El Gobierno nacional, al anunciar que licitará la explotación del yacimiento de cobre de Cerro Colorado confirma su política de considerar la industria minera como actividad que proporcionará grandes beneficios económicos al país, tanto o más que la expansión del Canal de Panamá.
Hace más de 30 años, el gobierno de Torrijos promovió con empeño y energía la explotación de la mina de Cerro Colorado. La iniciativa fue rechazada por todas las fuerzas vivas de la provincia de Chiriquí, por los daños ecológicos que se ocasionarían en la región. Afortunadamente, el proyecto fracasó y la provincia más productiva del país se salvó de un colapso ecológico que hubiese provocado la gradual extinción de su ganadería y agricultura.
Debemos tener presente que Chiriquí, aparte de ser la más fértil y productiva del país es una zona geográfica de intensas lluvias. Al examinar las estadísticas de las precipitaciones fluviales durante los últimos años es fácil constatar lo peligroso y dañino de un proyecto a cielo abierto, como seguramente se piensa utilizar allí. El cambio climático provoca lluvias diluviales en todas las latitudes y en el pasado diciembre lo sufrimos en nuestro país con la crisis del agua. En Costa Rica con una vegetación similar a la de Chiriquí se ha prohibido recientemente la explotación minera, ya que la misma puede dar al traste con su proyecto de desarrollo sostenible.
En países como Chile y Perú, donde el desarrollo minero es muy importante, las explotaciones se hacen en regiones desérticas alejadas de las áreas productivas; en esas zonas apenas llueve unas pocas pulgadas al año. Con todo que las condiciones son adecuadas para esta explotación, la experiencia nos indica que tienen todo tipo de problemas y peligros para los obreros que trabajan en las mismas, tal como ocurrió hace poco.
Ante el sombrío del panorama mundial, urge que el Gobierno propicie un amplio debate nacional en el cual participe la ciudadanía organizada, los sectores potencialmente afectados y los grupos ambientalistas. Dialogar y escuchar es la actitud responsable de un gobierno democrático que respeta la opinión pública.
Se escucha a diario por parte de las compañías multinacionales que la nueva tecnología de punta que se utilizará asegura que las explotaciones mineras no causan daño alguno al ambiente ni a las poblaciones aledañas; esto hay que analizarlo con sumo cuidado, pues lo que está en juego es el devenir de la república y su gente. Los daños que estas explotaciones pudiesen causar serían irreversibles al bienestar general de la nación tanto para las presentes como para las futuras generaciones de panameños.
En materia de inversión, algunas no son convenientes al país. No importa los millones que puedan dejar al país, debemos considerar con mucho cuidado las consecuencias que puedan provocar.
¿De qué nos sirven los millones si las poblaciones aledañas se enferman y las actividades agrícolas y ganaderas se vuelven improductivas?
Sin el manejo adecuado de un tema tan sensitivo y delicado como este me temo que el gobierno del presidente Martinelli abrirá una caja de Pandora de impredecibles consecuencias. Un estadista actúa con sensatez y previsión al valorar todas las posibilidades de sus acciones.