06 de Abril de 2012 Las concesiones de áreas mineras afectan a bosques protectores, pese a que el Mandato Minero aprobado el 18 de abril de 2008 por la Asamblea Constituyente, dispuso su archivo. Firmas chinas y canadienses impulsan cinco proyectos mineros que están por iniciar la fase de explotación.
De esos tres intersectan con bosques protectores, según el Ministerio del Ambiente. Se trata de los proyectos auríferos Río Blanco, Quimsacocha y Mirador.
Estas áreas siguen vigentes aunque el art. 3 del Mandato Minero declaró la extinción sin compensación de las concesiones «otorgadas en el interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento (…) y aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua».
El titular de la Agencia y Regulación de Control Minero, Jaime Jarrín, señaló, que una de las razones por las cuales no se extinguieron fue por tratarse de derechos mineros adquiridos antes de la promulgación del Mandato.
Para Gloria Chicaiza, experta en temas ambientales, ningún argumento podía dejar sin efecto el Mandato, porque lo que hizo fue extinguir las concesiones. «Si se respeta el Mandato, la concesión de Mirador ya no existiría». Según la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, aunque Mirador intersecta con el bosque protector Cóndor, «la actividad extractiva está fuera del bosque».
Pese a este riesgo, el límite de la concesión no se redujo para que quede fuera del bosque. Para Jarrín el resto de la concesión será una «área de protección» y aclaró que el bosque el Cóndor se formó en 1996, dos años después de entregada la concesión a Exa.
Esta empresa propone sistemas de drenaje y encapsulamiento de sustancias tóxicas, para mitigar los impactos ambientales. A más de los contrapuntos legales, las áreas mineras están en zonas sensibles. Las concesiones de Quimsacocha y Río Blanco están en páramos y humedales, que constituyen una reserva de agua para actividades productivas y de consumo humano en Azuay.
Según Aguiñaga, si bien estas concesiones intersectan con bosques se trata de áreas con una categoría menor de protección frente a otras como las áreas protegidas. «Eso no quita que se tomen medidas necesarias para reducir el impacto», añadió. Según un estudio de EcoCiencia efectuado en 2010 (ver nota adjunta), más allá de si son o no áreas prioritarias, el hecho de que se traten de páramos debería ser una condición suficiente para la prohibición de la minería.
Para Carlos Pérez, de los sistemas comunitarios de agua del Azuay, la actividad en Quimsacocha podría afectar a las microcuencas de los ríos Bermejos-Yanuncay, Collancay-Portete, Falso-Chorro, Alumbre-Cristal, Shurucay-Rircay y Quiguaguaico-Irquis. De este sistema hídrico dependen 45 000 personas de las parroquias Girón, San Fernando, Tarqui y Victoria del Portete. Este Diario buscó la versión de Iam Gold, operadora de esta concesión, pero no se pronunció.
El proyecto Río Blanco está en el bosque Molleturo Mollepongo, donde nacen fuentes hídricas. Hernán Moreno, de IMC, a cargo del área, dijo que no habrá descargas de agua al ambiente. Explicó que en la operación usarán 20 litros de agua por segundo; de ellos, 14 vendrán de procesos de recirculación (el agua usada en la mina se trata y se vuelve a usar). «Con el desecho, ya sin mineral, se rellenará la mina».
La piscina de relave tendrá 600 metros de longitud y 600 metros de ancho, área que al cierre de la mina será revegetada. En estas piscinas se procesa el material de la mina (mezcla de tierra, minerales, componentes tóxicos y agua). Para Pérez, las aguas tóxicas de los relaves podrían desbordarse o filtrar afectando a aguas subterráneas y luego a ríos o lagunas.
María Amparo Albán, abogada ambiental, explica que, según la norma ambiental, aunque son áreas ecológicas importantes, los bosques protectores no son intocables como las áreas protegidas, lo cual las hace más vulnerables a proyectos productivos no solo mineros sino agrícolas o ganaderos.
Cree que el problema de fondo es que el país no cuenta con un ordenamiento territorial coordinado y participativo entre los gobiernos central y locales, que señale dónde hacer minería y dónde no. «Si bien los gobiernos locales deben hacer sus planes de desarrollo territorial no tienen competencia sobre el tema minero, exclusivo del Gobierno central. Y ahí hay choques entre lo que quiere el Gobierno y lo que quieren las comunidades».
En el caso de los proyectos Fruta del Norte y Panantza San Carlos no intersectan con bosques protectores, pero plantean otros dilemas. Panantza San Carlos colinda con población shuar y también está a cargo de Exa. Fruta del Norte es vecina de la Reserva de Vida Silvestre La Zarza y opera Kinross Aurelian. Dominic Channer, de esta firma, dijo que por estar cerca de un área de importancia ecológica invirtieron en estudios para desarrollar programas de mitigación y acciones como sistemas de recuperación de vegetación, rescate y reubicación de especies. Los planes socioambientales suman USD 40 millones.
Para el catedrático Paúl Cisneros, con esta minería es casi imposible hablar de impactos localizados, sino regionales y pueden estar subestimados. Señala que los estudios hídricos o no existen o son insuficientes en algunos casos y hay efectos que no se evalúan como la migración de población a la zona minera y posibles conflictos por distribución de tierras. «En algunas zonas indígenas no se han formalizado los títulos de tierras y eso ha generado conflictos».
La actividad minera afecta a los páramos
A marzo de 2010, el 12,53% de la superficie del ecosistema páramo estaba concesionada para actividad minera y estaba concentrada en el sur del país: Azuay, Loja y Zamora. A esa fecha, las actividades mineras afectaban a 18 bosques protectores en el país , anota el estudio de EcoCiencia.
Aunque en el 2009, la superficie de páramos concesionada para actividad minera se redujo en 28% frente al 2008, todavía hay concesiones mineras en estos ecosistemas sensibles. Además, el estudio señala que falta profundizar los estudios sobre la situación socioeconómica de las poblaciones rurales que albergan concesiones mineras que comprenden páramos y otros ecosistemas frágiles, sobre todo por la incidencia de pobreza, empleo local y degradación del medioambiente. En la actualidad hay parroquias rurales con altos índices de pobreza, como Victoria del Portete, Baños y Tarqui, en Azuay; San Miguel de Cuyes, en Morona Santiago; y Tutupali, en Zamora Chinchipe.
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