y sin argumentos. Pero, también existen personas que se oponen a la empresa por la gran contaminación que pueden generar y por la pérdida de su tierra y territorio. Por lo general, estas comunidades son las que están ubicadas río abajo de los proyectos mineros que, en muchos casos, según las empresas mineras, no están dentro del área de influencia directa, aunque la contaminación se siente más, como es el caso de la comunidades de Machacamarca, impactadas por la Empresa Minera Huanuni. Por tanto, vale la pena preguntarnos qué ganamos y qué perdemos con la actividad minera en estas circunstancias donde los más beneficiados son las empresas privadas, más que el Estado. El 2013 la minería privada exportó $us 2.149,27 millones, que representa el 70%; las cooperativas $us 660,55 millones, con un 21%; la estatal $us 273,30 millones y con una participación del 9%. (La Razón, 20 abril 2014). Con todos estos datos ¿realmente la actividad minera nos llevara a un desarrollo sostenible y sustentable? Tal como hasta ahora se van desarrollando las actividades mineras, principalmente en el departamento de Oruro, realmente estamos amenazando el futuro de las generaciones venideras, hay zonas donde la contaminación ha llegado a un punto irreversible, con grandes impactos ambientales, sociales, económicos y culturales. Es necesario hacer una reflexión profunda y tomar decisiones estructurales entre todos los actores, para reencaminar este modelo de desarrollo extractivista que está causando grandes injusticias y desigualdades. Limbert Sánchez Choque CEPA ******************************************************* Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA)
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