01/06/2020.
Debido a la extraordinaria devastación que la actividad minera realiza en los lugares donde se
instala, constituye uno de los ejes contemporáneos de conflictividad social más significativos
a tener en consideración. Por ello, hoy que el ultraje y el saqueo a pueblos y comunidades se
está incrementado y el debate sobre la pertinencia/constitucionalidad de la Ley Minera
resurge; desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), NOS
PRONUNCIAMOS NO POR UNA REVISIÓN A LA LEY MINERA, SINO POR
LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ESTE MODELO EXTRACTIVO EN TODO EL PAÍS.
Desde nuestra posición, advertimos la existencia de un lobby de actores sociales, políticos y
académicos que insisten (pese a que los daños, afectaciones y conflictos que generan las
empresas mineras a su paso por los territorios de extracción han sido ampliamente
documentados), en que los males socioambientales generados por el «modelo extractivo
minero» podrían resolverse con algunas modificaciones al entramado legal. Ello es una
equivocada premisa porque, no es una solución para los pueblos, sino de un conjunto de
propuestas encaminadas a maquillar la minería como una industria “verde”, “sustentable”,
“segura”, “responsable” y “respetuosa de los derechos humanos”, que son adjetivos que se
han utilizado en todo el mundo únicamente para legitimar el despojo.
Nuestra posición se basa en la realidad de entender y vivir la gran asimetría que genera el
sistema capitalista a partir de imponer un modelo extractivo que mercantiliza la naturaleza y
destruye la vida, por lo tanto, si los promoventes de esa ley “amplia” consideran que una
consulta desarrollada con los mejores y más altos estándares internacionales, incluyendo la
libre determinación de los pueblos, así como el resto de cambios que se proponen serán
suficientes para garantizar un modelo de extracción equitativo, justo, sustentable, etc.,
entonces estamos ante un problema mayúsculo, porque los cambios abonarán a legalizar el
resultado de la minería: EL DESPOJO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO, ambos
procesos multifactoriales que en pocas ocasiones se reconocen en su real magnitud.
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Los reformistas aspiran también a que la evaluación de los proyectos mineros incluya, entre
otras cosas, una “novedosa” manifestación de impacto social, de modo que se garantice el
derecho a la tierra y al territorio. El conjunto de sus propuestas son un bocadillo casi
completo, muy útil para quienes viven de la incidencia política, pero intrascendente para los
pueblos que conviven con la violencia que ejerce un proyecto extractivo.
Como REMA anclamos nuestra posición en la realidad existente en los territorios de
extracción, una realidad causada por el sistema capitalista que ha generado y colocado a las
comunidades y a los individuos en una situación de permanente vulnerabilidad y pobreza que
muchas veces les orilla a aceptar la instalación de proyectos que socavan su propia integridad
y/o a optar entre medios de vida insalubres, mal pagados y peligrosos o el desempleo, lo que
contribuye a establecer relaciones asimétricas de poder-dominación entre las empresas
mineras y los pueblos y comunidades.
Quienes impulsan este proceso saben de sobra nuestra posición como REMA. Estamos
totalmente de acuerdo en trabajar en una nueva Ley Minera, siempre y cuando esta tenga sólo
un artículo:
Art. 1.- LA MINERÍA EN MÉXICO ESTÁ PROHIBIDA.
Ya en algunos países, gracias a la movilización de los pueblos que han vivido el impacto
minero, se ha logrado la prohibición de la minería metálica (El Salvador), la minería de oro a
tajo abierto (Costa Rica) o la minería metálica y el uso de ciertas sustancias tóxicas (en varias
provincias de Argentina en donde la competencia sobre la minería es estatal y no federal). No
vemos por qué no hacerlo en nuestro país, sobre todo hoy que se pretende evaluar la
calidad de vida y la felicidad de los mexicanos por encima de los absurdos del Producto
Interno Bruto como factor de bienestar.
Quienes vienen trabajando en la reforma desde hace tiempo, ven la posibilidad de una
industria extractiva “amigable con el medio ambiente” en el marco del capitalismo. A nuestro
parecer, o lo hacen desde un análisis lejano a la realidad con mucha ignorancia del conjunto
de problemáticas que genera la minería o lo hacen desde una falsa premisa que los hace
suponer que una “buena” Ley Minera será suficiente para cambiar el propósito central del
modelo extractivo. Ese mismo que durante los últimos 50 años ha sido capaz de crear para sí
una gran tecnología para la remoción, extracción y destrucción de los bienes naturales, así
como un poder financiero sustentado en uno de los principios básicos del capital: LA
ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN. Mientras esa premisa no se transforme, toda
incidencia política pro-derechos, donde de facto no existen, facilita, al mismo tiempo, la
imposición y reproducción del modelo.
¡LA MINERÍA MATA Y POR ELLO DEBE PROHIBIRSE!
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA